Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) han pasado en muy poco tiempo de ser un instrumento casi desconocido a convertirse en una de las piezas clave de la política de eficiencia energética en España. Empresas, administraciones públicas y distintos actores del sector energético están empezando a verlos como una vía real para transformar ahorros de energía en ingresos y en ventajas fiscales, además de en una herramienta útil para cumplir objetivos de descarbonización.
Este mecanismo, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y encajado dentro del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE), permite certificar de forma oficial el ahorro conseguido tras una actuación de eficiencia. Esos ahorros se pueden vender o utilizar para cumplir obligaciones de ahorro por parte de los denominados sujetos obligados, lo que está abriendo un mercado de eficiencia energética cada vez más activo.
Qué son los Certificados de Ahorro Energético y cómo funcionan
Un Certificado de Ahorro Energético es, en esencia, un documento electrónico que acredita que se ha logrado un ahorro nuevo de energía final como resultado de una medida de eficiencia. Cada CAE equivale a 1 kWh de energía final ahorrada; es decir, si un proyecto consigue un ahorro anual de 500 kWh, se pueden emitir 500 certificados asociados a esa actuación.
Este sistema se apoya en la idea de que la eficiencia energética también puede convertirse en un activo económico. Las empresas o entidades que llevan a cabo inversiones como mejoras de aislamiento, renovación de equipos industriales o domésticos, sistemas de climatización más eficientes o cambio de iluminación pueden solicitar la emisión de CAE y, posteriormente, cederlos o venderlos a quienes tienen obligaciones de ahorro.
El mecanismo está pensado para que cualquier organización que acometa actuaciones elegibles tenga la opción de monetizar el ahorro energético. De este modo, se recupera parte del coste de la inversión, lo que hace que muchos proyectos que antes se veían lejanos o poco rentables pasen a ser económicamente viables.
Dentro de la cadena de valor del sistema CAE participan . Los sujetos obligados (normalmente comercializadoras y otros agentes energéticos) deben acreditar un determinado volumen de ahorro anual, mientras que los sujetos delegados son empresas especializadas que ayudan a diseñar, verificar y tramitar los proyectos para que esos ahorros se conviertan en certificados reconocidos por la Administración.
En paralelo, el sistema se integra con otras herramientas como incentivos fiscales y programas de ayudas públicas, lo que multiplica el atractivo de las inversiones en eficiencia. En algunos casos concretos, el ahorro energético conseguido da derecho no solo a CAE, sino también a deducciones en el impuesto de sociedades u otros beneficios tributarios.
Un mercado en expansión: crecimiento de los CAE y datos recientes
Desde su puesta en marcha en 2023, el sistema de CAE ha mostrado una evolución muy rápida en España. En tan solo dos años de funcionamiento y despliegue progresivo, el volumen de ahorros solicitados a través de este mecanismo ha alcanzado cifras notables, confirmando que existe un interés real por parte de empresas y administraciones.
En 2025, los proyectos canalizados mediante el sistema sumaron 5.790 GWh de ahorros solicitados, más del triple de los aproximadamente 1.900 GWh del ejercicio anterior. Con ello, el acumulado desde el inicio del sistema supera ya los 7.710 GWh, un volumen que pone de manifiesto la consolidación de este mercado de eficiencia energética.
Si se tiene en cuenta que el precio medio vinculado a estos ahorros oscila en una horquilla aproximada de 115 a 140 euros por MWh, el valor económico asociado a las actuaciones certificadas se sitúa en una banda estimada de entre 886,6 y 1.079 millones de euros. No se trata solo de un ahorro en la factura energética, sino de una masa crítica de inversión y retorno económico que empieza a ser relevante para la planificación de muchas empresas.
El informe de cierre de ejercicio del Ministerio también apunta a un desarrollo desigual por territorios. La Comunidad de Madrid encabeza el ranking con unos 1.150 GWh de ahorro solicitados a través del sistema en 2025, seguida por Cataluña con más de 750 GWh. Otras regiones como Castilla y León o Galicia también exhiben una actividad considerable, mientras que comunidades con menor densidad industrial o económica, como Extremadura o Baleares, además de Ceuta y Melilla, aparecen en la parte baja de la tabla.
Esta disparidad territorial sugiere que hay todavía un margen de crecimiento muy importante en determinadas zonas, donde el sistema CAE podría impulsar proyectos que hoy no se están materializando. Para muchos agentes del sector, el reto pasa por difundir mejor el funcionamiento del mecanismo, simplificar trámites y dar más seguridad jurídica a los inversores.
Reformas en marcha: adaptación a la Directiva europea y mejora del sistema
El notable crecimiento del sistema y la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2023/1791 relativa a la eficiencia energética han llevado al MITECO a poner en marcha una revisión de la normativa que sustenta los CAE. Esta directiva, que forma parte del paquete europeo «Fit for 55», refuerza los objetivos de ahorro de energía final y exige a los Estados miembros una metodología rigurosa y trazable para contabilizar y notificar los ahorros a Bruselas.
En este contexto, el Ministerio ha abierto un trámite de consulta pública previa para recabar aportaciones sobre la modificación del Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, que regula el sistema de CAE, y de la Orden TED/815/2023, de 18 de julio, que lo desarrolla parcialmente. El periodo de participación se extiende entre el mes de febrero y el 6 de marzo de 2026, y las alegaciones deben presentarse mediante un formulario web habilitado en los portales ministeriales.
El objetivo de esta revisión no es rehacer el modelo desde cero, sino introducir ajustes en los procedimientos de gestión para que el sistema sea más eficiente, transparente y sostenible a largo plazo. El MITECO ha señalado que la experiencia acumulada durante los dos primeros años de funcionamiento ha permitido detectar cuellos de botella administrativos, interpretaciones divergentes entre organismos y necesidades de clarificación normativa.
La consulta pública busca que los agentes implicados —empresas, asociaciones sectoriales, administraciones autonómicas, sujetos delegados y obligados— puedan opinar sobre los problemas que se quieren corregir, la oportunidad de la reforma y las posibles alternativas regulatorias, siempre dentro del ámbito de competencias estatales recogidas en la Constitución.
En paralelo, el Ministerio ha dejado claro que solo se tendrán en cuenta las contribuciones de remitentes debidamente identificados, aunque las respuestas podrán ser públicas. Las organizaciones que participen en el proceso pueden marcar como confidenciales aquellos apartados de su aportación que consideren sensibles, lo que pretende facilitar una discusión abierta sin exponer información estratégica.
Las propuestas del sector: simplificación, seguridad jurídica y digitalización
Entre las entidades que han tomado posición en este debate destaca Asdae, la plataforma que agrupa a numerosos sujetos delegados del sistema CAE. La organización ha articulado sus demandas en torno a un paquete de diez líneas de actuación orientadas a «desatascar» el funcionamiento del sistema, reducir la inseguridad jurídica y homogeneizar criterios entre administraciones.
Una de las peticiones más repetidas es la necesidad de establecer plazos máximos para las liquidaciones y la emisión de certificados, incluyendo la posibilidad de que, transcurrido un determinado tiempo sin resolución, se considere emitido el CAE por silencio administrativo. Desde el punto de vista de los gestores de proyectos, esta medida daría previsibilidad, facilitaría la planificación y minimizaría retrasos en la puesta en valor de los ahorros.
Asdae también insiste en la importancia de acelerar la digitalización de los trámites y en reforzar la plataforma tecnológica del Ministerio. La idea es que expedientes que hoy requieren un intenso intercambio documental y revisiones sucesivas puedan gestionarse de forma más ágil, con trazabilidad y menos carga burocrática tanto para la Administración como para las empresas.
Otro bloque central de propuestas se refiere a la clarificación de funciones y responsabilidades entre el MITECO, los verificadores y los órganos autonómicos competentes. La coexistencia de distintos niveles administrativos, sumada a interpretaciones no siempre coincidentes de la normativa, genera situaciones en las que un mismo tipo de proyecto puede recibir tratamientos diferentes según la comunidad autónoma donde se ubique.
Para reducir ese riesgo, la plataforma sugiere la creación de un comité de arbitraje específico del sistema CAE, con protocolos claros para resolver conflictos técnicos o procedimentales. Este órgano podría fijar criterios homogéneos, dotar de seguridad jurídica a los agentes y evitar que las discrepancias terminen bloqueando proyectos o dilatando plazos más de lo razonable.
La independencia de los verificadores constituye otra de las preocupaciones del sector. Asdae plantea blindar la imparcialidad de estas entidades y la elaboración de una Guía Nacional de Verificación que unifique los criterios de acreditación de ahorros, definición de bases de cálculo, requerimientos documentales y frecuencia de inspecciones, de manera que se minimicen las diferencias de interpretación.
En el ámbito autonómico, se reclama avanzar hacia ventanillas únicas y requisitos homogéneos, con tiempos máximos para inspecciones y resoluciones, y un conjunto común de documentos a presentar en todo el territorio. Para muchos operadores, la fragmentación actual supone una barrera adicional para el escalado de proyectos a nivel nacional.
La plataforma también ha puesto sobre la mesa la necesidad de exigir criterios claros de solvencia técnica y financiera a todos los actores que pueden participar en la emisión de CAE, no solo a los sujetos delegados. A su juicio, el umbral que permite a los sujetos obligados solicitar certificados directamente podría revisarse para evitar la entrada de operadores con capacidades limitadas, lo que podría derivar en expedientes incompletos o de baja calidad.
Por último, se demanda que la normativa aclare determinadas cuestiones legales del Real Decreto 36/2023 y de la Orden TED/815/2023 —especialmente en materia de notificaciones, contratos y régimen sancionador— y que se defina un itinerario específico para que las administraciones públicas puedan emitir CAE. Sin un procedimiento claro, se corre el riesgo de que proyectos ejecutados por entidades públicas en los primeros años del sistema se queden fuera de la monetización de sus ahorros.
CAEs y transición energética en las comunidades autónomas: el ejemplo de Navarra
Mientras el Gobierno central trabaja en la actualización del marco normativo, algunas comunidades autónomas están utilizando los CAE como palanca para impulsar su propia estrategia de transición energética. Navarra es uno de los casos más ilustrativos, con una agenda que combina instrumentos financieros, ayudas directas y certificación de ahorros para acelerar la descarbonización del tejido productivo.
En una jornada reciente dirigida al sector empresarial navarro, el consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, subrayó que la doble transformación —energética y digital— avanza a gran velocidad, y que el despliegue de nuevos instrumentos es clave para que la industria pueda adaptarse a tiempo. El encuentro, organizado junto a la sociedad pública Sodena, reunió a más de un centenar de participantes interesados en conocer en detalle estas herramientas.
La directora del Servicio de Transición Energética, Esperanza Aristu, detalló que la región cuenta para 2026 con un presupuesto de 8,8 millones de euros en ayudas e incentivos fiscales orientados a proyectos de eficiencia y cambio climático. A estas partidas se suman la emisión de Certificados de Ahorro Energético y nuevas deducciones fiscales que han entrado en vigor este año, lo que refuerza la viabilidad económica de muchas inversiones.
En esa misma línea, la directora general de Transición Energética y Digital Empresarial, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, insistió en que el éxito de la transición pasa por una colaboración estrecha entre industria y Administración. La combinación de CAE, ayudas y beneficios fiscales se presenta como un paquete integrado para acompañar a las empresas en el proceso de reducción de consumos y emisiones.
El programa del evento incluyó dos mesas de debate: una centrada en industria y movilidad, donde se destacó la relación entre movilidad eficiente, circularidad y ahorro de energía, y otra dedicada a la edificación y el sector terciario. Representantes de clubes deportivos, instituciones públicas, consultoras de ingeniería y grupos de renovables expusieron proyectos concretos que ilustran cómo distintos tipos de entidades pueden sumarse a la transición energética aprovechando los CAE y otros instrumentos.
Monetizar los ahorros: inversión, deducciones fiscales y registro de CAE
Uno de los aspectos que más interés está generando entre las empresas es la posibilidad de recuperar parte de las inversiones en eficiencia energética gracias a los Certificados de Ahorro Energético y a las deducciones fiscales asociadas a los ahorros registrados en el sistema.
En el caso de Navarra, por ejemplo, las nuevas deducciones permiten que determinadas inversiones que consigan una reducción del consumo de energía final de al menos 30.000 kWh anuales puedan acogerse a una bonificación del 15 %, siempre que ese ahorro quede correctamente certificado y dado de alta en el sistema de CAE. El importe máximo de la deducción no podrá superar los 1.500.000 euros por actuación.
Para beneficiarse de este esquema, las empresas deben presentar su solicitud ante el Servicio de Transición Energética, que emite un informe acreditando qué inversiones cumplen los requisitos para la deducción. Posteriormente, el derecho a aplicar el incentivo fiscal se genera cuando los certificados de ahorro vinculados al proyecto se inscriben efectivamente en el Registro de CAE.
Más allá de Navarra, este modelo ilustra cómo las comunidades autónomas pueden combinar instrumentos financieros y el sistema de certificados para promover una cultura energética más eficiente. Al mismo tiempo, pone de relieve la importancia de disponer de procedimientos administrativos claros y ágiles para que las empresas no pierdan oportunidades por puro desconocimiento o por la complejidad de los trámites.
En la práctica, este tipo de medidas está animando a sectores muy diversos —desde la industria manufacturera hasta el pequeño comercio, pasando por instalaciones deportivas o edificios públicos— a plantearse proyectos de renovación de equipos, envolventes y sistemas de climatización que antes se consideraban difíciles de justificar desde el punto de vista económico.
Flotas de transporte: doble rentabilidad al combinar CAE y ahorro en combustible
Uno de los ámbitos donde los CAE están empezando a demostrar un potencial especialmente interesante es el de las flotas de transporte por carretera. En este sector, el combustible supone tradicionalmente uno de los principales costes operativos, de modo que cualquier reducción en el consumo tiene un impacto directo en la cuenta de resultados.
Soluciones de gestión de flotas como las que ofrece Webfleet permiten monitorizar y optimizar el comportamiento de los vehículos, mejorando rutas, estilos de conducción y tiempos de inactividad. Gracias a estos ajustes, muchas empresas de transporte están logrando disminuir de forma medible su consumo de combustible, lo que abre la puerta a certificar esos ahorros mediante el sistema CAE.
En una mesa redonda organizada recientemente, Webfleet reunió a distintos actores de la cadena de valor de los certificados —sujetos obligados, sujetos delegados y empresas de transporte— para explicar cómo se puede lograr una «doble rentabilidad»: ahorrar en combustible y, al mismo tiempo, obtener ingresos adicionales a través de la venta de CAE.
Entre las experiencias compartidas destacan los casos de Transnaba y Transfarm, dos compañías de transporte que han utilizado los datos generados por el sistema de gestión de flotas para demostrar el ahorro alcanzado. Transnaba, con una flota de gran tonelaje, ha conseguido en torno a 50.000 euros de ingresos adicionales gracias a la monetización de esos ahorros, mientras que Transfarm, con una flota de furgonetas, ha logrado aproximadamente 16.500 euros siguiendo una lógica similar.
En ambos casos, la gestión de los certificados ha contado con el apoyo de CERTEX innova como sujeto delegado, encargada de articular el proceso de emisión de CAE, y con la participación de Axoil como sujeto obligado, que ha adquirido los certificados para compensar su propia huella ambiental. Este tipo de esquemas muestra cómo el sistema puede generar sinergias entre empresas de sectores muy distintos.
La sesión, planteada en formato de webinar gratuito, se centró en aclarar dudas prácticas: qué datos se necesitan, cómo se calcula el ahorro, cuáles son los plazos y qué pasos hay que seguir para que los proyectos de eficiencia en flotas terminen traduciéndose en certificados válidos y en ingresos para las empresas de transporte.
Industria y centros de datos: proyectos que aprovechan los CAE
El sector industrial también está empezando a apoyarse en los CAE para apuntalar sus planes de descarbonización. Las grandes instalaciones consumidoras de energía, como fábricas, centros logísticos o data centers, encuentran en este mecanismo un aliado a la hora de justificar inversiones en equipamiento más eficiente y en sistemas de refrigeración avanzados.
Un ejemplo representativo es el de ENGIE y su colaboración con Nabiax, operador de centros de datos con varios campus en España. En el marco de un proyecto llevado a cabo en el Campus de Alcalá Data Center, se han implementado sistemas de climatización de muy alta eficiencia en los edificios que integran la instalación, con el objetivo de reducir el consumo energético asociado a la refrigeración de los servidores.
Gracias a las actuaciones realizadas, Nabiax ha logrado una disminución del consumo de aproximadamente 1,8 GWh anuales, un ahorro que se ha traducido en la obtención de Certificados de Ahorro Energético que reconocen de forma oficial el impacto de la inversión. Este tipo de proyectos demuestra que es posible compatibilizar el crecimiento del sector digital con la reducción de emisiones y del consumo eléctrico.
ENGIE, que está acreditada por el MITECO como sujeto delegado dentro del sistema CAE, ha gestionado la emisión de los certificados derivados del proyecto. Su papel consiste, entre otros aspectos, en definir la metodología de cálculo de ahorros, coordinar la verificación de los datos y tramitar la documentación necesaria ante las autoridades competentes.
Más allá del ámbito de los centros de datos, la compañía trabaja con numerosas industrias para identificar actuaciones elegibles y maximizar el valor de los CAE dentro de sus estrategias de eficiencia energética. Para muchos grandes consumidores, los certificados se están convirtiendo en un elemento más a tener en cuenta a la hora de diseñar planes de inversión a medio y largo plazo.
Este tipo de iniciativas encajan con la filosofía general del sistema: impulsar inversiones que reduzcan consumos y emisiones sin frenar la actividad económica, aprovechando el valor económico de los ahorros para acortar los periodos de retorno de la inversión.
Retos pendientes y perspectivas de futuro del sistema CAE
A pesar del fuerte crecimiento experimentado y del interés que despierta entre empresas y administraciones, el sistema de Certificados de Ahorro Energético aún tiene por delante retos importantes para consolidarse plenamente como herramienta estructural de la política energética española.
Uno de los desafíos más señalados por los agentes del sector es la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos. Los tiempos de tramitación largos pueden desincentivar a empresas que necesitan certidumbre sobre cuándo y cómo recuperarán parte de sus inversiones. De ahí que muchas de las propuestas sectoriales se centren en plazos máximos, silencio administrativo y mayor automatización de procesos.
También es clave reforzar la coordinación entre Administración General del Estado y comunidades autónomas. La existencia de interpretaciones diferentes según el territorio añade complejidad a proyectos que se ejecutan en varias regiones o que podrían replicarse en otras comunidades. La homogeneización de criterios y la creación de espacios de diálogo técnico aparecen como prioridades recurrentes.
En el plano europeo, la necesidad de cumplir con los objetivos de la Directiva de eficiencia energética y de reportar a la Comisión Europea ahorros bien justificados y trazables añade una capa adicional de exigencia. El sistema CAE debe ser capaz de generar datos sólidos, verificables y comparables, de forma que no solo sirva para monetizar ahorros a nivel interno, sino también para respaldar los compromisos internacionales de España.
Por otra parte, el desarrollo del mercado de certificados puede verse impulsado si se incrementa el conocimiento del sistema entre pymes, administraciones locales y sectores menos familiarizados con la eficiencia. Muchas oportunidades de ahorro siguen sin aflorar por falta de información o por la percepción de que el procedimiento es demasiado complejo, algo que podría corregirse con programas específicos de formación y acompañamiento.
En conjunto, la combinación de reformas normativas, mayor digitalización, clarificación de reglas y buenas prácticas sectoriales apunta a un escenario en el que los Certificados de Ahorro Energético ganarán peso como herramienta estable para financiar y reconocer proyectos de eficiencia tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. Si se consigue simplificar su uso sin perder rigor técnico, los CAE pueden seguir ampliando su alcance en flotas, industria, edificación y administraciones públicas, convirtiéndose en un elemento habitual en cualquier estrategia de transición energética.
