En los últimos años, los certificados de ahorro energético (CAE) se han convertido en una de las herramientas más comentadas dentro de las políticas de eficiencia energética en España. Aunque suene a algo muy técnico, en la práctica es un sistema que intenta poner precio al ahorro de energía y utilizarlo para financiar mejoras en viviendas, industrias y servicios.
Este mecanismo ha empezado a dejar cifras de cierto peso, especialmente en comunidades como Cataluña, donde el despliegue de los CAE está cogiendo tracción en el ámbito industrial y del transporte. Al mismo tiempo, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya en ajustes y nuevas fórmulas para que este sistema llegue con más fuerza a los hogares y otros sectores que, de momento, van a menor ritmo.
Qué son los certificados de ahorro energético y cómo funcionan
El sistema de certificados de ahorro energético (CAE) arrancó en España en enero de 2023 como un instrumento oficial para reconocer, verificar y certificar los ahorros de energía logrados tras aplicar medidas de eficiencia. La idea de fondo es sencilla: cuando una empresa, administración o vivienda realiza una actuación que reduce su consumo energético, ese ahorro se puede convertir en un certificado que tiene un valor económico.
Cada CAE es un documento electrónico oficial que acredita un ahorro equivalente a 1 kWh de energía final ahorrada al año. Ese ahorro no se calcula de cualquier manera: debe poder demostrarse con datos, y en muchos casos se apoya en un catálogo oficial de medidas en el que ya viene predefinido el ahorro estándar de determinadas actuaciones.
Entre las intervenciones más habituales que pueden generar CAE están la sustitución de calderas de gas por bombas de calor en viviendas, la mejora de aislamientos y redes de tuberías en la industria, la modernización de sistemas de climatización o la implantación de iluminación eficiente en edificios terciarios y alumbrado público. También tienen cabida actuaciones más complejas en procesos industriales o en grandes infraestructuras.
El valor económico de los CAE permite que una parte del coste de la inversión inicial se recupere. Las empresas sujetas a obligaciones de eficiencia energética pueden comprar estos certificados y descontar ese ahorro de su aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, lo que genera un mercado en el que los ahorros verificados se convierten en un activo negociable; un ejemplo práctico de esta monetización se puede ver en casos como el de EMT Madrid.
Despliegue en Cataluña: 1.288 actuaciones y 830 GWh ahorrados
En el caso de Cataluña, la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Económica, a través del Institut Català d’Energia (ICAEN), ha ido consolidando el sistema CAE desde su puesta en marcha. Entre 2023 y principios de 2026 se han resuelto favorablemente 1.288 actuaciones con certificados de ahorro energético, un volumen nada despreciable si se tiene en cuenta que el mecanismo todavía está en fase de expansión.
Estas actuaciones han supuesto un ahorro energético total de unos 830 GWh. Para hacerse una idea del orden de magnitud, esta energía equivale prácticamente al consumo anual de todas las viviendas del Baix Llobregat, una de las comarcas más pobladas del área metropolitana de Barcelona. Este ahorro energético total y su traducción económica empiezan a mostrar el potencial de la herramienta.
En términos económicos, el sistema ha generado para las empresas y agentes participantes un retorno aproximado de 105 millones de euros, procedente de la monetización de esos ahorros certificados. Es decir, parte de las inversiones en eficiencia energética ha podido recuperarse gracias a los CAE, lo que refuerza el interés de muchas compañías por seguir impulsando actuaciones de este tipo.
La propia administración catalana subraya que el sistema se ha acelerado conforme el sector privado ha ido entendiendo mejor el mecanismo y sus ventajas. Lo que empezó de forma más tímida, sobre todo en el ámbito del autoconsumo y las iniciativas de particulares, ha ido derivando hacia proyectos de mayor escala en la industria y la movilidad.
Sectores que lideran los ahorros: industria, transporte y alumbrado
El análisis de los expedientes tramitados en Cataluña muestra un liderazgo muy claro del sector industrial. Aproximadamente el 34% de las actuaciones con certificados se concentran en la industria, pero este sector acumula en torno al 85% de toda la energía ahorrada, porque cada proyecto suele implicar consumos muy elevados y, por tanto, potenciales de ahorro significativos.
El sector del transporte aparece como el segundo ámbito con más actuaciones, con cerca del 27% del total. Aquí entran desde renovaciones de flotas hasta mejoras en logística y soluciones de movilidad más eficientes, así como actuaciones vinculadas a infraestructuras relacionadas con el transporte.
El sector residencial aporta aproximadamente el 20% de los expedientes, mientras que el sector terciario (oficinas, comercios, equipamientos, etc.) supone alrededor del 19%. En este último segmento destacan de manera especial las intervenciones en iluminación eficiente, tanto en interiores como en alumbrado público, que encajan bien con el modelo CAE al ofrecer ahorros medibles y relativamente sencillos de verificar.
En el ámbito residencial, la actividad se ha movido sobre todo en torno a la climatización eficiente, con un peso notable de la sustitución de calderas tradicionales por bombas de calor y otras tecnologías de alta eficiencia. Sin embargo, el ritmo es más pausado que en la industria, entre otros motivos por el menor tamaño de cada actuación y la dificultad de agrupar suficientes ahorros para que el proceso resulte rentable.
Los datos de estos primeros años indican una clara preferencia por las actuaciones activas —renovación de equipos, cambios tecnológicos, modernización de instalaciones— frente a las actuaciones pasivas, como el cambio de ventanas o algunas mejoras en envolventes de edificios, que aunque eficaces, generan menos certificados por cada euro invertido.
El papel de los organismos de verificación y la calidad de los datos
Uno de los pilares del sistema de certificados de ahorro energético es la verificación independiente de los ahorros. No basta con afirmar que se ha reducido el consumo; es necesario demostrarlo con metodologías sólidas, datos trazables y expedientes técnicos completos que puedan ser auditados.
Para garantizar esta calidad, la Entidad Nacional de Acreditación reconoce a distintos organismos de verificación CAE, que se encargan de revisar las actuaciones y validar que los cálculos de ahorro se ajustan a los criterios oficiales. Centros tecnológicos y empresas especializadas con experiencia en auditorías energéticas, ingeniería aplicada y protocolos de medición y verificación se han ido incorporando a este listado.
Estos verificadores tienen la responsabilidad de revisar la correcta aplicación de las metodologías de cálculo, comprobar la consistencia de las pruebas aportadas y asegurarse de que los resultados sean medibles, verificables y reproducibles. Solo así el sistema puede mantener su credibilidad y permitir que los ahorros certificados tengan un valor real en el mercado.
En paralelo, muchas de estas entidades integran la verificación CAE dentro de un abanico más amplio de servicios relacionados con la descarbonización, el cálculo de huella de carbono o el análisis de ciclo de vida, lo que facilita a las empresas abordar sus estrategias energéticas de manera más global.
Catálogo de medidas, atascos administrativos y retos del sistema CAE
El despliegue del sistema de certificados de ahorro energético se apoya en un catálogo oficial de fichas que recoge diferentes tipos de actuaciones y les asigna un ahorro estándar. Este catálogo abarca sectores como la industria, el residencial, el terciario o el transporte e incluye medidas como la rehabilitación de envolventes, la compra de electrodomésticos de alta eficiencia, la sustitución de calderas por bombas de calor, la modernización de iluminación o la instalación de determinadas tecnologías renovables.
Desde su puesta en marcha, el catálogo ha ido creciendo y está en revisión permanente. Sectores diversos buscan incorporar nuevas fichas que reconozcan ahorros en ámbitos como el transporte marítimo y aéreo, la modernización de edificios públicos o tecnologías emergentes, en un proceso en el que el diálogo técnico y regulatorio con la administración es constante.
El interés por los CAE ha dado lugar a un crecimiento sostenido en el número de expedientes presentados. En los primeros años de funcionamiento se ha pasado de unos centenares de solicitudes a varios miles anuales, hasta el punto de que la propia administración reconoce ciertos atascos en la tramitación debido al aumento del volumen.
Este éxito desigual, con un fuerte protagonismo de la industria y de las llamadas actuaciones singulares de gran tamaño, contrasta con la participación todavía limitada de los hogares. La razón principal es que muchas reformas residenciales (cambiar una nevera, mejorar el aislamiento de una vivienda, instalar aerotermia en una comunidad) generan ahorros pequeños y muy dispersos, lo que complica agruparlos y verificarlos de forma rentable.
Consultoras y agentes del sector señalan que, en el lado industrial, el sistema resulta atractivo porque cada proyecto genera un volumen importante de CAE y permite monetizar ahorros significativos, mientras que en el ámbito doméstico se requiere coordinar un gran número de actuaciones pequeñas para alcanzar una cantidad de certificados que compense los costes de gestión y verificación.
El reto del sector residencial y la propuesta de subastas de ahorro
Consciente de esta brecha entre la buena acogida industrial del sistema CAE y la baja participación de los hogares, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en un nuevo mecanismo complementario diseñado específicamente para dinamizar el sector residencial y otros ámbitos menos activos.
La propuesta que se está estudiando pasa por organizar subastas de ahorros de energía, en las que el producto a adjudicar no sería una obra concreta, sino una cantidad determinada de megavatios hora de energía no consumida. En la práctica, se trataría de subastar, por ejemplo, 500 MWh de ahorro en el ámbito residencial, ofreciendo un precio fijo por cada unidad de energía que no se consuma.
En estas subastas podrían participar los llamados sujetos delegados, es decir, empresas, instaladores o agregadores que se encargan de impulsar reformas en hogares y pequeños negocios, recopilando los ahorros generados para convertirlos en certificados. La diferencia respecto al sistema actual es que, en este modelo, esos agentes recibirían primero la retribución por el paquete de ahorro comprometido y, a continuación, tendrían que lograr las actuaciones necesarias para alcanzarlo.
Este planteamiento busca incentivar de forma directa las inversiones en vivienda, al hacer más atractivo para las empresas trabajar con actuaciones pequeñas y distribuidas. Si el precio fijado por el Ministerio resulta lo bastante interesante, los agentes delegados podrían volcar más esfuerzos en reformas domésticas, rehabilitación energética y modernización de equipos en hogares, en lugar de centrarse casi en exclusiva en grandes proyectos industriales.
Desde el sector se ve con buenos ojos la idea de las subastas, aunque se advierte de que el éxito dependerá en gran medida de que el precio del MWh de ahorro sea realmente competitivo y de que el diseño del mecanismo permita gestionar con agilidad las actuaciones. El objetivo es que el sistema complique lo menos posible la llegada de las ayudas al ciudadano y que resulte viable para los operadores que trabajen sobre el terreno.
Impacto en edificios públicos y otros ámbitos menos explotados
Otro de los campos donde se percibe margen de mejora es el de los edificios de la Administración Pública. En teoría, este tipo de inmuebles ofrece un enorme potencial de ahorro a través de actuaciones como el cambio de ventanas, la instalación de placas solares, la mejora de la envolvente o la modernización de sistemas de climatización e iluminación.
Sin embargo, las empresas del sector señalan que, en la práctica, muchas de estas oportunidades se frenan por la complejidad de los procedimientos de contratación, al requerir concursos públicos, pliegos detallados y procesos de licitación que pueden resultar largos y poco atractivos para algunos operadores.
En este contexto, se plantea que los futuros modelos de subasta de ahorros también podrían aplicarse a edificios públicos, ofreciendo condiciones que hagan más interesante para los agentes del sistema CAE implicarse en este tipo de proyectos. De esta forma, se podría aprovechar mejor el potencial de ahorro en ayuntamientos, centros educativos, hospitales y otras instalaciones de titularidad pública.
En paralelo, el catálogo de medidas con derecho a generar certificados sigue recibiendo propuestas desde sectores muy diversos, incluidos ámbitos como el transporte marítimo o aéreo, que buscan que se reconozcan las mejoras de eficiencia y el uso de combustibles renovables en sus operaciones. De nuevo, el reto es encontrar el equilibrio entre ampliar el abanico de actuaciones y mantener un sistema manejable y verificable.
Todo este movimiento evidencia que los certificados de ahorro energético se han convertido en una herramienta estratégica en la transición energética, pero también en un terreno en el que la regulación y el diseño de los incentivos deben ajustarse continuamente para responder a las necesidades del mercado y a los objetivos climáticos europeos.
En conjunto, el desarrollo de los CAE en España y, de forma destacada, en Cataluña muestra que poner valor económico al ahorro de energía funciona, especialmente en la industria y en proyectos de gran escala, y que el siguiente gran paso pasa por extender ese mismo impulso a hogares y edificios públicos. A medida que se consoliden los organismos de verificación, se afinen los procedimientos y se desplieguen fórmulas como las subastas de ahorro, este sistema tiene margen para convertirse en una pieza aún más central de las políticas de eficiencia energética y de la lucha contra el cambio climático a nivel estatal y europeo.
En conjunto, el desarrollo de los CAE en España y, de forma destacada, en Cataluña muestra que poner valor económico al ahorro de energía funciona, especialmente en la industria y en proyectos de gran escala, y que el siguiente gran paso pasa por extender ese mismo impulso a hogares y edificios públicos. A medida que se consoliden los organismos de verificación, se afinen los procedimientos y se desplieguen fórmulas como las subastas de ahorro, este sistema tiene margen para convertirse en una pieza aún más central de las políticas de eficiencia energética y de la lucha contra el cambio climático a nivel estatal y europeo.
