El Gobierno español ha dado un paso firme para ordenar el crecimiento de los centros de datos. La nueva regulación, que sale a audiencia pública tras ser tramitada por la vÃa de urgencia, establece que estas instalaciones tendrán que funcionar con un 80% de energÃa renovable y cumplir con estrictos criterios de eficiencia energética e hÃdrica. La iniciativa responde a la avalancha de solicitudes de conexión que ha recibido el paÃs y que supera en varias veces las previsiones para 2030.
Las fuentes del Ejecutivo aseguran que la norma no es una moratoria, sino que llega para ordenar el crecimiento del sector y evitar los problemas que han surgido en otros paÃses como Irlanda o PaÃses Bajos. La medida se apoya en el Real Decreto 7/2026 y busca garantizar que los centros que se instalen en el territorio nacional aporten beneficios reales con el menor impacto posible sobre el sistema eléctrico y el agua.
Qué supone la nueva normativa
La propuesta del Gobierno afecta a los centros de datos con una potencia superior a 1 MW. Estos son, según las autoridades, los que tienen incidencia territorial y ambiental relevante. Para que puedan operar, deberán acreditar que el 80% de su consumo eléctrico proviene de renovables. Esta cifra puede cambiar cuando la generación verde del sistema eléctrico supere el 90% del total.
Además de la renovación en origen, se exige que esa energÃa sea adicional. Es decir, que por cada megavatio que consume el centro, se haya instalado un nuevo megavatio de generación renovable durante los 18 meses anteriores a su puesta en marcha. Ese compromiso se puede cumplir mediante instalaciones de autoconsumo o mediante contratos de compraventa de energÃa a largo plazo (PPA).
Otra de las claves que ha llamado la atención es la correlación horaria. La propuesta exige que en cada hora de funcionamiento, el 80% de la electricidad consumida sea renovable generada en ese mismo perÃodo. Es decir, no vale generar excedentes a mediodÃa para compensar consumos nocturnos. Asà se evita que la demanda impulsa el uso de gas natural y se protege la factura de la luz.
Eficiencia energética y soberanÃa digital
La sostenibilidad es solo una parte de la propuesta. Las nuevas instalaciones tendrán que cumplir con los mejores estándares de eficiencia energética e hÃdrica, lo que obliga a que estén dentro de la categorÃa más alta del etiquetado europeo que desarrolla la Comisión Europea, impulsando la refrigeración lÃquida en centros de datos. La previsión es que esta exigencia sea obligatoria cuando la normativa comunitaria entre en vigor, dentro de aproximadamente un año.
Además, se refuerza la protección de los datos y la resiliencia de las operaciones. Las empresas que gestionen los centros de datos tienen que estar establecidas en la Unión Europea y la información que traten debe permanecer en territorio comunitario. Para los que alojen datos de las administraciones públicas o información que afecte a la seguridad nacional, se añade un requisito formal de que esa información no salga de la UE.
Reacciones del sector
La Asociación Española de Data Centers (SpainDC) ha mostrado sus primeras reservas. Aunque reconoce que no se opone a avanzar en sostenibilidad, pide que las condiciones sean «proporcionadas» para que España no pierda competitividad frente a otros paÃses europeos en la atracción de inversiones. Su principal temor es que las nuevas exigencias eleven de forma considerable los costes de desarrollo y disuaden a algunos proyectos que ya estaban planeando la instalación en España.
Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que la medida se ha consensuado con el sector y que España no dispone de problemas para atraer proyectos. La avalancha de solicitudes, que ha alcanzado cifras de más de 12 GW en derechos de conexión desde 2021, demuestra que hay una oportunidad única para posicionarse como un polo digital en Europa.
Qué pasa con los proyectos en tramitación
La nueva normativa afecta a todos los centros que no estén ya conectados a la red. Para las que están en proceso de desarrollo, se contempla un plazo de entre tres y seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos. Si no pueden cumplirlos, se han previsto cláusulas de salida que les permiten renunciar a los derechos de acceso y conexión sin perder las garantÃas que hayan depositado.
En caso de que no se atengan a las condiciones, las empresas se exponen a penalizaciones económicas crecientes. La última instancia será la pérdida de los derechos de acceso a la red, una medida que se acompaña de compensaciones para el sistema eléctrico por los sobrecostes que puedan suponer los incumplimientos.
En el contexto europeo, esta iniciativa española se adelanta a la futura normativa comunitaria de Cloud and AI Development Act que trabaja Bruselas. Por lo tanto, las empresas que quieran operar en el territorio español deberán estar dispuestas a asumir un marco regulatorio más exigente que el que se aplica en otros paÃses de la UE. Los expertos insisten en que la medida, a largo plazo, puede jugar a favor de la imagen de España como destino de inversión responsable y no como refugio para proyectos contaminantes.
Lo que está claro es que la regulación marcará un antes y un después en la industria de los centros de datos. Las empresas tendrán que cambiar sus previsiones de inversión y los plazos de instalación, aunque el Gobierno confÃa en que al final se cuenta con una industria más sostenible y capaz de responder a las necesidades del mercado. La apertura de la audiencia pública será el primer paso para resolver las dudas y saber hasta dónde se puede llegar.
