Desde 2018, Castilla y León ha visto cómo 40 proyectos de parques eólicos eran rechazados al obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa, un frenazo que ha encendido las alarmas en el sector renovable. Si estas iniciativas hubieran salido adelante, habrían sumado 3.390 megavatios (MW) de nueva potencia, una cifra capaz de cubrir el consumo eléctrico aproximado de 1,6 millones de hogares.
Este volumen de potencia frustrada se percibe como un síntoma de un problema más amplio: la combinación de cuellos de botella administrativos y una evaluación ambiental cada vez más exigente. Mientras el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 fijaba un horizonte ambicioso para la eólica, la realidad de los expedientes en Castilla y León está siendo bastante más complicada de lo previsto.
Un frenazo eólico en plena era del PNIEC
En los últimos seis años, el avance de la eólica en Castilla y León se ha topado con obstáculos que contrastan con las metas marcadas por el PNIEC. El plan contemplaba ritmos de puesta en marcha de unos 5.200 MW anuales en el conjunto de España para alcanzar los objetivos de descarbonización, pero sobre el terreno muchas iniciativas se han ido quedando por el camino.
Según los datos del Sistema Boreas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), a los que ha tenido acceso la prensa especializada, las 40 DIAs negativas emitidas desde 2018 dificultan que la Comunidad pueda alcanzar hacia 2028 un parque eólico instalado en torno a los 12.000 MW. Esa cifra pretendía consolidar a Castilla y León como referencia nacional y como polo de atracción de nuevas inversiones industriales ligadas a la energía limpia.
Desde el propio sector reconocen que, sobre el papel, “si todo iba bien” y se aprobaban los proyectos que iban superando los hitos marcados por el PNIEC, el liderazgo de Castilla y León en potencia eólica habría quedado asegurado durante años. Sin embargo, las previsiones iniciales se han ido desinflando a medida que aumentaban las exigencias ambientales y se afianzaban los retrasos en la tramitación.
Este cambio de ritmo tiene implicaciones que van más allá de las cifras de megavatios. Para muchos territorios rurales de la Comunidad, los parques eólicos se veían como una palanca de ingresos municipales, empleo en la fase de obra y cierta dinamización económica en comarcas marcadas por la despoblación. El bloqueo a parte de estos proyectos deja también en el aire esas expectativas.
Un centenar de proyectos en trámite y 3.390 MW que se quedan en el cajón
En la actualidad, Castilla y León cuenta con 99 parques eólicos en distintas fases de tramitación, que suman en conjunto unos 4.569 MW. Eso no significa que todos vayan a materializarse, como recuerda la AEE, pero da una idea del volumen de iniciativas que pugnan por salir adelante en la Comunidad.
Junto a esos expedientes en marcha, las 40 iniciativas archivadas desde 2018 por motivos ambientales representan un tapón relevante. En total, esos proyectos denegados habrían añadido 3.390 MW de potencia instalada, suficientes para abastecer a una ciudad de escala metropolitana, con alrededor de 1,6 millones de hogares. La oportunidad perdida, al menos desde la óptica del sector, no es menor.
Paralelamente, en el mismo periodo se han tramitado otros permisos con distinto grado de avance. Nueve parques han logrado una DIA positiva, sumando 437 MW, una potencia muy similar a la que aportaba la antigua central nuclear de Santa María de Garoña (466 MW) antes de su cierre. Además, siete parques han obtenido autorización administrativa previa, por unos 192 MW, y otros 43 han conseguido autorización de construcción, acumulando 1.986 MW.
De ese conjunto, 19 parques eólicos han llegado a la fase de explotación, alcanzando 651 MW de potencia en funcionamiento. Es decir, que solo una parte de los proyectos que se tramitan termina finalmente generando electricidad, mientras que muchos otros se quedan en el camino en diferentes fases, ya sea por trabas técnicas, administrativas o ambientales.
El contraste entre los MW que avanzan y los MW que se pierden por decisiones ambientales está reavivando el debate sobre cómo equilibrar la protección del territorio con el despliegue renovable que exige la transición energética en España y en Europa.
Quién decide qué parques salen adelante: Junta y Miteco
La responsabilidad sobre los expedientes eólicos en Castilla y León se reparte entre la Administración autonómica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en función del tamaño de los proyectos. Esta doble ventanilla administrativa también condiciona tiempos y criterios de tramitación.
En torno a 65 proyectos están siendo gestionados por la Junta de Castilla y León, que es la competente para autorizar o denegar los parques de menos de 50 MW. En conjunto, estos expedientes suman 2.030 MW, con una potencia media de aproximadamente 31,2 MW por parque. Suelen ser instalaciones de menor tamaño, a menudo más dispersas en el territorio.
Por otro lado, 34 proyectos, con una potencia agregada de 2.539 MW, dependen del Miteco, al superar el umbral de 50 MW. En este caso, la media se sitúa cerca de los 75 MW por parque, de modo que se trata de instalaciones de mayor envergadura, con un impacto potencialmente más intenso tanto en el sistema eléctrico como en el entorno natural.
A este reparto competencial se suma otro factor: la antigüedad de algunos expedientes. Entre los 40 proyectos que han pedido autorización administrativa previa en los últimos seis años, con unos 1.954 MW asociados, hay casos que se presentaron antes de 2018 y que se han prolongado en el tiempo, acumulando retrasos y modificaciones. Esta dilación no solo encarece los proyectos, sino que también puede alterar las condiciones ambientales de partida.
En cualquier caso, la clave en todos ellos es la evaluación de impacto ambiental. Cuando esta valoración detecta posibles efectos negativos significativos sobre el medio para los que no se aportan medidas de prevención, corrección o compensación suficientes, el resultado suele ser una DIA desfavorable y el archivo del expediente, tal y como recogen diferentes resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Motivos ambientales: fauna protegida, Red Natura 2000 y estudios insuficientes
Entre los proyectos que han recibido una DIA negativa en Castilla y León se repiten, con bastante frecuencia, tres grandes motivos ambientales: la afección a especies protegidas, el impacto sobre espacios de la Red Natura 2000 y la falta de estudios específicos suficientes sobre determinados valores ecológicos.
Un caso ilustrativo es el del parque eólico “Oencia”, con 217 MW de potencia planteados entre la provincia de León y la vecina Orense. El Miteco concluyó que no podía garantizarse la ausencia de perjuicio sobre la integridad de espacios Red Natura 2000, especialmente por la afección a especies emblemáticas como el urogallo cantábrico y el oso pardo. Ante esa incertidumbre y la magnitud del proyecto, la DIA resultó desfavorable.
Situaciones similares se han dado con otros desarrollos en la provincia de León, como “El Páramo”, de 92,4 MW, y su proyecto de ampliación de 50,88 MW, o el “Parque eólico Alto Bierzo-Sil”, de 126 MW. En todos ellos, las resoluciones apuntan a riesgos significativos para la biodiversidad que no quedaban adecuadamente resueltos con las medidas correctoras propuestas.
En Palencia, uno de los expedientes más relevantes por tamaño ha sido el de “Canales Sur”, con 120 MW. El proyecto se extendía por los municipios de Antigüedad, Baltanás, Valle de Cerrato y Palenzuela, en un entorno donde la interacción entre aerogeneradores, avifauna y paisaje ha generado una especial preocupación. La DIA también terminó siendo desfavorable, frenando una instalación de gran escala.
El patrón se repite en Burgos, donde se han emitido varias DIAs negativas a proyectos como la “Planta eólica Sasamón” (112,2 MW), ubicada en los municipios de Sasamón, Pedrosa del Páramo e Isar. En este caso, los informes alertaban de posibles afecciones sobre aves rapaces protegidas como el aguilucho cenizo, el milano real y el buitre leonado, además de murciélagos. También se señalaba la ausencia de estudios específicos suficientes sobre aves esteparias como la avutarda o el sisón, así como sobre sus áreas de reproducción.
El mapa de parques denegados en Burgos y otras provincias
La provincia de Burgos concentra un número considerable de proyectos que no han superado el filtro ambiental, lo que ejemplifica bien la tensión entre desarrollo energético y protección de la biodiversidad en zonas de alto valor ecológico.
Entre los parques rechazados figuran el “Parque Eólico Mazo”, de 62 MW, previsto en los municipios de Valle de Sedano, Merindad de Río Ubierna y Los Altos, donde se detectaron posibles impactos relevantes sobre aves rapaces; o el “Parque eólico Satola”, de 55 MW, que afectaba a los términos de Monasterio de Rodilla, Galbarros y Santa Olaya de Bureba.
También se han denegado iniciativas como la “instalación eólica Satarrubla”, con 110 MW repartidos entre Rublacedo de Abajo, Galbarros, Monasterio de Rodilla y Valle de las Navas; el proyecto “Lahedo”, de 55 MW, que involucraba a Rublacedo de Abajo, Galbarros, Carcedo de Bureba, Briviesca y Quintanavides; o los parques denominados “Comendador” (69,92 MW) y “El Cerrate” (69,84 MW).
En todos estos casos, los expedientes coinciden en señalar el riesgo de mortalidad de aves y murciélagos por colisión con los aerogeneradores, la posible alteración de rutas de migración y la fragmentación de hábitats. A ello se añade el impacto paisajístico en áreas que, en muchos casos, conservan un alto grado de naturalidad o figuran en inventarios de espacios de interés ambiental.
Este listado de DIAs negativas no significa que Burgos o el resto de provincias de Castilla y León estén cerradas a nuevas instalaciones eólicas, pero sí refleja que los márgenes para nuevos proyectos son cada vez más estrechos en las zonas de mayor sensibilidad ecológica. Los promotores se ven obligados a hilar más fino a la hora de elegir ubicaciones y de diseñar medidas correctoras y compensatorias.
Mientras tanto, en otros puntos de la Comunidad se abren paso iniciativas con un enfoque más ajustado a los criterios ambientales actuales, mostrando que no todo es un “no” rotundo, pero que la vara de medir es significativamente más estricta que hace unos años.
Proyectos que sí avanzan: el ejemplo del clúster Fuentes de Magaña
Entre los parques que han conseguido una Declaración de Impacto Ambiental favorable en este contexto más exigente, destaca el clúster “Fuentes de Magaña”, en la provincia de Soria, formado por dos parques: “Pasama” y “Cerro de Magaña”. Entre ambos, se prevé una potencia conjunta de 100,2 MW de energía eléctrica.
Este proyecto se localizará en los términos municipales de Arancón, Aldealpozo, Carrascosa de la Sierra, La Losilla, Magaña, Suellacabras, Valtajeros, Trévago y Valdelagua del Cerro. Se trata de una zona con relevante valor natural, lo que ha obligado a los promotores a presentar un paquete amplio de medidas ambientales y de seguimiento para conseguir el visto bueno del Miteco.
La DIA positiva otorgada a este clúster está condicionada al cumplimiento de numerosas medidas preventivas, correctoras y compensatorias, fruto de la evaluación ambiental practicada. Entre ellas suelen figurar limitaciones a la ubicación exacta de aerogeneradores, medidas para minimizar colisiones de aves y murciélagos, programas de vigilancia ambiental o restauración de hábitats afectados.
Este tipo de resoluciones demuestran que, aunque la administración es mucho más rigurosa a la hora de valorar el impacto ambiental de la eólica, existe margen para sacar adelante proyectos que se diseñen desde el inicio con criterios de integración paisajística y protección de la biodiversidad. Eso sí, el nivel de exigencia y el coste asociado a las medidas ambientales han aumentado de forma notable.
Para el sector, casos como el de Fuentes de Magaña son el ejemplo de un modelo de desarrollo eólico más ajustado a las demandas actuales de la sociedad y la normativa europea, pero también alertan de que no todas las zonas ni todos los diseños de parque van a ser viables en adelante.
El pulso del sector: más eólica, menos trabas y seguridad jurídica
El incremento de DIAs negativas y los retrasos acumulados han generado un visible malestar en las empresas eólicas, que consideran que el marco regulatorio y la lentitud de la tramitación están alejándose de los objetivos perseguidos por el propio PNIEC.
Las compañías y asociaciones del sector recalcan que España necesita acelerar la electrificación, reforzar la seguridad jurídica de los proyectos en tramitación y aliviar los cuellos de botella administrativos. A su juicio, lo contrario podría poner en riesgo la consecución de los objetivos de renovables y el papel de la eólica como pilar del sistema eléctrico en las próximas décadas.
En términos económicos, la energía eólica aporta unos 3.274 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) español y genera más de 37.000 empleos entre directos e indirectos, con un incremento del 4,7 % respecto al año anterior. Además, España se mantiene como el cuarto exportador mundial de aerogeneradores, con unas ventas exteriores que rondan los 1.953 millones de euros, lo que sitúa al país en una posición destacada dentro del mercado global de tecnología eólica.
Desde el punto de vista energético y climático, la aportación tampoco es menor. La energía eólica evita la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en unos 2.829 millones de euros, y contribuye de forma decisiva a reducir las emisiones, con una caída estimada de 30,8 millones de toneladas de CO2 gracias a su producción.
Con estos datos en la mano, las empresas insisten en que “la economía española necesita más eólica”, pero reclaman que esa expansión se acompañe de procedimientos claros, plazos razonables y criterios ambientales previsibles. Consideran que la actual combinación de exigencia ambiental, trámites complejos y cambios regulatorios puede desincentivar inversiones y desviar proyectos hacia otros países europeos con marcos más estables.
Un equilibrio delicado entre transición energética y protección del territorio
El escenario que se abre en Castilla y León, con decenas de proyectos bloqueados por razones ambientales y otros tantos pendientes de decisión, refleja un debate que se da en buena parte de Europa: cómo encajar el despliegue de renovables a gran escala con la conservación de la naturaleza y el paisaje.
En esta Comunidad, el reto es especialmente visible en territorios con amplias áreas rurales, abundante viento y un importante patrimonio natural y faunístico. Muchos municipios ven en la eólica una vía de ingresos y actividad económica, mientras que asociaciones ecologistas y parte de la población local expresan preocupación por el impacto sobre aves, mamíferos, corredores ecológicos o la propia fisonomía del territorio.
El resultado es un tira y afloja en el que las administraciones deben encajar los compromisos climáticos y energéticos con la normativa europea de conservación, cada vez más estricta en lo referente a Red Natura 2000, especies amenazadas o protección de hábitats. La consecuencia práctica es que se reducen los espacios realmente disponibles para nuevos parques y que los proyectos deben profundizar mucho más en los análisis ambientales.
Al mismo tiempo, en provincias como Zamora, León, Burgos o Palencia se percibe una cierta sensación de oportunidad perdida cuando parques que podían suponer inversiones millonarias, empleo en la construcción y nuevos ingresos municipales quedan finalmente descartados. Este contraste alimenta la sensación de que el margen de maniobra es cada vez más reducido y que el diseño de la transición energética en España deberá ser más selectivo y planificado.
Con todo ello sobre la mesa, Castilla y León se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de hasta qué punto la expansión de la energía eólica depende hoy de encontrar un punto de equilibrio entre velocidad en la tramitación, seguridad jurídica para los inversores y una protección ambiental que no deje de lado la biodiversidad ni los compromisos europeos. El desenlace de los proyectos que aún están en el aire marcará en buena medida si la Comunidad mantiene su papel protagonista en la eólica o si el frenazo actual se convierte en una tendencia más duradera.