La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva línea de apoyo económico para reforzar la prevención de incendios forestales en montes de titularidad privada. Se trata de una convocatoria de ayudas dirigida a inversiones forestales no productivas que busca, sobre todo, reducir el riesgo de grandes fuegos en el medio rural y mejorar el estado de las masas arboladas.
Con una dotación global de 45 millones de euros, esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027 (PEPAC) y cuenta con cofinanciación de los fondos europeos FEADER. La intención del Ejecutivo autonómico es dar continuidad a los trabajos ya impulsados en años anteriores y ampliar el alcance de las actuaciones preventivas en más superficie y en más zonas del territorio.
Objetivo de las ayudas: prevenir daños y mejorar la gestión forestal
El propósito central de la convocatoria es apoyar actuaciones de prevención de daños y selvicultura que contribuyan a proteger los bosques frente a incendios, desastres naturales y otras catástrofes. Estas ayudas se configuran como una herramienta de desarrollo rural, orientada a mantener los montes más cuidados, accesibles y resilientes ante episodios extremos, cada vez más frecuentes.
La Junta quiere impulsar la elaboración y aplicación de un plan quinquenal de actuaciones en cada explotación o agrupación beneficiaria. Ese plan recogerá las labores previstas de mejora y prevención durante un periodo de cinco años, abarcando intervenciones como clareos, podas, eliminación de combustible vegetal, apertura o mejora de fajas auxiliares y otras tareas de manejo forestal.
Según detalla la Consejería de Medio Ambiente, el calendario previsto contempla que la ejecución material de los trabajos se desarrolle entre 2027 y 2031. De esta manera se enlaza con las acciones financiadas en la anterior convocatoria, evitando parones en la planificación y en la continuidad de las labores selvícolas.
El enfoque es claro: concentrar los esfuerzos en las zonas y propietarios donde la presión de los incendios forestales es más acusada. En los últimos años, la comunidad ha sufrido temporadas especialmente complicadas, lo que ha llevado a priorizar presupuestos y programas que actúen antes de que se declare el fuego, y no sólo cuando ya está en marcha.
Quién puede solicitar las ayudas y qué requisitos se exigen
La orden de convocatoria abre la puerta a un abanico relativamente amplio de posibles beneficiarios, siempre vinculados a explotaciones o terrenos forestales de gestión privada. El objetivo es implicar directamente a quienes tienen la responsabilidad y la capacidad de actuar sobre el terreno.
En primer lugar, pueden optar a estas subvenciones las personas físicas y personas jurídicas que sean titulares de montes o superficies forestales en régimen privado. Se incluye así tanto a pequeños propietarios individuales como a sociedades, empresas u otras entidades privadas con patrimonio forestal.
También se contemplan las agrupaciones de varios titulares de explotaciones forestales, incluso sin personalidad jurídica propia, siempre que se constituyan con la finalidad de ejecutar de forma conjunta las actuaciones previstas en la ayuda. En estos casos, la agrupación deberá designar un representante con poder suficiente para asumir las obligaciones del expediente, aunque cada miembro mantenga la condición de beneficiario a efectos de la ayuda.
La normativa introduce, no obstante, una condición importante: aquellos solicitantes que ya cuenten con un plan de gestión forestal aprobado y en vigor no podrán agruparse con titulares cuyas explotaciones carezcan de un documento de gestión en esa misma situación. Se pretende así mantener una cierta coherencia técnica en las agrupaciones y evitar desigualdades en la planificación.
Por otro lado, también podrán acceder a las ayudas las comunidades de bienes titulares de montes privados. En cambio, las entidades locales sólo podrán agruparse entre sí, sin mezclarse con otros tipos de beneficiarios, atendiendo a su naturaleza jurídica y a la propia regulación de los montes de titularidad pública.
Importe de las subvenciones y periodo de ejecución
El esquema financiero diseñado por la Junta establece que cada expediente podrá contar con una ayuda global que oscila entre 30.000 y 90.000 euros. Esta horquilla pretende atender distintas realidades, desde superficies más pequeñas hasta grandes propiedades o agrupaciones con planes de actuación más amplios.
La cuantía se distribuirá a lo largo de cinco años a partir de la concesión, alineándose con la duración del plan de actuaciones quinquenal. De este modo se garantiza una financiación estable y escalonada, adaptada a la programación de los trabajos sobre el terreno y a la carga de labores prevista en cada campaña.
La convocatoria fija que se podrá subvencionar hasta el 100 % del importe solicitado por los beneficiarios, siempre con un tope máximo de 90.000 euros por expediente. Esto convierte la línea en un apoyo especialmente relevante para propietarios forestales que, por sí solos, tendrían dificultades para asumir todo el coste de las inversiones preventivas.
Además de las labores selvícolas habituales, la ayuda cubre la redacción del propio plan quinquenal, un elemento clave para ordenar y priorizar los trabajos. El enfoque de medio plazo permite diseñar una estrategia continuada de prevención, en lugar de actuaciones puntuales o aisladas que pierdan eficacia con el paso del tiempo.
En términos prácticos, la planificación entre 2027 y 2031 busca que la intervención en el monte sea constante, adaptándose a la evolución del combustible vegetal, al estado de las masas arboladas y a la experiencia acumulada durante los primeros años de aplicación del plan.
Tramitación telemática: plazos y procedimiento
Las solicitudes de estas subvenciones deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica. La Junta ha habilitado para ello la aplicación «Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)», en el apartado específico de Contratos de Prevención de Daños y Selvicultura 2026.
La tramitación se realiza a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, donde los interesados pueden acceder tanto al formulario de solicitud como a la documentación necesaria, instrucciones y demás información de apoyo. Este modelo encaja con la tendencia general de digitalización de los procedimientos administrativos, que busca agilizar los plazos y reducir trámites presenciales.
El plazo de presentación permanece abierto hasta el 20 de marzo de 2026, inclusive. La recomendación habitual en este tipo de convocatorias es no apurar hasta el último día, ya que la preparación del plan y de la documentación acreditativa puede exigir cierto tiempo y coordinación, especialmente en el caso de agrupaciones de titulares.
La concesión de las ayudas se establece en régimen de concurrencia competitiva. Esto implica que todas las solicitudes se valoran conjuntamente, aplicando unos criterios previamente fijados, y se ordenan en función de la puntuación obtenida hasta agotar el presupuesto disponible. No se trata, por tanto, de un sistema puramente cronológico, sino de un proceso selectivo basado en prioridades.
Entre los factores que se tendrán en cuenta figuran el tipo de actuaciones propuestas, el hecho de pertenecer a una agrupación de titulares, el nivel de riesgo de incendios en la zona donde se ubica el monte o la integración en una asociación de propietarios forestales. Con ello se pretende favorecer proyectos con mayor impacto colectivo y en enclaves especialmente sensibles.
Contexto: una comunidad marcada por los incendios forestales
En los últimos años, Castilla y León ha vivido varias temporadas complicadas, con incendios de gran extensión y elevado impacto ambiental. Estas situaciones han puesto de relieve la vulnerabilidad de muchas masas forestales y la necesidad de reforzar las labores preventivas de manera sostenida en el tiempo.
La Administración autonómica subraya que su intención es orientar cada vez más recursos hacia políticas de prevención en montes privados, que representan una parte muy significativa de la superficie forestal de la comunidad. Sin la implicación directa de estos propietarios, resulta difícil alcanzar un nivel homogéneo de manejo del combustible y de preparación frente al fuego.
La línea de ayudas recién convocada se enmarca también en las prioridades comunitarias y estatales en materia de adaptación al cambio climático. El incremento de las olas de calor, la prolongación de los periodos de sequía y la mayor frecuencia de episodios extremos están elevando el riesgo de incendios en gran parte de Europa, y la respuesta pasa por reforzar tanto la prevención como la capacidad de respuesta.
En este contexto, programas cofinanciados por fondos como el FEADER permiten a las regiones canalizar recursos hacia el mantenimiento activo de los montes, combinando objetivos ambientales, de protección civil y de desarrollo rural. El reto no es sólo apagar incendios, sino evitarlos o, al menos, reducir su intensidad y propagación.
La Junta insiste en que estas ayudas buscan ampliar la superficie donde se llevan a cabo labores selvícolas de prevención, llegando a más comarcas y a más propietarios. A medio plazo, el efecto esperado es un paisaje forestal mejor gestionado, con menos combustible acumulado y más preparado para soportar la presión del fuego.
De forma global, esta convocatoria sitúa a Castilla y León en la línea de otras regiones europeas que están apostando por programas integrales de gestión forestal preventiva, apoyados en financiación comunitaria y en la colaboración entre administraciones, propietarios y organizaciones del sector. Si la respuesta del territorio es amplia y coordinada, el impacto en la reducción del riesgo de incendios puede ser notable.