El Gobierno de Cantabria ha frenado la tramitación de la planta de biogás prevista en Cabezón de la Sal al constatar que sobre los terrenos elegidos sigue en vigor una autorización ambiental integrada concedida en su día a la antigua fábrica de cerámica. La decisión ha supuesto el archivo del expediente que impulsaba la empresa promotora.
El anuncio lo realizó el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), durante un acto en Lamasón con la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, subrayando que la Dirección General de Medio Ambiente ha acordado no dar más pasos en el procedimiento y que, en estas condiciones, no se procesará ninguna nueva AAI para esos suelos.
Decisión del Gobierno y estado del expediente
Según el departamento, el proyecto no continuará en los términos en los que se estaba tramitando porque ya existe una AAI vigente para la fabricación de material cerámico. Mientras esa autorización no se cierre de forma expresa, no cabe una nueva para una actividad distinta en la misma parcela.
Sobre los antiguos terrenos de La Tejera, junto al polígono de Las Navas, se ubicaría la instalación. Pero el Ejecutivo recuerda que, antes de plantear otra actividad, sería imprescindible una tramitación larga y costosa que también incluye la descontaminación de los suelos y otras actuaciones que, llegado el caso, determinaría la propia Administración ambiental.
Media insistió en que no habrá nuevas autorizaciones para ese emplazamiento hasta completar dichos requisitos, una posición con la que el Ejecutivo pretende aportar certeza jurídica y responder a la inquietud vecinal que había provocado el proyecto.
Motivos jurídicos y ambientales
La clave es la autorización ambiental integrada (AAI) aún activa para la antigua planta cerámica: su vigencia impide tramitar otra autorización incompatible hasta que se declare su cierre formal. El procedimiento, recalca Medio Ambiente, no es inmediato ni sencillo.
Entre los pasos necesarios se contemplan actuaciones técnicas y administrativas que, según el criterio de la Administración, incluyen:
- Evaluaciones y cierres formales de la autorización actualmente en vigor.
- Planes de descontaminación y comprobaciones sobre el estado del suelo.
- Medidas correctoras y otras exigencias que establezca la autoridad competente.
Fuentes jurídicas y sociales consultadas apuntan, además, a la referencia de la Ley 2/2001 de Cantabria y a la jurisprudencia que limita el alcance de las declaraciones de interés social cuando el expediente al que están ligadas se archiva.
Reacciones sociales y políticas
La Plataforma Ciudadana contra la planta ha mostrado su satisfacción por el archivo, que atribuye al empuje de vecinos, asociaciones y colectivos. Aun así, advierten de que una vez cerrado este expediente, los promotores privados podrían intentar nuevas propuestas, incluso en el mismo emplazamiento, y se mantendrán vigilantes.
La plataforma lamenta que el proyecto llegase tan lejos en la tramitación cuando, a su juicio, había motivos objetivos para descartarlo desde el inicio (AAI previa, dudas sobre la contaminación del suelo, incompatibilidades urbanísticas y falta de interés social real). También anuncia que solicitará al Ayuntamiento una modificación del PGOU para impedir instalaciones de este tipo en suelo rústico o cerca de núcleos de población.
Desde el tejido económico local, la asociación de comerciantes y hosteleros Villasal ha respaldado públicamente la postura de la ciudadanía y de la Corporación municipal (PRC, PSOE y PP), recordando su preocupación por el impacto en la actividad económica y la calidad de vida si se materializase una instalación de estas características.
En el plano político, el diputado del PP Alejandro Liz ha criticado la gestión previa del expediente por parte del anterior Ejecutivo PRC-PSOE, especialmente la declaración de interés social de 2021. A su juicio, decisiones de este calado deben tomarse con información previa a los vecinos y sin atajos.
Antecedentes del expediente
El proyecto de Biogenera Innovación SL ya había tenido un primer intento hace más de tres años, frenado por la movilización social. La segunda tentativa buscaba reactivar la tramitación en los terrenos de La Tejera, pero ha quedado ahora definitivamente archivada por la Administración autonómica.
La controversia se reavivó tras conocerse la declaración de interés social emitida en marzo de 2021 por el entonces consejero del área, Guillermo Blanco, que sirvió de base para impulsar el procedimiento que ahora se detiene. El debate público se intensificó, con preocupación vecinal y pronunciamientos de distintos agentes sociales y económicos.
Qué puede pasar a partir de ahora
Con el expediente archivado, cualquier nueva iniciativa industrial en ese emplazamiento requerirá, primero, cerrar la AAI vigente vinculada a la actividad cerámica y, en su caso, cumplir con las exigencias de descontaminación y demás actuaciones ambientales que determine la autoridad competente.
En el ámbito local, la plataforma ciudadana promoverá que el Ayuntamiento estudie una revisión del PGOU para blindar el suelo rústico y las zonas próximas a núcleos residenciales frente a usos industriales de alto impacto. El objetivo declarado es alinear el desarrollo con un modelo de energías limpias que sea compatible con la salud pública, el territorio y la normativa.
Mientras tanto, el Gobierno reitera que, sin el cierre formal de la autorización actual y sin cumplir los requisitos ambientales, no se tramitarán nuevas autorizaciones para ese suelo. La ciudadanía y el sector económico local, por su parte, se declaran atentos a cualquier intento de reactivar iniciativas similares.
