Cientos de personas se han dado cita en la playa de Salinetas, en Telde, para tejer una larga contaminación marina vinculada a las jaulas de acuicultura instaladas frente a la costa. La imagen de vecinos, colectivos sociales y organizaciones ecologistas tomados de la mano sobre la arena y el paseo resume el clima de hartazgo que se vive en el litoral teldense tras meses de episodios de suciedad, malos olores y cierres de playas.
La iniciativa, promovida por la Plataforma por un Litoral Limpio y respaldada por grupos como Greenpeace y el colectivo Turcón, llega después de una de las peores crisis ambientales recientes en Gran Canaria, marcada por la mortandad masiva de peces en las granjas marinas y por una cadena de restricciones al baño en buena parte de la costa este y sur de la isla. Los participantes señalan a las jaulas marinas de Aquanaria y a la gestión deficiente de los vertidos como elementos claves de un problema que consideran enquistado desde hace décadas.
Una cadena humana vestida de negro frente al mar
A las 11.00 horas, y tras un primer intento frustrado por la borrasca Emilia, vecinos de Melenara, Salinetas y otras zonas del municipio comenzaron a formar filas en la arena y a lo largo del paseo marítimo para formar una cadena humana. Vestidos mayoritariamente de negro en señal de luto por el estado del mar, se organizaron en varias hileras, algunos sobre la playa y otros sobre el paseo, mientras ondeaban pancartas con lemas como «Jaulas marinas no» o «litoral limpio y seguro».
Durante algo más de media hora, la cadena humana se mantuvo firme entre pitos, bocinas y consignas coreadas al unísono. Entre las frases más repetidas se escucharon «Esto apesta, el pueblo protesta», «Arriba, abajo, las jaulas pa’l carajo» y mensajes directos contra la acuicultura industrial. Clavadas en la arena, cruces negras simbolizaban las pérdidas ambientales y económicas que, según los organizadores, arrastra el litoral desde que comenzaron a operar las granjas marinas.
La cita, concebida como una movilización pacífica y abierta, reunió a vecinos, usuarios habituales de las playas, asociaciones, representantes de partidos y cargos públicos. En un ambiente reivindicativo pero tranquilo, muchas familias aprovecharon la jornada soleada, de apariencia casi veraniega, para combinar el baño con la protesta, subrayando el contraste entre el uso recreativo de la costa y la denuncia de un mar que «no está como debería».
El acto concluyó con la lectura de una declaración institucional por parte de una vecina de Salinetas, texto que será elevado al Pleno del Ayuntamiento de Telde en los próximos días. El documento reclama medidas urgentes, mayor transparencia y un cambio de rumbo en la gestión del litoral.
Vecindario organizado y apoyo ecologista
La Plataforma por un Litoral Limpio, que agrupa a residentes y colectivos de la zona, lleva tiempo canalizando las quejas de quienes aseguran convivir desde finales de los años noventa con episodios de malos olores, restos de pienso en la orilla y vertidos visibles en el agua. Asociaciones como Meclasa, que agrupa a vecinos de Melenara, Clavellinas y Salinetas, remarcan que las molestias no son algo nuevo, sino la consecuencia de tres décadas de actividad acuícola frente a la costa teldense.
En la protesta también tuvieron un papel destacado las organizaciones ecologistas. Greenpeace instaló una mesa informativa en el paseo, donde recogió firmas contra la acuicultura industrial cercana a la costa y explicó sus críticas a un modelo intensivo que, a su juicio, genera impactos sobre el fondo marino por la acumulación de piensos, heces, grasas y otros residuos. La organización recordó que las jaulas se encuentran a unos 350 metros de la playa de Melenara, una ubicación que el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC) considera zona prohibida o restringida para este tipo de instalaciones.
Desde el colectivo Turcón, su presidenta Consuelo Jorge centró sus críticas en la falta de control institucional sobre una actividad que, según afirmó, se arrastra desde hace más de treinta años sin una fiscalización adecuada. Denunció lo que considera una dejación de funciones por parte de las administraciones competentes y acusó a las autoridades de haber permitido durante demasiado tiempo un modelo de explotación que califica de «tóxico para la salud y el medio ambiente».
Los colectivos ciudadanos subrayan que el descontento va más allá de la molestia puntual por un vertido: aseguran que el litoral ha perdido buena parte de su biodiversidad marina, con la desaparición de especies filtradoras y la proliferación de episodios de infecciones cutáneas, problemas de oído o cuadros gastrointestinales entre algunos usuarios habituales del baño. Ante esta situación, Turcón y la Plataforma por un Litoral Limpio están recopilando casos y testimonios con vistas a posibles acciones legales futuras.
Desde el vecindario, portavoces como Leonardo Hernández recuerdan que ya en el año 2000 el Ayuntamiento de Telde aprobó una reprobación formal de las jaulas marinas e instó al Gobierno de Canarias a retirarlas. Aquella resolución, señalan, nunca llegó a ejecutarse, lo que para ellos evidencia una falta de voluntad política para resolver un conflicto cronificado.
Presión política, dimisiones y presencia institucional
La cadena humana en Salinetas tuvo también un marcado componente político. Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, acompañado de varios concejales de la corporación. El regidor se colocó en primera fila, luciendo la misma camiseta negra que la mayoría de los participantes, gesto con el que quiso mostrar su respaldo a las demandas de los vecinos.
No obstante, desde las asociaciones vecinales no se libra de críticas el propio Ayuntamiento de Telde. Algunos portavoces consideran que, en el último episodio grave de contaminación, el Consistorio reaccionó con retraso, alimentando la sensación de abandono institucional. Ese episodio está siendo investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil, que tratan de esclarecer tanto el origen de la contaminación como las responsabilidades administrativas y empresariales.
La tensión se dirige de manera especial hacia la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y hacia la Dirección General de Pesca. La plataforma y los grupos ecologistas las acusan de no haber ejercido un control directo, continuo y riguroso sobre las instalaciones acuícolas, pese a que la empresa explotadora cuenta con más de 25 licencias en vigor y opera desde 1987 en el litoral de Telde.
Durante la protesta se repitieron las peticiones de dimisión del consejero Narvay Quintero y del director general de Pesca, Esteban Reyes. Los convocantes sostienen que ambas autoridades se han limitado a «poner sellos de garantía» a los informes presentados por la empresa, sin comprobar sobre el terreno el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad exigidas. Para la plataforma, esta presunta falta de fiscalización ha permitido que se consolide un modelo de acuicultura «sobredimensionado y fuera de norma».
Algunas portavoces, como Bego Ruiz, van más allá al denunciar que la compañía tendría autorización para 36 jaulas pero estaría manejando 52 estructuras, con 22 de ellas en la zona conocida como Melenara 2, un área que describen como restringida para la acuicultura por la normativa vigente. A juicio de la plataforma, esto convierte la situación en una «bomba de relojería» que habría estallado con la reciente mortandad de peces.
Los colectivos reclaman también que el propio Ayuntamiento se personase en las causas judiciales abiertas, para defender de forma activa los intereses del municipio. Entienden que la vía judicial será prácticamente inevitable, porque, según señalan, «las playas han cerrado, pero las jaulas han seguido funcionando con normalidad» a pesar del malestar social.
La crisis ambiental: mortandad de lubinas y playas cerradas
El trasfondo inmediato de la cadena humana es la crisis de contaminación marina iniciada a mediados de octubre. En esas fechas comenzaron a detectarse manchas aceitosas, peces muertos y fuertes olores en las playas de Salinetas y Melenara, un fenómeno que posteriormente se extendió a hasta quince playas del este y sur de Gran Canaria. Las autoridades locales decretaron el cierre preventivo de numerosas zonas de baño, que permanecieron clausuradas durante semanas.
La situación afectó de lleno a la empresa acuícola Aquanaria, encargada de las granjas de lubina frente a la costa teldense. Según los datos hechos públicos, el episodio se saldó con la muerte de unas 2.500 toneladas de lubinas, en torno al 40% de la producción de una de sus explotaciones, con pérdidas económicas que la compañía cifra en más de 30 millones de euros. Este desastre reavivó un debate que llevaba tiempo latente sobre el modelo de acuicultura intensiva en Canarias.
La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias terminó certificando, el 19 de diciembre, que las aguas de las cinco principales playas de Telde —Tufia, Melenara, Salinetas, Aguadulce y Ojos de Garza— volvían a ser aptas para el baño. Sin embargo, para muchos vecinos el daño ya estaba hecho: no sólo se había truncado su rutina de ocio, sino que también se habían resentido negocios de restauración, la cooperativa de pescadores y otras actividades ligadas a la costa.
La empresa atribuye la mortandad de peces a un vertido industrial procedente de emisarios submarinos situados en la misma zona. Parte de la comunidad científica, en cambio, apunta a un colapso interno del sistema de cultivo, relacionado con la acumulación de materia orgánica, una caída en los niveles de oxígeno y el estrés de los peces en condiciones de alta densidad. Este choque de interpretaciones ha alimentado la incertidumbre y la desconfianza entre la población, que reclama claridad y datos oficiales completos sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, los colectivos vecinales sostienen que, al margen del detonante concreto de la mortandad, la presencia de un gran número de jaulas a escasa distancia de la costa agrava la vulnerabilidad del ecosistema. Aseguran que el vertido constante de pienso, harinas, excrementos y aceites habría ido mermando la capacidad de recuperación del fondo marino, hasta dejar una situación límite en la que cualquier fallo o episodio externo tiene efectos mucho más severos.
Emisarios, vertidos y una calidad del agua bajo sospecha
El foco de la polémica no se limita a las jaulas marinas. Informes recientes sobre el emisario submarino del barranco de Silva han añadido nuevas dudas sobre la calidad de los vertidos al mar en la zona. Una inspección de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias confirmó que la conducción de desagüe no se ajusta a la autorización en vigor, que sólo permite verter aguas residuales urbanas depuradas procedentes de la EDAR de Ojos de Garza.
Según ese acta, en el emisario se detectó la presencia de efluentes no autorizados, conectados a la depuradora de Silva, una instalación que no estaría preparada para tratar determinados contaminantes industriales. Los análisis realizados en 2023 y 2024 habrían encontrado niveles de níquel, selenio y zinc disueltos, así como plaguicidas como clorpirifós y terbutilazina, sustancias expresamente prohibidas en la autorización de vertido.
Además, el informe apunta a deficiencias técnicas importantes en la propia infraestructura del emisario, que carecería del tramo difusor final de 36 metros previsto en su diseño y dispondría solo de una única boca de descarga. Esta configuración reduce la capacidad de dilución de los efluentes y amplifica su impacto en el medio marino. También se constata que no se realizan todos los controles analíticos mensuales obligatorios, ni se garantiza la ausencia de sustancias prioritarias en el agua vertida.
El funcionamiento de la EDAR de Silva es otro de los puntos críticos señalados. El documento oficial describe una ausencia de tratamiento secundario adecuado y desviaciones muy elevadas en parámetros clave como la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los sólidos en suspensión, con incrementos que superan con creces los límites permitidos. Esta situación, advierten los colectivos, supone un riesgo severo para la vida marina y contribuye a deteriorar la calidad general del agua en el entorno.
Los datos recogidos indican que, pocos días antes de la inspección, personal de la propia instalación acuícola habría detectado un vertido visible, de color blanquecino y olor químico intenso cerca de la boca del emisario, coincidiendo temporalmente con una mortalidad anómala de peces en varios viveros en fase avanzada de crecimiento. Aunque la relación directa entre ambos hechos está aún por esclarecer, esta coincidencia temporal refuerza, según los convocantes de la protesta, la necesidad de investigar de forma exhaustiva y coordinada todos los focos de contaminación que afectan al litoral teldense.
Ante este panorama, la Plataforma por un Litoral Limpio insiste en que no basta con señalar a una sola actividad. Reclama publicar íntegramente los informes de calidad de aguas, tanto los relacionados con las jaulas marinas como los vinculados a vertidos de aguas residuales e industriales, para que la ciudadanía y la comunidad científica puedan evaluar con rigor el estado real de la costa.
Demandas vecinales: cierre de jaulas, transparencia y nuevo modelo
Las reivindicaciones planteadas durante la cadena humana se concretan en varias peticiones. La más repetida es la retirada definitiva de las jaulas marinas frente a Telde, al considerar que su ubicación y características son incompatibles con la protección del medio marino y el uso seguro de las playas. Para los vecinos y los colectivos ecologistas, la convivencia con una gran explotación acuícola tan próxima a la costa se ha demostrado «insostenible» tanto en términos ambientales como sociales y económicos.
Junto al cierre de las instalaciones actuales, la plataforma exige una revisión profunda del modelo de acuicultura en Canarias, apostando por sistemas con menor densidad de peces, mayor control sobre los vertidos y una ubicación que reduzca el impacto sobre las zonas costeras más sensibles. Organizaciones como Greenpeace plantean alternativas complementarias, como el impulso a la pesca artesanal, el desarrollo de granjas de algas o la acuicultura terrestre de bajo impacto, que ya se está explorando en proyectos piloto en la propia isla.
Otra de las grandes demandas es la transparencia informativa. La ciudadanía reclama el acceso a los estudios oficiales sobre la mortalidad de las lubinas, los resultados de las analíticas de agua y las actas de inspección relativas tanto a la empresa acuícola como a los emisarios de aguas residuales. Frases escuchadas en la protesta, como «llevamos meses esperando los resultados y sólo obtenemos silencio» o «no queremos demonizar a nadie, sólo saber qué está pasando», resumen el clima de desconfianza.
Los colectivos también piden que se refuercen los mecanismos de control y sanción frente a los incumplimientos ambientales. Para ello, consideran necesario dotar de más medios a las administraciones competentes, mejorar la coordinación entre áreas como pesca, medio ambiente y salud pública, y garantizar que las autorizaciones de vertido y de acuicultura se ajusten estrictamente a la legislación vigente, incluida la ley de impacto ambiental.
En paralelo, la Plataforma por un Litoral Limpio y asociaciones como Meclasa continúan recabando testimonios de afecciones a la salud, pérdidas económicas y daños en la actividad pesquera y turística. Su intención es disponer de una base documental sólida que respalde futuras reclamaciones administrativas o, si fuera necesario, un proceso judicial que depure responsabilidades y fije compromisos de restauración ambiental para la zona afectada.
La cadena humana de Salinetas se ha convertido así en símbolo visible de un conflicto abierto entre un modelo de explotación intensiva del mar y una ciudadanía que reivindica un litoral limpio, seguro y compatible con el baño, la pesca artesanal y la actividad económica local. Entre consignas, cruces negras en la arena y manos entrelazadas frente al oleaje, el mensaje que se ha querido trasladar a las instituciones es que la paciencia de los vecinos se agota y que, tras años de denuncias, esperan decisiones concretas que frenen la contaminación y marquen un antes y un después en la gestión de la costa de Telde.