La provincia de Zamora se prepara para una nueva cacerolada de protesta contra las plantas de biogás proyectadas en la zona, en un contexto de creciente tensión entre vecinos, ayuntamientos y administraciones. La movilización, de carácter sonoro y reivindicativo, tendrá lugar frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital zamorana.
Colectivos vecinales y cargos municipales llevan meses alertando de que las macroinstalaciones previstas en Peleas de Abajo, El Cubo del Vino y el entorno de Zamora pueden suponer un fuerte impacto sobre el medio rural, especialmente por la posible contaminación de acuíferos, los olores y el aumento del tráfico pesado en pueblos pequeños.
Cacerolada frente a la Delegación Territorial de la Junta
La convocatoria fija la cita este viernes 26 de diciembre a las 11:45 horas, justo frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora. Los organizadores han animado a los asistentes a acudir cargados con cazuelas, sartenes y todo tipo de utensilios de cocina para hacer ruido y dejar clara su oposición a los proyectos de biogás.
Bajo el lema «¡No es progreso, es destrucción!», la protesta se plantea como una manifestación sonora y simbólica con la que los participantes quieren trasladar a la administración autonómica que, a su juicio, estas plantas no responden a las necesidades reales del territorio y se han diseñado de espaldas a la población afectada.
Los convocantes insisten en que no se trata de una acción aislada, sino de un paso más dentro de una cadena de protestas que ya ha pasado por Cubo del Vino, Valladolid, Madrid y otros puntos de la provincia de Zamora, siempre con el foco puesto en las macroplantas de biogás y biofertilizantes.
Asociaciones vecinales al frente de la oposición
La cacerolada está impulsada principalmente por la Asociación Biogás Así No. Jambrina Lucha, que se ha convertido en uno de los referentes de la resistencia local a estos proyectos, y cuenta con el respaldo de la Asociación Pueblos Sanos en Tierra del Vino y otros colectivos de la comarca.
Desde estas asociaciones se subraya que la falta de información detallada y la ausencia de consenso social han marcado el desarrollo de los expedientes, generando desconfianza en pueblos que dependen de forma directa de la agricultura, la ganadería y el abastecimiento de agua subterránea.
Los portavoces de las plataformas vecinales sostienen que la dimensión y localización de las plantas proyectadas no se ajustan a la realidad de los residuos generados en la zona, y alertan de que se corre el riesgo de convertir el territorio en un polo de atracción de residuos procedentes de otros lugares, con efectos colaterales sobre el entorno y la salud.
Además, los colectivos rechazan que se les presente el biogás como una solución de progreso cuando, según defienden, no se han evaluado de forma transparente los riesgos sobre el agua, los suelos y la calidad del aire, ni se han tenido en cuenta suficientemente las experiencias negativas registradas en otras localidades españolas.
Preocupación por el agua, los olores y la salud
Una de las principales inquietudes de los vecinos de Jambrina, Peleas de Abajo y El Cubo del Vino tiene que ver con la cercanía de las instalaciones a los sondeos y captaciones de agua que abastecen a los pueblos. En algunos casos, denuncian que apenas hay kilómetro y medio de distancia entre las macroplantas previstas y los puntos de suministro, algo que consideran inasumible.
El alcalde de Jambrina, Rafael Calvo, ha sido especialmente claro al advertir de los riesgos: asegura que si los acuíferos se ven afectados, el futuro del municipio quedaría gravemente comprometido. A su juicio, la ubicación elegida para estos proyectos pone en juego la supervivencia misma del pueblo y prioriza intereses económicos ajenos frente al bienestar de los vecinos.
Otro de los grandes temores es el de los malos olores asociados a la fermentación de residuos orgánicos. Representantes de la asociación Jambrina Biogás recuerdan que en otras zonas de España donde se han instalado plantas similares ya se han registrado episodios en los que, al caer la tarde, es prácticamente imposible permanecer al aire libre, obligando a los residentes a cerrar puertas y ventanas.
Algunos vecinos, como los procedentes de El Cubo de Tierra del Vino, señalan además la incertidumbre sobre qué tipo de residuos se acabarán tratando realmente en las instalaciones. Aunque los promotores niegan el uso de restos de matadero o animales muertos, en el entorno se teme que puedan llegar a incorporarse subproductos especialmente conflictivos, con un potencial impacto sobre la salud humana y animal.
En conjunto, la población afectada percibe estos proyectos como una amenaza directa para la calidad de vida y la convivencia en pueblos pequeños, donde los cambios en el paisaje, el tráfico y las emisiones de olores se sienten de forma inmediata en el día a día.
Ayuntamientos implicados y apoyo institucional desigual
El Ayuntamiento de Jambrina ha decidido alinearse con la plataforma ciudadana que se opone a las plantas de biogás. Su alcalde ha reiterado en distintos actos públicos que el consistorio y toda la corporación municipal se deben a los vecinos y que, por ello, seguirán respaldando las acciones legales y las movilizaciones mientras persista el conflicto.
Para hacer frente a los costes de la batalla jurídica, el consistorio está asumiendo aproximadamente la mitad de los gastos legales, mientras que la otra mitad corre a cargo de la asociación vecinal, que se financia mediante cuotas y aportaciones de los propios habitantes. De esta manera, administración local y ciudadanía comparten la carga económica de la oposición.
Rafael Calvo insiste en que esta lucha no responde a siglas ni colores políticos. Según explica, representantes del Partido Popular le habrían transmitido que su obligación es defender a su pueblo, y en esa línea enmarca su postura. Sin embargo, el regidor critica con dureza que otros responsables locales, como el alcalde de Peleas de Abajo o la alcaldesa de El Cubo, respaldan los proyectos de biogás pese a dedicarse también al sector agrario y ganadero.
El alcalde de Jambrina también ha cargado contra el marco normativo europeo, al considerar que ciertas regulaciones comunitarias terminan presionando especialmente a agricultores y ganaderos, al tiempo que facilitan la implantación de grandes proyectos industriales cuyo beneficio, a su juicio, no revierte en los pequeños pueblos.
Esta disparidad de posiciones entre municipios vecinos está generando tensiones internas en la comarca de Tierra del Vino, donde algunos ayuntamientos ven en el biogás una oportunidad económica, mientras otros lo consideran un riesgo inasumible para su futuro.
Batalla administrativa y nuevas protestas en el horizonte
En el plano jurídico y administrativo, la asociación Jambrina Biogás ha presentado ya alegaciones extensas, de más de cuarenta páginas, contra proyectos como el de Peleas de Abajo. El objetivo es que la administración revise a fondo la viabilidad de las plantas y, en su caso, obligue a reubicarlas a una distancia mayor de los núcleos de población y de las captaciones de agua.
Sus representantes sostienen que los residuos generados en la zona no alcanzan el volumen necesario para justificar macroplantas de este tamaño, y denuncian que, de aprobarse, podrían convertirse en grandes polos de tratamiento de desechos de otras áreas, con los riesgos que ello conlleva para un entorno rural frágil.
Al mismo tiempo, las plataformas ciudadanas tienen previsto mantener e intensificar las movilizaciones durante los próximos meses si no se producen cambios significativos en la tramitación de los proyectos. No descartan nuevas concentraciones en Zamora, viajes a Valladolid o incluso acciones coordinadas con colectivos de otras provincias que viven situaciones parecidas.
La estrategia pasa por combinar la presión en la calle con el trabajo en los despachos, intentando que la administración autonómica y los organismos competentes escuchen las demandas de los pueblos afectados antes de otorgar autorizaciones definitivas. Reclaman también evaluaciones ambientales rigurosas y procesos de participación pública más amplios.
Las caceroladas se han consolidado así como uno de los símbolos más visibles de la oposición al desarrollo de estas plantas de biogás en Zamora, un recordatorio ruidoso de que una parte importante de la población rural no se siente representada en la toma de decisiones sobre el modelo energético y de gestión de residuos que se quiere implantar.
Todo este movimiento vecinal y municipal refleja el choque entre la planificación de grandes proyectos de biogás y las preocupaciones cotidianas de los pueblos que los acogen: mientras las administraciones y los promotores hablan de innovación y aprovechamiento energético, en la comarca de Tierra del Vino gana fuerza la sensación de que el coste puede ser demasiado alto en términos de agua, salud y calidad de vida, y de que la última palabra aún está por decir en las calles y ante los organismos públicos.
