El Ayuntamiento de Cabra ha anunciado la suspensión temporal de las licencias vinculadas a la implantación de plantas de biogás en el término municipal. La medida, explicada por el alcalde Fernando Priego, busca ordenar el proceso mientras se perfila la normativa específica que regule estas instalaciones.
Según detalló el regidor, la decisión cuenta con el respaldo del equipo de gobierno y del Grupo Municipal Popular y se apoyará en un Plan Especial de Instalación de Energías Renovables en tramitación desde hace meses, concebido para dar cobertura jurídica a la paralización y fijar los criterios de localización.
Qué decide el Ayuntamiento y por qué
La corporación local plantea una paralización cautelar de licencias relativas a posibles plantas de biometano, al tiempo que recalca que no ha tramitado, autorizado ni aprobado proyectos de energías renovables en el municipio. El Consistorio subraya que los informes de compatibilidad urbanística solo confirman la adecuación del uso al suelo y no otorgan derechos de ejecución ni equivalen a una licencia.
La implantación de una planta de biogás exige un itinerario administrativo con varios hitos (incluida exposición pública y aprobación plenaria) y con competencias que, en buena parte, recaen en instancias superiores. El Ayuntamiento insiste en que se trata de un proceso con múltiples pasos, y no de tramitaciones «por la puerta de atrás».
Tramitación del plan y garantías jurídicas
El Consistorio ha financiado y licitado la redacción de un avance del Plan Especial, ya entregado, cuya tramitación se iniciará en las próximas semanas con mecanismos de transparencia y participación ciudadana. La intención es activar la suspensión con plena seguridad jurídica.
Para ello se han solicitado informes técnicos y jurídicos que garanticen que los acuerdos se ajusten a la ley y eviten responsabilidades. El plan delimitará dónde sí y dónde no cabe la implantación de estas infraestructuras, aportando seguridad tanto a promotores como a vecinos.
Contexto local: Huertas Bajas y el debate sobre las renovables
El debate se ha intensificado a raíz del malestar vecinal por los proyectos de tres plantas fotovoltaicas en Huertas Bajas, conocidos desde marzo. En los últimos meses se han registrado protestas y encuentros informativos en distintos barrios para expresar preocupaciones sobre el impacto en el entorno.
Desde el gobierno local se defiende una apuesta por las energías limpias, pero con condiciones claras: no en cualquier lugar ni a cualquier precio, y siempre protegiendo el interés general, la salud y la calidad de vida. El futuro plan urbanístico pretende marcar reglas precisas para compatibilizar desarrollo y protección del territorio.
Competencias y control administrativo
El Ayuntamiento recuerda que muchas autorizaciones dependen de instancias superiores y que cualquier proyecto de esta naturaleza requiere un expediente complejo: informes sectoriales, evaluación ambiental, fase de información pública y, en su caso, aprobación del Pleno municipal. La administración local insiste en que los trámites son preceptivos y garantistas.
Además, se enfatiza que los documentos de compatibilidad urbanística no comportan concesión de licencias ni derechos para ejecutar obras. El mensaje oficial es inequívoco: no hay atajos, y toda decisión debe ajustarse a la legalidad vigente y a los procedimientos establecidos.
Reacciones políticas y ciudadanía
Los grupos de la oposición han mostrado su rechazo a la implantación de plantas de biometano en Cabra y han reclamado la máxima transparencia. El gobierno municipal, por su parte, ha denunciado la difusión de bulos y ha pedido un debate sereno basado en datos y expedientes.
El alcalde enmarca la llegada de propuestas en la estrategia energética nacional y europea orientada a reforzar la soberanía energética. Con todo, remarca que la prioridad es proteger la salud y la calidad de vida de los vecinos y ordenar el despliegue de renovables con herramientas legales sólidas.
Qué implica la suspensión para promotores y vecinos
La medida no aprueba ni deniega proyectos concretos, sino que congela la concesión de licencias municipales mientras se tramita el Plan Especial. En este periodo se fijarán criterios de implantación y se reforzarán las garantías para evaluar el impacto de las iniciativas.
- El Ayuntamiento prioriza seguridad jurídica y transparencia en cada paso.
- Se ordenan ubicaciones para compatibilizar renovables y protección del entorno.
- Los informes urbanísticos no son licencias ni crean derechos adquiridos.
La hoja de ruta municipal pasa por pausar licencias y culminar un marco urbanístico claro, con participación de la ciudadanía y apoyo técnico, para decidir con rigor dónde y cómo pueden implantarse estas plantas sin comprometer el interés general.
