La COP30 en Belém ha devuelto al primer plano un debate que parecía aparcado: cómo convertir en hechos el compromiso de Dubái de dejar atrás los combustibles fósiles. Aunque el tema no figuraba en la agenda oficial, el anfitrión ha movido ficha para que la transición energética deje de ser una promesa vaga y tenga hitos claros.
Desde el arranque de la cumbre, Brasil ha pedido a los líderes un plan concreto, con el objetivo de que la comunidad internacional avance hacia una transición justa y planificada que reduzca la dependencia de petróleo, gas y carbón, y lo haga de forma compatible con el desarrollo de los países más vulnerables.
Una hoja de ruta que toma forma
El Gobierno brasileño, con la ministra Marina Silva al frente, trabaja con una serie de países para perfilar una propuesta que establezca pasos verificables para la salida de los combustibles fósiles. La idea se negocia, de momento, al margen de las mesas formales, con la posibilidad de incorporarla a la decisión final o como texto complementario.
Varios borradores circulan ya entre delegaciones, y algunos estados insulares han mostrado su apoyo por escrito. El precedente organizativo existe: en otra COP reciente se acordó un plan técnico para ampliar la financiación climática que luego se fue desarrollando durante el año siguiente.
Apoyos: Europa, Reino Unido y América Latina
Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca figuran entre los países europeos que respaldan el enfoque, junto a Colombia y Kenia. Desde Berlín, el secretario de Estado para el Clima ha señalado que acordar una hoja de ruta en Belém sería una señal política potente para acelerar la transición.
Colombia prepara además una declaración específica para promover el abandono ordenado de los combustibles fósiles, a la que se están adhiriendo más gobiernos. La propuesta busca sumar masa crítica y facilitar su integración en futuras contribuciones nacionales (NDC).
Obstáculos geopolíticos y resistencias
El camino no está despejado. Grandes productores, como algunos países del Golfo, han mostrado reticencias ante cualquier lenguaje que apunte a una eliminación explícita de los combustibles fósiles. También pesan decisiones recientes en foros internacionales que frenaron intentos de fijar impuestos al carbono en sectores como el marítimo.
En paralelo, varios países en desarrollo defienden que la transición no puede hacerse sin financiación adecuada, transferencia tecnológica y plazos adaptados a sus realidades. Como resumió el enviado de Kenia para el clima, el mundo debe moverse con rapidez, pero «no se puede cambiar de la noche a la mañana«.
La calle presiona y España entra en juego
La primera semana dejó movilizaciones multitudinarias y una Cumbre de los Pueblos que exige abandonar los combustibles fósiles y blindar derechos de comunidades afectadas. Este pulso social empuja a elevar la ambición y a cerrar un texto final que no se quede en declaraciones bienintencionadas.
En el ámbito europeo, se mira a la UE para que recupere liderazgo y al Gobierno de España para que use su peso político en la negociación de mitigación. Madrid ha respaldado iniciativas internacionales que apuntan a un phase-out justo y ordenado, y participa en alianzas como BOGA (Más allá del Petróleo y el Gas), aunque el reto es llevar esas posiciones al corazón de las decisiones de la COP.
Fin de la financiación fósil y nuevas palancas fiscales
Diez años después de París, persisten subsidios a combustibles fósiles por alrededor de 1,3 billones de dólares anuales, y la inversión privada acumulada desde 2015 en el sector asciende a 7,9 billones. Organizaciones sociales piden cerrar esas grietas y reorientar flujos financieros hacia una transición justa.
Gana terreno un paquete de medidas fiscales para alinear dinero público y privado con el clima: eliminar subvenciones fósiles, gravar beneficios extraordinarios del sector, regular las carteras bancarias y crear tasas a consumos de lujo intensivos en carbono, como los vuelos VIP. Varios países ya exploran estos instrumentos, y hay propuestas para extenderlos de forma coordinada.
- Eliminar de forma calendarizada las subvenciones a combustibles fósiles.
- Aplicar impuestos a beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas.
- Regular inversiones financieras para evitar burbujas fósiles.
- Implantar tasas específicas a aviación de lujo y otros consumos intensivos.
El papel del G20 y la brecha de ambición
La responsabilidad del G20 es clave: agrupa cerca del 80% de las emisiones y del 85% del PIB mundial. Tras el Balance Global, los países aceptaron que para mantener vivo el 1,5 ºC deben reducir emisiones en torno a un 60% para 2035, triplicar renovables y duplicar eficiencia energética en 2030.
Sin embargo, los planes nacionales presentados no incluyen, en muchos casos, compromisos claros de salida de los combustibles fósiles ni objetivos cuantificados en renovables y eficiencia. El riesgo de cerrar un texto meramente simbólico está sobre la mesa si no se aterrizan decisiones.
Tendencias: emisiones, pico cercano y ventana de oportunidad
El último Global Carbon Budget constata que las emisiones globales siguen altas y el CO₂ se acumula, pero algunas señales sugieren que el pico de emisiones podría acercarse si se acelera la adopción de renovables. China, a la vez mayor emisor y líder en despliegue limpio, ilustra esa dualidad.
En Europa, varios países —entre ellos España, Francia y Alemania— han demostrado que el crecimiento económico puede desacoplarse de los gases de efecto invernadero. Aun así, la brecha entre promesas y acción persiste, y obliga a fijar fechas, hitos y financiación para abandonar los combustibles fósiles sin dejar a nadie atrás.
Si la COP30 logra encajar una hoja de ruta verificable, apoyada por una reforma de la financiación y herramientas fiscales coherentes, el compromiso de Dubái dejará de ser una consigna y se convertirá en un calendario de transformación real con espacio para el liderazgo europeo y un papel activo de España.
