El desarrollo del biometano en Castilla-La-Mancha se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política energética y ambiental de la región. En torno a esta apuesta se mueven intereses agrarios, industriales y municipales, pero también inquietudes vecinales, lo que está generando un intenso debate público sobre dónde y cómo deben implantarse estas instalaciones.
La Junta de Comunidades, los sectores productivos, las empresas promotoras y los colectivos ciudadanos como STOP Biometano están midiendo fuerzas y argumentos alrededor del futuro Plan Regional de Biometano y Biometanización, una herramienta que marcará hasta 2030 las condiciones para la ubicación de las plantas, el tratamiento de residuos orgánicos y las garantías ambientales exigidas.
El Plan Regional de Biometano y la hoja de ruta hasta 2030
La Consejería de Desarrollo Sostenible, encabezada por Mercedes Gómez, está ultimando el Plan Regional de Biometano y Biometanización con horizonte 2030. Este documento busca ordenar la implantación de plantas en Castilla-La-Mancha, fijando criterios claros sobre localización, distancias a viviendas, gestión de residuos y evaluación ambiental de cada proyecto.
En varias comunicaciones oficiales, la consejera ha insistido en que todas las instalaciones deberán someterse a una tramitación ambiental muy rigurosa. Esto implica que, además de la normativa general, se aplicarán requisitos adicionales específicos del plan, relacionados con la protección del medio ambiente, la salud pública y la convivencia con las poblaciones cercanas.
Entre los puntos clave, el plan recoge distancias mínimas a núcleos poblacionales, limitaciones en zonas con protección ambiental y criterios para evitar una concentración excesiva de plantas en un mismo entorno. La ubicación no solo dependerá de la disponibilidad de residuos o de infraestructuras gasistas, sino también de la compatibilidad urbanística y de los impactos acumulativos sobre la economía local y otras actividades.
La Junta ha recalcado que, durante el trámite de Información Pública y Consultas a Administraciones Interesadas, se valorarán todas las alegaciones relativas a posibles impactos sobre el medio ambiente o la salud. Según Gómez, la idea es que la participación ciudadana y el diálogo con los municipios formen parte estructural del proceso, y no un mero trámite formal.
Un territorio con enorme potencial agroganadero y vitivinícola
Diversos expertos coinciden en que Castilla-La Mancha es una región especialmente adecuada para el despliegue del biometano. El catedrático de Ingeniería Química de la UCLM y decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, Manuel Rodrigo, subraya que el peso agroganadero y agroforestal de la comunidad genera una gran cantidad de residuos que pueden valorizarse mediante esta tecnología.
Rodrigo recuerda que el biometano se obtiene a partir de la degradación biológica de materia orgánica procedente de residuos agrícolas, ganaderos, forestales, industriales o lodos de depuradora. En condiciones anaerobias, bacterias especializadas transforman esa materia en biogás, compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, que posteriormente se purifica para obtener un biometano apto como combustible renovable.
El proceso genera además un subproducto, el digestato, que puede utilizarse como fertilizante o acondicionador del suelo. Según los expertos, este material permite devolver al terreno buena parte de los nutrientes de origen, reduciendo la dependencia de fertilizantes químicos y contribuyendo a un modelo agrario más circular y eficiente.
En el caso concreto del sector vitivinícola, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha mantenido reuniones con la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos (ADEVIN), presidida por Antonio Ortega Fajardo. Uno de los grandes focos de interés es la gestión de las vinazas, un residuo orgánico procedente de la destilación de alcohol vínico cuya correcta valorización es clave para la viabilidad de muchas empresas.
Castilla-La Mancha produce una media de 23 millones de hectolitros de vino y mosto al año, lo que supone cerca del 60 % del total nacional, alrededor del 15 % de la producción de la UE y en torno al 9 % a escala mundial. Esta magnitud convierte a la región en un auténtico polo vitivinícola, pero también en un territorio con un volumen importante de subproductos que requieren soluciones de gestión estables y sostenibles.
Plantas de biometano: tecnología, seguridad y control de impactos
Desde el punto de vista técnico, Manuel Rodrigo defiende que las plantas de biometano constituyen una solución viable tanto ambiental como económicamente, y que operan con «todas las garantías de seguridad» si se diseñan y explotan correctamente. El auge del sector se explica, en buena parte, porque ya existe una infraestructura gasista consolidada en España, que permite inyectar el biometano a la red y facilita su aprovechamiento económico.
El director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia, David García, incide en que estas instalaciones gestionan un residuo que ya existe en el entorno. La planta se encarga, por un lado, de tratar ese residuo evitando problemas ambientales, y por otro, de transformarlo en una energía renovable que sustituye a combustibles fósiles, contribuyendo a la descarbonización del sistema energético. Además, existen iniciativas como la primera estación pública de biognl y biometano que demuestran la consolidación de la cadena de valor.
García explica que las plantas modernas se diseñan para minimizar el impacto sobre las poblaciones cercanas. Los camiones que transportan los residuos desde las granjas hasta las instalaciones se adaptan para evitar la salida de olores y se organizan rutas que no atraviesan los centros urbanos. Una vez en la planta, la materia prima se maneja en recintos cerrados, con presión negativa y sistemas de tratamiento de olores, de forma que se reduzca al máximo la posible emisión al exterior. Este punto es frecuente en casos como la polémica en Teixeiro, donde la gestión de la convivencia con vecinos ha sido central.
El presidente de la cooperativa agraria Avicon, Mario Contento, también ha querido trasladar una visión cercana al territorio. A su juicio, una planta de biometano “es una cosa limpia” si está bien construida y explotada, ya que no tiene por qué generar olores ni molestias. Para el sector ganadero, añade, el beneficio puede ser doble: se retiran los estiércoles y otros residuos de las explotaciones, y al mismo tiempo se obtiene un producto energético con valor en el mercado.
Contento insiste en la necesidad de explicar con calma a la población el funcionamiento real de estas instalaciones, destacando que en otros países europeos y en comunidades como Cataluña las plantas de biometano ya se encuentran en funcionamiento sin que se hayan registrado problemas significativos. A su entender, la clave es combinar una buena tecnología con transparencia y diálogo con el entorno.
Garantías ambientales, control de olores y gestión del digestato
Uno de los puntos que más inquietud genera entre los vecinos de determinadas zonas es el posible impacto de las plantas en términos de olores, emisiones gaseosas y seguridad sanitaria. La Consejería de Desarrollo Sostenible sostiene que el futuro Plan Regional introducirá requisitos específicos para reducir estos riesgos al mínimo.
El documento exigirá a las empresas la realización de un estudio odorífero previo, que demuestre que los posibles olores y emisiones procedentes de la planta no alcanzarán a las poblaciones cercanas. Además, se obliga a que los residuos se almacenen en instalaciones cerradas con presión negativa y biofiltros, precisamente para retener los compuestos olorosos y tratar el aire antes de liberarlo.
En cuanto a la emisión de gases, el plan prevé un control estricto de metano y otros compuestos. Según la consejera, además de responder a las exigencias ambientales y sanitarias de la normativa, este control es crucial para la propia rentabilidad de la planta, ya que el biogás y el biometano son una de sus principales líneas de ingreso. La Junta asegura que las personas no estarán expuestas a gases tóxicos, contaminantes ni aerosoles con patógenos en condiciones normales de funcionamiento.
Otra preocupación frecuente gira en torno al manejo del digestato, el subproducto resultante del proceso de digestión anaerobia. Para aclarar dudas, Gómez recuerda que los digestores funcionan con bacterias vivas muy sensibles a sustancias nocivas. Si los residuos iniciales contuvieran altos niveles de compuestos tóxicos, esas bacterias se verían afectadas y la instalación no podría operar, lo que actúa como una especie de filtro biológico añadido.
El plan también contempla medidas preventivas frente a la emisión de amoníaco, como el cubrimiento total de balsas y el almacenamiento de sustratos líquidos en tanques herméticos con sistemas cubiertos. Estas condiciones buscan evitar la volatilización de gases y asegurar que la fase de almacenamiento y gestión del digestato sea compatible con las exigencias ambientales y las expectativas de las comunidades rurales.
Papel de los ayuntamientos y Guía de Buenas Prácticas
En el reparto de responsabilidades, la Junta insiste en que la autonomía local queda plenamente salvaguardada. Los ayuntamientos implicados en la posible implantación de una planta de biometano deben elaborar, al menos, dos informes: uno de compatibilidad urbanística, que analice si el proyecto encaja con el planeamiento vigente, y otro sobre la afección socioeconómica y los efectos acumulativos respecto a otras actividades y proyectos relevantes ya existentes en el municipio.
Solo una vez superada la evaluación ambiental y obtenidos los informes municipales, las corporaciones locales pueden conceder -o no- la licencia de obra y la licencia de actividad. La Junta recalca que, si la instalación no cumple con los requisitos urbanísticos y ambientales, el proyecto no tendrá luz verde. De esta forma, los consistorios conservan margen para orientar su modelo de desarrollo y marcar límites en función de la realidad de cada término municipal.
Como referencia para administraciones y promotores, la consejera cita la Guía de Buenas Prácticas para la Implantación de Proyectos de Biogás y Biometano elaborada por el IDAE. Este documento propone siete grandes líneas de actuación, entre las que destacan el diálogo temprano con la población local, la transparencia en la información, la participación ciudadana desde las fases iniciales y la búsqueda de beneficios tangibles para las comunidades más directamente afectadas.
La guía pone énfasis en el emplazamiento adecuado de las plantas, la gestión eficiente de los residuos y la seguridad en el almacenamiento de materias primas. También dedica apartados específicos a la correcta gestión del digerido (digestato) y al refuerzo de los sistemas de control y supervisión, con el objetivo de consolidar la confianza social en este tipo de infraestructuras.
Desde la Consejería, se enmarca todo este despliegue en un contexto de “revolución energética y económica” marcado por la incertidumbre geopolítica y la necesidad de aumentar la autonomía energética y la disponibilidad de fertilizantes orgánicos alternativos. La apuesta regional pasa por aprovechar un recurso abundante en el territorio, combinando desarrollo económico y garantías ambientales.
Plataformas ciudadanas y debate social: el caso de Tomelloso
En paralelo al impulso institucional y empresarial, el avance del biometano en Castilla-La Mancha está generando una movilización creciente de plataformas ciudadanas. Bajo la etiqueta STOP Biometano, distintos colectivos han trasladado a la Junta y a los ayuntamientos su preocupación por el impacto potencial de estas plantas en su entorno más cercano.
La consejera Mercedes Gómez ha respondido por escrito a las peticiones de estas plataformas, intentando aclarar aspectos como las distancias mínimas a viviendas, la separación entre diferentes plantas, los criterios de ubicación y el tratamiento de las alegaciones vecinales. En su carta, recalca el respeto a las aportaciones realizadas en los procesos de participación pública y recuerda que cada una de las cuestiones planteadas -olores, emisiones, tráfico pesado- da pie a debates amplios y, en ocasiones, difíciles de cerrar.
Más allá del plano autonómico, el debate se traslada también a la escala municipal. En Tomelloso, por ejemplo, la posible instalación de una planta de biometano ha desencadenado una intensa discusión política y social. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado un “grave episodio” en el pleno del 22 de abril, donde, según su versión, el alcalde Javier Navarro habría impedido al portavoz socialista intervenir en el turno de preguntas del público, pese a las alusiones directas de representantes de la Plataforma STOP Biometano Tomelloso.
Los socialistas interpretan este episodio como una muestra de “caciquismo” en la gestión de los plenos y aseguran que, en otras ocasiones, el alcalde sí ha permitido intervenciones del Grupo Socialista cuando le resultaba políticamente conveniente. También critican el tono empleado por el portavoz del equipo de gobierno hacia los vecinos durante el turno de ruegos y preguntas, al que califican de amenazante e impropio de un responsable institucional.
En cuanto al fondo del asunto, el PSOE de Tomelloso mantiene un rechazo al proyecto de planta de biometano tal y como está planteado, así como a la forma en que, a su juicio, se ha gestionado desde la Alcaldía. Acusan a Javier Navarro de actuar como “comercial” de la empresa promotora y de mostrar un interés excesivo en sacar adelante el proyecto, mientras que reivindican haber sido los primeros en alertar públicamente sobre las dudas que les generaba la iniciativa.
El grupo socialista reclama que el Ayuntamiento utilice todas las herramientas legales municipales disponibles para limitar o impedir la implantación de esta planta, siguiendo el ejemplo de otros alcaldes de la región, tanto del PSOE como del PP, que han adoptado decisiones restrictivas frente a proyectos similares. A su entender, la Junta ya ha dejado claro que los consistorios tienen margen para decidir si aceptan o no este tipo de instalaciones en su término municipal, de modo que la responsabilidad final recaería en el equipo de gobierno local.
En este cruce de posturas, el caso de Tomelloso ilustra hasta qué punto la implantación de plantas de biometano puede convertirse en un tema de alta sensibilidad política y social, donde se mezclan cuestiones técnicas, ambientales, económicas y de participación ciudadana. La manera en que se gestionen estos conflictos locales marcará, en buena medida, la percepción pública sobre el conjunto de la estrategia regional.
Con todo este panorama, Castilla-La Mancha encara la expansión del biometano en una posición delicada pero con un notable potencial: por un lado, cuenta con un tejido agroganadero y vitivinícola capaz de aportar grandes volúmenes de residuos valorizables y con empresas dispuestas a invertir en nuevas plantas; por otro, la Junta diseña un marco regulador exigente y los municipios reclaman protagonismo, mientras parte de la ciudadanía pide más garantías y voz en las decisiones. El equilibrio entre aprovechar la oportunidad energética y económica y atender a las preocupaciones vecinales será determinante para que el biometano se consolide como una herramienta útil para el medio rural, aceptada socialmente y alineada con los objetivos climáticos de España y de la Unión Europea.
