La discusión sobre biocombustibles en Argentina se ha intensificado en los últimos meses, empujada por dos fuerzas que tiran en direcciones distintas: por un lado, los avances normativos y productivos de Brasil; por otro, un sector agroindustrial local que ve cómo se acorta la ventana de oportunidad mientras el debate legislativo sigue empantanado. En el centro de la escena están el bioetanol, el biodiésel y los combustibles sostenibles para aviación.
En paralelo, el país comienza a dar pasos propios, aunque más tímidos, como la realización del primer vuelo con bioetanol producido en Argentina, una prueba técnica que demuestra que la capacidad industrial y tecnológica existe. Sin embargo, sin una ley moderna y estable, la industria advierte que será difícil transformar estos hitos puntuales en una estrategia de desarrollo a largo plazo.
Brasil acelera con el combustible sostenible de aviación
Mientras en Buenos Aires el debate se prolonga, Brasil acaba de dar un paso clave al reglamentar su Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV), previsto en la denominada Ley del Combustible del Futuro. El decreto, firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 12 de agosto de 2026, fija el marco definitivo para la producción, certificación, comercialización y uso del combustible sostenible de aviación (SAF) en el país vecino.
La normativa no impone un porcentaje fijo de mezcla de SAF con queroseno tradicional, sino que establece metas obligatorias y graduales de reducción de emisiones en los vuelos domésticos. A partir de 2027, las aerolíneas deberán comenzar con un objetivo mínimo del 1% y el esquema irá aumentando hasta alcanzar una reducción del 10% en 2037, otorgando previsibilidad a largo plazo para las inversiones en esta nueva industria.
Para garantizar la integridad ambiental del sistema, Brasil creó un sistema nacional de certificación obligatoria para todo el SAF producido localmente o importado, con requisitos estrictos de sostenibilidad y trazabilidad. En este marco nace el Certificado de Sustentabilidad del SAF (CS-SAF), un instrumento que permite separar comercialmente el atributo ambiental del volumen físico de combustible, de forma que una aerolínea pueda acreditar reducción de emisiones aunque el SAF se utilice en otro punto de la red.
Los planes oficiales brasileños son ambiciosos tanto en volumen como en impacto económico. Distintos organismos del país estiman que, hacia 2030, la capacidad potencial de producción de SAF rondará los 2.100 millones de litros anuales, y que podría escalar aún más hacia 2035. Esta proyección colocaría a Brasil como uno de los líderes regionales en combustibles sostenibles para la aviación.
El Gobierno de Lula asocia además este programa con objetivos de desarrollo productivo: estimaciones oficiales señalan que el despliegue del ProBioQAV puede aportar miles de puestos de trabajo, inversiones multimillonarias en reales y una reducción acumulada de millones de toneladas de CO₂ durante la primera década de funcionamiento, integrando así política energética, agroindustria y empleo.
Una oportunidad agroindustrial a partir de aceites, residuos y etanol
El interés argentino por lo que sucede en Brasil no es casual: el corazón del modelo brasileño es la conexión entre transición energética y cadenas agroindustriales. El SAF puede elaborarse a partir de aceites vegetales, residuos agrícolas, grasas animales, bioetanol de caña de azúcar o maíz, e incluso residuos forestales u orgánicos y combustibles sintéticos generados con hidrógeno y carbono capturado.
Este abanico de materias primas supone una nueva vía de agregado de valor para el agro, algo que en Argentina tiene un peso particular por la escala de sus cultivos de soja, maíz y caña de azúcar. El enfoque brasileño no fija cupos por cultivo, sino que deja abierta la puerta a múltiples rutas tecnológicas, siempre que cumplan con los criterios de sostenibilidad establecidos.
Para el complejo exportador argentino, agrupado en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), el caso brasileño demuestra que los biocombustibles no deben verse solo como una herramienta ambiental, sino como una política industrial de largo plazo. La posibilidad de transformar aceites vegetales, subproductos y residuos en combustibles avanzados se percibe como un modo de diversificar mercados y reducir la dependencia de las exportaciones de grano sin procesar.
El argumento se repite en distintos comunicados de la entidad: un mercado interno más amplio para bioetanol y biodiésel en Argentina podría impulsar nuevas plantas, atraer inversiones industriales, consolidar empleo calificado y dar aire a las economías regionales donde se produce la materia prima. Al mismo tiempo, se subraya el potencial beneficio para los consumidores si una mayor competencia y eficiencia logran contener costes a medio plazo.
En este contexto, la reglamentación del ProBioQAV en Brasil se vive desde Argentina como una señal de hacia dónde se dirige la región. Mientras un país consolida reglas claras para el uso de biocombustibles en aviación y transporte, el otro sigue inmerso en discusiones sobre cómo actualizar un marco legal que varios actores del sector consideran obsoleto.
La industria aceitera argentina redobla la presión por una nueva ley
Desde hace meses, CIARA-CEC viene insistiendo en que la Argentina necesita una ley de biocombustibles moderna que acompañe la evolución tecnológica y el contexto internacional. La entidad critica el régimen vigente, al que califica de rígido, y sostiene que el actual proyecto que se discute en el Senado no avanza al ritmo necesario ni recoge plenamente las demandas del sector productivo.
La propuesta impulsada por el oficialismo plantea, entre otros puntos, un aumento de los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel en las naftas y el gasóleo, un esquema de formación de precios vinculado a la paridad de importación y un sistema de licitaciones progresivas para asignar cupos de producción. También prevé un período de transición hasta 2031 y una vigencia de 15 años, lo que en teoría daría un horizonte estable a las inversiones.
Sin embargo, la tramitación legislativa avanza con lentitud y el proyecto ha quedado en suspenso en varias ocasiones, incluso cuando se debatió la Ley Bases y se optó por retirar el capítulo referido a biocombustibles ante la falta de acuerdo con provincias, refinadoras y otros actores de la cadena. Para la industria aceitera, cada mes de demora supone perder terreno frente a Brasil, que ya cuenta con programas consolidados para SAF, diésel verde, biometano y otras alternativas bajas en carbono.
En sus intervenciones públicas, el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, recurre a comparaciones directas: sostiene que “mientras Brasil construye futuro” Argentina sigue atada a una legislación de corte intervencionista y a un proyecto que “no encuentra voluntad política” para ser aprobado. Su mensaje se repite en distintos foros: el futuro del país, afirma, pasa por generar bioenergías a partir de materia prima agrícola de alta calidad y con estándares de sostenibilidad, bajo un esquema de mayor competencia.
La industria subraya, además, que el debate no debería limitarse a la aviación. Desde la óptica empresarial, la prioridad inmediata es ampliar el uso de bioetanol y biodiésel en el parque automotor, lo que permitiría absorber parte de la capacidad ociosa de las plantas y sentar las bases para dar el salto a nichos más sofisticados como los combustibles para aviones y barcos. La comparación con Brasil, que ya incorpora estos objetivos en un mismo paquete normativo, funciona como una especie de espejo incómodo.
Primer vuelo con bioetanol argentino: prueba técnica y mensaje político
En medio de esta discusión normativa, la industria argentina de biocombustibles celebró recientemente un hito simbólico pero relevante: por primera vez se utilizó bioetanol producido en el país como combustible en una operación aérea. La experiencia tuvo lugar en el Aero Club Alto Paraná, en Eldorado (Misiones), con una aeronave Embraer Ipanema 203 destinada habitualmente a tareas de pulverización agrícola.
El combustible empleado fue elaborado por Bioenergías Agropecuarias S.A., parte de Essential Energy Holding, a partir de materias primas locales como la caña de azúcar y el maíz. De esta forma, un producto asociado hasta ahora casi en exclusiva al transporte terrestre demostró su viabilidad técnica en un entorno aéreo, abriendo la puerta a nuevas líneas de desarrollo tecnológico.
La prueba se enmarcó en un Memorando de Entendimiento firmado a comienzos de año entre los distintos actores implicados, con el objetivo de explorar el potencial de los biocombustibles argentinos para contribuir a una aviación con menor huella de carbono. Más allá del vuelo en sí, la iniciativa busca evidenciar que el país dispone de conocimientos, materia prima y capacidad industrial para dar respuesta a una demanda global creciente de combustibles renovables.
Desde la empresa promotora y desde el propio sector agroindustrial, se ha presentado este ensayo como un ejemplo de las sinergias posibles entre campo, industria y energía. La idea es que, si se establecen reglas claras y estables, experiencias como la de Eldorado puedan escalar en frecuencia y alcance, y convertirse en un primer paso hacia una participación más activa de Argentina en las cadenas internacionales de biocombustibles para aviación.
El reto, admiten los propios protagonistas, es que estos avances puntuales no queden aislados. Sin un marco regulatorio actualizado, temen que el país se limite a acumular demostraciones técnicas y a seguir de cerca lo que ocurre en Brasil y otras economías, en lugar de posicionarse como proveedor relevante de combustibles sostenibles a escala regional.
La fotografía actual de los biocombustibles en Argentina muestra, por tanto, una combinación de potencial y retraso: existe capacidad agrícola y tecnológica, se multiplican los ejemplos de uso de bioetanol y biodiésel y ya se han realizado pruebas en aviación, pero la falta de una ley moderna y consistente genera incertidumbre. Mientras Brasil avanza con programas integrados, metas obligatorias y sistemas de certificación para el SAF, la agroindustria argentina insiste en que el país aún está a tiempo de subirse a esa ola siempre que se defina, de una vez y con mirada de largo plazo, cómo quiere utilizar sus recursos agrícolas en la transición energética global.
