El campo español y europeo atraviesa una de las coyunturas más complicadas de los últimos años. El precio de los fertilizantes se ha disparado hasta un 72% respecto a 2024 debido al bloqueo del estrecho de Ormuz y la crisis en Oriente Próximo, lo que ha llevado a Bruselas y a Madrid a movilizar fondos extraordinarios. Sin embargo, la retirada de una cláusula de protección en el impuesto al carbono europeo amenaza con agravar aún más la situación de los agricultores.
Mientras la Comisión Europea y el Consejo de la UE han dado luz verde a un paquete de 540 millones de euros con cargo a la reserva agrícola de la PAC, el Gobierno español ya ha puesto en marcha una ayuda nacional de 665 millones. Ambas líneas son complementarias y buscan aliviar el golpe a las explotaciones, pero el sector reclama medidas estructurales que vayan más allá de las subvenciones puntuales.
Ayudas europeas y nacionales para hacer frente al encarecimiento
El pasado 17 de julio, la Comisión Europea confirmó el reparto de los 540 millones de euros procedentes de la reserva agrícola de crisis. España es el cuarto país más beneficiado, con 50.174.300 euros, solo por detrás de Francia, Polonia y Alemania. Los Estados miembros tienen hasta el 28 de febrero de 2027 para distribuir estos fondos entre sus agricultores, y pueden complementarlos con hasta un 200% de financiación nacional adicional, lo que elevaría el potencial total del paquete a 1.500 millones de euros en toda la UE.
Paralelamente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha publicado el primer listado de beneficiarios de la ayuda estatal directa, dotada con 665 millones de euros. Un total de 424.593 agricultores figuran en ese listado y podrán cobrar hasta 607 millones de euros, calculados a razón de 38,33 euros por hectárea en secano y 92,50 euros por hectárea en regadío, con un tope de 300 hectáreas por beneficiario. Eso sí, para recibir el dinero es imprescindible aceptar expresamente la ayuda a través de la sede electrónica del FEGA antes del 27 de julio de 2026. La aceptación implica comprometerse a haber adquirido fertilizantes con fecha posterior al 1 de marzo de 2026 y a conservar las facturas durante diez años.
El CBAM: un impuesto que encarece aún más los fertilizantes
Mientras las ayudas tratan de paliar la crisis, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM en fertilizantes) se ha convertido en un nuevo frente de batalla. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha suprimido el artículo 27a, la única disposición que permitía suspender temporalmente este impuesto sobre los fertilizantes importados en situaciones de crisis. Organizaciones como ASAJA y Cooperativas Agro-alimentarias de España denuncian que esta decisión deja al agricultor completamente expuesto justo cuando los precios se están disparando.
El CBAM grava el carbono emitido en la fabricación de fertilizantes importados, y ese sobrecoste se traslada directamente al agricultor. Según COPA-COGECA, el coste para el campo europeo podría alcanzar los 820 millones de euros en 2026 y escalar hasta 3.400 millones anuales en 2034 si no se revisa. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ya trasladó en el Consejo de la UE su exigencia de retirar los fertilizantes del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), lo que eliminaría de raíz el CBAM.
La votación de la comisión ENVI no es definitiva. El Pleno del Parlamento Europeo votará en septiembre la posibilidad de restituir la salvaguarda. Tanto ASAJA como Cooperativas Agro-alimentarias han hecho un llamamiento a los eurodiputados para que aprovechen esa ocasión y restablezcan un mecanismo de suspensión temporal limitado a situaciones de crisis, compatible con los objetivos de descarbonización.
Medidas complementarias y plazos para los agricultores
Además de las ayudas directas, la UE ha introducido cambios en la PAC para facilitar la liquidez del sector. Se ha creado un nuevo mecanismo de desarrollo rural cofinanciable hasta el 65% con el Feader que puede cubrir hasta el 50% del sobrecoste de fertilizantes, porcentaje que sube al 80% para quienes tengan compromisos de reducción de uso mediante el empleo de biofertilizantes contra el deterioro del suelo. También se adelanta el anticipo de pagos directos del 70% al 75% para la campaña 2026, con posibilidad de abonarlo antes del 16 de octubre.
Para los agricultores españoles, la vía práctica ya operativa es la ayuda nacional del FEGA. Los pasos son claros: comprobar si la explotación figura en el listado, aceptar la ayuda telemáticamente antes del 27 de julio, conservar las facturas de compra de fertilizantes posteriores al 1 de marzo de 2026 durante un mínimo de diez años y tener disponible el cuaderno de explotación por si la Administración lo requiere. El plazo para el reparto de los fondos europeos, en cambio, se extiende hasta el 28 de febrero de 2027, y España puede sumar hasta un 200% de fondos nacionales a su asignación.
La crisis de los fertilizantes no da tregua, pero al menos existen dos vías de financiación que pueden aliviar a las explotaciones mientras se resuelve el pulso político sobre el CBAM. La combinación de los 665 millones nacionales y los 50,17 millones europeos supone un respiro para un sector que lleva desde marzo pagando los fertilizantes nitrogenados hasta un 72% más caros que el año anterior. Sin embargo, el campo necesita soluciones estructurales que eviten que el coste de la descarbonización recaiga siempre sobre los mismos.
