La polémica en torno a la planta de biogás proyectada en el barrio de La Atalaya, en el municipio grancanario de Santa María de Guía, sigue creciendo y se consolida como uno de los conflictos ambientales y vecinales más relevantes de la zona norte de Gran Canaria. A la preocupación social de los residentes se suman ahora nuevas alegaciones institucionales, que ponen el foco en la falta de una evaluación ambiental conjunta y en la proximidad de las instalaciones a áreas densamente pobladas.
En paralelo, la oposición ciudadana se ha organizado en torno a la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya, que ha dado el salto de la movilización en la calle a la vía judicial. Las asambleas vecinales, las alegaciones formales y el debate público han desembocado en un escenario más complejo, en el que las decisiones administrativas y los tribunales van a tener un papel determinante sobre el futuro del proyecto, como muestran otras movilizaciones similares en España.
Un proyecto vinculado a una planta híbrida cercana a Gáldar
El eje del conflicto gira en torno a la planta de tratamiento y valorización de destríos agropecuarios destinada a producir biogás y compost en La Atalaya, que sirve de base funcional para una instalación de generación híbrida (cogeneración-eólica) de 499 kW promovida por la empresa Conagrican, S.L. Esta planta híbrida se proyecta en el término municipal de Santa María de Guía, pero muy próxima al lindero con Gáldar; casos como el de otras empresas que avanzan plantas muestran la complejidad técnica y social de estas iniciativas, por ejemplo la que avanza en La Sentiu de Sió.
Según ha reiterado el Ayuntamiento de Gáldar, la instalación de generación híbrida se ubicaría a unos 800 metros de su término municipal, con incidencia directa en núcleos como Caleta de Arriba y el propio casco urbano galdense. Esta cercanía hace que el Consistorio se considere claramente afectado y, por tanto, con derecho a ser consultado y escuchado en todo el procedimiento de autorización, un derecho que se ha reivindicado incluso mediante consultas vinculantes en otros municipios.
El proyecto de biogás en La Atalaya no se presenta de forma aislada, sino como parte de un conjunto industrial que combina tratamiento de residuos agropecuarios, producción de biogás, compostaje y generación energética mediante cogeneración y eólica. Precisamente esta interdependencia entre instalaciones es uno de los argumentos centrales de las alegaciones municipales, que exigen una evaluación global y no fragmentada, un debate presente en los análisis sobre las plantas de biogás en España.
Entre las preocupaciones compartidas por las administraciones de Gáldar y Santa María de Guía se encuentra el hecho de que la planta se proyecta a escasa distancia de zonas habitadas, con un colegio a unos 500 metros de la ubicación prevista. Este dato aviva el debate sobre la idoneidad del emplazamiento elegido y la necesidad de extremar las garantías sanitarias y ambientales, como ocurrió en otros proyectos que terminaron archivándose por la presión social y ambiental, por ejemplo en Cantabria.
Ausencia de trámite de audiencia y evaluación ambiental integrada
El Ayuntamiento de Gáldar ha reiterado en varios escritos que no fue incluido en el trámite de Evaluación Ambiental del proyecto base de biogás ni de la posterior planta híbrida vinculada a este. Pese a tratarse de una administración directamente afectada por la cercanía de la infraestructura, no se le habría concedido la audiencia preceptiva, algo que el Consistorio considera contrario a la legislación vigente; en otros municipios se han adoptado medidas administrativas como la suspensión temporal de licencias, como en Cabra.
En octubre de 2025, Gáldar ya había presentado alegaciones contra la planta de biogás en La Atalaya, cuestionando su impacto ambiental, sanitario y territorial. Sin embargo, el propio Ayuntamiento denuncia que esas alegaciones siguen sin respuesta expresa por parte de la Administración autonómica, mientras se impulsa ahora una nueva autorización para la planta híbrida que se apoya precisamente en aquella infraestructura inicial.
El Consistorio sostiene que esta forma de tramitar el expediente, con autorizaciones independientes para piezas de un mismo sistema industrial, puede vulnerar los principios de buena administración, seguridad jurídica y evaluación ambiental integrada. A su juicio, trocear el proyecto impide analizar de manera realista los efectos acumulados y las sinergias entre las distintas instalaciones, una crítica similar a la expresada en la polémica por la macroplanta proyectada en Huesca.
Gáldar reclama ser reconocida de forma expresa como administración afectada e interesada en el procedimiento, tal y como establece la normativa cuando un proyecto puede tener repercusión directa en el territorio y la población de un municipio colindante. El alcalde, Teodoro Sosa, ha firmado los escritos en los que exige que se corrijan estas carencias de participación institucional, reclamando mecanismos de participación similares a los recogidos en debates sobre consultas populares.
Además, el Ayuntamiento insiste en que no se ha llevado a cabo una evaluación conjunta e integral de todos los impactos derivados de la planta de biogás, el compostaje y la generación híbrida de energía, lo que a su entender limita la transparencia y el control público sobre una actuación con efectos potencialmente relevantes para la comarca. Esta exigencia conecta con el debate que surgió en torno a los proyectos masivos en otras regiones y su evaluación territorial.
Riesgos ambientales, malos olores y afección a la salud pública
Entre los argumentos más repetidos por el Ayuntamiento de Gáldar y por la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya figura la preocupación por los posibles riesgos ambientales y efectos sobre la salud asociados a este tipo de instalaciones cuando se ubican próximas a viviendas, centros educativos y zonas de uso cotidiano. Escenarios similares se han debatido ampliamente en la controversia en Navarra.
Las alegaciones municipales advierten de que la intensificación de la actividad industrial podría traducirse en un aumento de emisiones a la atmósfera, generación de olores, ruidos, vibraciones y tráfico pesado. Estos factores, de consolidarse, podrían repercutir en la calidad de vida de los residentes en La Atalaya, Caleta de Arriba y otras áreas cercanas, especialmente en un entorno donde la dirección y velocidad del viento juegan un papel clave en la dispersión de olores y partículas; por eso en ocasiones la movilización vecinal incluye acciones públicas como la cacerolada en Zamora.
Se subraya también que la cercanía de un colegio a unos 500 metros del emplazamiento previsto obliga a extremar el análisis de riesgos, ya que se trata de una población especialmente sensible. El posible impacto de olores persistentes o de aire potencialmente contaminado en menores y personal educativo preocupa tanto al movimiento vecinal como a las instituciones locales.
En el plano jurídico, el Ayuntamiento ha invocado el artículo 43 de la Constitución Española, relativo al derecho a la protección de la salud, y el artículo 45, que reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado. A partir de estos preceptos, se reclama la aplicación del principio de precaución, muy presente en la jurisprudencia europea y española cuando existen dudas razonables sobre los efectos de una actividad industrial sobre la salud pública, como ha ocurrido en casos que han pedido la revocación de avales ambientales, por ejemplo el de El Cubo del Vino.
La incorporación de sistemas de cogeneración y la hibridación energética a partir del biogás generado podría, según el Consistorio, incrementar la intensidad y la duración de la actividad respecto al proyecto inicialmente planteado. Esto supondría más horas de funcionamiento, un flujo constante de transporte de materias primas y productos, y una mayor presión sobre el entorno inmediato; al tiempo que plantea cuestiones sobre la transición energética y su planificación territorial.
Del conflicto vecinal a la vía judicial
Mientras los ayuntamientos implicados han optado por la vía de las alegaciones y los requerimientos formales, la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya ha impulsado un proceso de movilización que ha ido ganando peso con el tiempo. Las primeras asambleas y acciones informativas han dado paso a una estrategia más compleja, en la que la lucha se libra también en los juzgados, como en otros casos donde la planta dividió a la comunidad, por ejemplo la de Los Camachos.
En una reciente asamblea vecinal, la tercera celebrada por la plataforma, se explicó que el conflicto ha entrado en una nueva fase: la judicialización del proyecto. Esto implica que, además del debate social y político, ahora serán los tribunales los que deban pronunciarse sobre la legalidad de las autorizaciones, la corrección de los procedimientos seguidos y el respeto a los derechos de la población afectada, como han hecho vecinos organizados en otros casos.
Los portavoces de la plataforma insistieron en que un proceso judicial es más lento, técnico y costoso que la movilización en la calle. No se trata solo de presentar recursos, sino de sostener durante meses o incluso años una defensa fundamentada, con asesoramiento especializado y capacidad económica suficiente para hacer frente a las tasas y honorarios profesionales; la experiencia de otras polémicas, como la segunda planta en Campos del Paraíso, ilustra estos retos.
La ciudadanía fue informada de que la existencia de dudas razonables sobre cómo se han tramitado las autorizaciones justifica acudir a la justicia para que sea un juez quien analice a fondo el expediente. Desde la plataforma se subraya que no se trata de una cuestión meramente técnica, sino de garantizar que decisiones con un impacto directo en la vida cotidiana se adopten con todas las garantías.
En este contexto, la plataforma ha realizado un llamamiento al respaldo económico y social del vecindario. La idea es que la defensa judicial del territorio no recaiga exclusivamente en un pequeño grupo de personas voluntarias, sino que se convierta en un esfuerzo colectivo de toda la comunidad afectada, donde cada aportación, por pequeña que sea, contribuye a sostener la causa; ejemplos de movilización ciudadana como la movilización en Lorca muestran la importancia del apoyo social.
Posición institucional: apoyo a las renovables, pero con garantías
Tanto el Ayuntamiento de Gáldar como representantes municipales de la zona han dejado claro que no se oponen al desarrollo de las energías renovables como principio general. Al contrario, insisten en la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más limpio y sostenible, acorde con las directrices europeas y la estrategia de descarbonización en España.
Lo que sí cuestionan es la forma concreta en la que se está impulsando la planta de biogás en La Atalaya y la instalación híbrida asociada. Desde el Consistorio galdense se reclama que cualquier proyecto de este tipo se someta a una evaluación ambiental rigurosa, se tramiten de manera integrada todas sus piezas y se garantice la participación efectiva de todas las administraciones afectadas.
En los escritos presentados, el Ayuntamiento formula oposición expresa a que se concedan las autorizaciones administrativas mientras no se hayan valorado de manera integral los impactos ambientales, sanitarios y territoriales del conjunto de instalaciones proyectadas. Es decir, pide que el proceso se detenga hasta que exista un análisis global y transparente.
Fuentes municipales insisten en que respetar los cauces legales, las garantías ambientales y la audiencia de las partes implicadas no es un obstáculo a las renovables, sino una condición imprescindible para que estos proyectos cuenten con legitimidad social y jurídica. En una comarca donde la ciudadanía ya ha mostrado su preocupación, saltarse estos pasos podría agravar el conflicto.
El mensaje institucional se resume en una idea: apoyo a la transición energética, pero no a costa de la salud, el bienestar y la participación vecinal. De ahí que se insista en que el impulso a la industria renovable debe ir acompañado de una planificación cuidadosa del territorio y de mecanismos de diálogo reales con la población.
La situación en torno a la planta de biogás en La Atalaya y la instalación híbrida vinculada se mantiene en un punto delicado: con alegaciones pendientes de respuesta, un procedimiento de autorización cuestionado y un conflicto ya en manos de la justicia. A la espera de decisiones administrativas y judiciales, la comunidad local se mueve entre la defensa de un modelo energético más sostenible y la exigencia de que su salud, su entorno y su derecho a ser escuchada no queden en un segundo plano, en un debate que trasciende lo local y conecta con los retos de la transición ecológica en España y en Europa.
