En los últimos años, las comunidades energéticas locales están cobrando un gran protagonismo en España. Bajo este esquema, vecinos, ayuntamientos, pequeñas empresas y comercios se agrupan para producir, compartir y gestionar su propia energía renovable, promoviendo así un modelo participativo y sostenible. Este avance responde no solo a la necesidad de hacer frente al cambio climático, sino también a la búsqueda de una mayor autonomía energética y ahorro en el coste de la electricidad.
La expansión de estas comunidades no se limita a unos pocos territorios: el fenómeno es cada vez más transversal y abarca desde grandes municipios hasta pequeñas localidades rurales. La colaboración institucional, la participación ciudadana y los relatos de éxito empiezan a consolidarse, aunque aún queda mucho trabajo por delante para que el modelo madure en todo el país.
Un crecimiento imparable en todo el territorio
Según los datos más recientes del Observatorio de Energía Común, España cerró 2024 con 659 comunidades energéticas locales. Solo en el último año, han surgido cerca de 200 nuevas iniciativas, lo que representa un incremento del 44% respecto a 2023. Este dinamismo coloca al país a la vanguardia de la transición energética de base ciudadana en Europa.
Actualmente, un 8% de los municipios españoles ya cuentan con alguna comunidad energética en marcha. Destacan especialmente territorios como País Vasco, Navarra, Cataluña y Comunitat Valenciana, donde la implantación de estos proyectos es más acelerada. Por ejemplo, en Gipuzkoa, el 70% de los municipios han apostado por este modelo, mientras que en Ávila se trabaja en la creación de la primera comunidad energética comarcal para toda la zona de La Moraña.
Este auge se explica por varios factores: el apoyo institucional a través de fondos europeos y nacionales, la creciente concienciación ciudadana y los beneficios tangibles que ya empiezan a verse en facturas y en la economía local.
Participación, empoderamiento y beneficios sociales
El modelo de comunidad energética no solo implica cambiar la forma de producir energía, sino también cómo se toman decisiones y se reparte el valor generado. Se trata de organizaciones abiertas y voluntarias, donde cualquier vecino, pyme o entidad local puede participar. En la mayoría de los casos, la ciudadanía está muy presente (92% de las comunidades), mientras que los ayuntamientos suelen actuar como impulsores, socios o facilitadores del proceso (57%).
Uno de los beneficios más destacados es el ahorro económico. Por ejemplo, en Barakaldo, la mayor comunidad energética de Euskadi, se calcula que sus socios reducen hasta un 25% en su factura eléctrica anual. En Gipuzkoa, ese ahorro llega al 30% para unas 10.000 personas, lo que muestra el potencial de impacto en el bolsillo de los participantes.
Además, estas estructuras promueven la cohesión social, la justicia energética y el desarrollo local. En muchos casos, se destinan recursos y energía compartida a colectivos vulnerables, pequeños comercios o servicios públicos, ayudando a combatir la pobreza energética y fijar población en zonas rurales.
Proyectos reales que marcan el camino
Existen ejemplos concretos que ayudan a entender cómo funcionan y qué logran estas iniciativas:
- Barakaldo se ha convertido en referente con el modelo TEK, reuniendo a unas 400 familias, pequeños comercios y edificios municipales. En solo un año han generado más de 436.000 kWh de energía renovable, con varias instalaciones solares repartidas en edificios públicos y la previsión de seguir ampliando plazas y capacidad.
- En La Moraña (Ávila), los ayuntamientos están trabajando con el apoyo de la Diputación y de la energía distribuida y las comunidades para crear la primera comunidad energética comarcal, donde la energía eólica, solar y la biomasa jugarán un papel relevante. El objetivo no es solo proveer electricidad limpia, sino también dinamizar la economía local.
- En la provincia de Cáceres, la Diputación ha destinado recursos técnicos y económicos para que incluso los municipios más pequeños puedan constituir y consolidar sus comunidades energéticas. Se priorizan proyectos que demuestren madurez técnica y social, con el ayuntamiento liderando el reparto justo de la energía producida.
La tendencia es similar en toda España: se aprovechan recursos locales, se involucra a diferentes actores y se busca un modelo de energía más justo y democrático.
Retos: regulación, financiación y ampliación de escala
Sin embargo, no todo son buenas noticias. El crecimiento rápido y el entusiasmo por el modelo contrastan con varios desafíos todavía pendientes:
- Solo dos de cada diez comunidades energéticas tienen ya instalaciones de autoconsumo en funcionamiento; la mayoría sigue en fases iniciales de planificación, constitución o trámites.
- La falta de un marco regulatorio estable y específico dificulta la consolidación y el salto de escala de los proyectos. Muchas comunidades esperan normas claras para operar, acceder a ayudas o facilitar trámites administrativos.
- Hay una alta heterogeneidad en el tamaño y participación: más de la mitad cuentan con menos de 20 socios, y solo el 1,2% supera los 500. La opción de que las pymes industriales y los polígonos amplíen el alcance es una de las vías para lograr mayor impacto.
A pesar de la existencia de programas de apoyo y fondos europeos, la financiación sigue siendo un obstáculo especialmente para proyectos pequeños o en municipios con menos recursos.
Otros aspectos que requieren atención son la igualdad de género en los órganos de dirección, la inclusión de colectivos vulnerables y la formación ciudadana. El informe del Observatorio de Energía Común destaca avances, pero también la necesidad de reforzar la participación femenina y la capacitación de la comunidad.
