La industria de los biocombustibles en Argentina se prepara para un cambio de era. Después de un largo tira y afloja político y sectorial, el Senado de la Nación dio luz verde a una profunda reforma del marco regulatorio que regirá este mercado durante los próximos 15 años. El nuevo texto, que aún debe ser convalidado por la Cámara de Diputados, plantea un escenario donde las mezclas obligatorias de bioetanol y biodiésel ganan terreno frente a los combustibles fósiles, pero no sin antes generar un intenso debate sobre cómo proteger a los actores más pequeños de la cadena.
La votación, que se extendió hasta bien entrada la noche del 17 de septiembre, culminó con 41 votos afirmativos y 25 negativos. El proyecto unificó siete iniciativas previas y recogió aportes de distintos bloques políticos, aunque las críticas del peronismo y algunas voces del interior dejaron en evidencia que el consenso no fue total. Ahora, la pelota queda del lado de la Cámara baja, donde no hay todavía una fecha confirmada para su tratamiento.
Más mezcla obligatoria: bioetanol al 15% y biodiésel al 10%
La columna vertebral de la reforma es el incremento escalonado de los cortes obligatorios. En el caso del bioetanol, la mezcla con naftas se mantendrá en el 12% durante el primer año de vigencia y, una vez transcurridos 12 meses desde la promulgación, saltará al 15%. Ese punto porcentual extra puede parecer menor, pero en un país con uno de los parques automotores más grandes de la región, cada punto de corte representa un caudal importante de demanda para las destilerías de caña de azúcar y de maíz.
El biodiésel, por su parte, también sube su participación en el gasoil del 7,5% actual al 10%, con el mismo calendario: un año después de la sanción de la norma. Para la industria aceitera, especialmente la radicada en la zona núcleo de Santa Fe y Córdoba, esta suba supone una vía para colocar producción que hasta ahora dependía en gran medida de los mercados externos.
La norma establece también una distribución por materia prima que se mantiene durante toda la vigencia del régimen. El 6% del corte de bioetanol queda reservado para el producto elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado con maíz; el 3% restante, en cambio, se abrirá a la libre competencia. Este reparto fue uno de los puntos más sensibles, porque provincias como Tucumán, Salta o Jujuy dependen del impulso y desafíos de la industria del bioetanol, mientras que Córdoba y otras zonas maiceras pujan por ampliar su cuota.
Transición para las pymes y límite a la concentración
El capítulo más conflictivo de la reforma fue, sin duda, el que regula la participación de las empresas no integradas, esas pymes regionales que elaboran biodiésel sin tener acceso a materia prima propia. El proyecto contempla un período de transición que se extiende hasta 2036, durante el cual estas empresas conservan un cupo reservado que irá menguando de forma progresiva.
Cuando el corte suba al 10%, las pymes se asegurarán un 6,5% del mercado durante el primer año de vigencia. Esa proporción caerá al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y se estabilizará en un piso del 4% entre 2031 y 2036. La idea, según explicaron los impulsores de la norma, es evitar que la apertura del mercado se convierta en un ‘salto al vacío’ para las plantas más vulnerables, que además deben lidiar con costes logísticos más altos por su lejanía de los grandes puertos exportadores.
Para evitar que el mercado quede en manos de unos pocos gigantes, se incorporó una cláusula antimonopolio que impide a una sola empresa controlar más del 20% del bioetanol comercializado dentro del cupo obligatorio. En el caso del biodiésel, el límite se fija en un 10% del mercado, con un tope absoluto de 50.000 toneladas anuales por firma. Con estas reglas, el oficialismo busca desactivar las críticas de quienes auguran que la batalla por el biodiésel terminará favoreciendo únicamente a los grandes grupos.
Excepciones, subastas y control estatal
La nueva ley contempla también un sistema de comercialización a través de un mercado electrónico de subastas, operado por un organismo independiente y con estándares internacionales. Se busca así dar transparencia a la formación de precios y permitir que tanto elaboradores como mezcladores puedan firmar contratos a término de libre negociación.
La autoridad de aplicación, que seguirá siendo la Secretaría de Energía, conserva la potestad de modificar temporalmente los porcentajes de mezcla ante situaciones de escasez o problemas técnicos de calidad, aunque con un límite máximo de 90 días para cualquier medida excepcional y siempre mediante resolución fundada. Además, se mantendrá la prohibición de usar insumos importados para cubrir el corte obligatorio, que deberá ser abastecido íntegramente con producción local.
No obstante, se habilitan las importaciones en dos supuestos concretos: cuando exista desabastecimiento interno comprobado, o para el abastecimiento de mezclas voluntarias que superen los mínimos legales. Esta puerta abierta al comercio exterior fue defendida como una válvula de escape, pero también levantó suspicacias entre los productores locales, que temen una competencia desleal.
La norma también contempla excepciones a la obligación de mezclar biodiésel para el gasoil destinado a biocombustibles en embarcaciones y minería, combustible de primer llenado, lodos de perforación, gasoil antártico y zonas frías patagónicas. Son mercados muy específicos, con condiciones técnicas particulares, y el texto les permite operar sin el corte obligatorio para no encarecer sus costes operativos.
Saf y nuevos cultivos: la apuesta a futuro
Mientras el Congreso define el marco legal, el sector ya mira hacia adelante. Una de las tendencias que más interés despierta es la de los combustibles sostenibles de aviación, los conocidos como SAF. Argentina tiene potencial para producir materias primas como carinata y camelina, dos cultivos de invierno que no compiten con la alimentación y que pueden transformarse en combustible de bajo carbono para la aviación comercial.
En Entre Ríos, por ejemplo, la superficie sembrada con estos cultivos creció un 80% en el último ciclo agrícola, hasta alcanzar las 31.200 hectáreas. Para el diputado peronista Guillermo Michel, esa expansión es solo el principio. En sus palabras, la demanda mundial de combustibles de aviación sostenibles podría generar un mercado de casi 14 millones de toneladas, una oportunidad que Argentina no debería dejar pasar.
La norma recién aprobada en el Senado también deja espacio para estos nuevos combustibles, al autorizar expresamente la comercialización de biometano y de combustible sostenible de aviación. Eso no quiere decir que el SAF entre en los cortes obligatorios, pero sí que el marco regulatorio estará preparado para cuando la tecnología y la economía de escala lo hagan viable y el país decida impulsarlo de forma decidida.
El camino hacia la sanción definitiva en Diputados no está exento de obstáculos. Las provincias petroleras miran con recelo cualquier avance de los biocombustibles en un mercado donde los combustibles fósiles siguen siendo hegemónicos. Las pymes del biodiésel, por su parte, ya anunciaron que redoblarán la presión para mejorar sus condiciones en el trámite legislativo. El equilibrio entre apertura de mercado y protección del entramado productivo seguirá siendo el eje del debate.
