Argentina ha dado un paso relevante para la sostenibilidad de la navegación al oficializar el uso de biocombustibles en embarcaciones fluviales y marítimas. Esta medida, recogida en la Resolución 252/2025 recientemente publicada, permite ahora que los barcos puedan emplear biocombustibles tanto en estado puro como combinados con derivados fósiles, siempre que el motor lo permita. El objetivo de esta regulación no solo busca responder a las demandas de sostenibilidad global, sino también alinear las normativas nacionales con el contexto internacional, promoviendo una menor dependencia de hidrocarburos y apuntando a una reducción de emisiones contaminantes dentro del sector naval.
La navegación, uno de los principales responsables de las emisiones de CO2 a nivel global, encuentra ahora en Argentina un marco legal que abre la puerta al uso de alternativas energéticas más limpias. El país se suma así a una corriente internacional de descarbonización, en la que organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI) llevan tiempo empujando el reemplazo progresivo de combustibles fósiles en rutas comerciales.
Una nueva figura legal: el Operador de Bunker
La regulación no solo se limita a autorizar el uso de estos productos energéticos, sino que además incorpora la figura del Operador de Bunker en el contexto argentino. Este nuevo actor será quien gestione el suministro de biocombustibles a los barcos, ya sea con instalaciones propias o en colaboración con almacenadores registrados. Los requisitos para formar parte de este registro han sido claramente definidos y pretenden garantizar seguridad, trazabilidad y respeto ambiental en la operatoria.
Los interesados en ser Operadores de Bunker deben:
- Demostrar inscripción como almacenador en el registro correspondiente.
- Contar con auditorías de seguridad que avalen sus instalaciones de almacenaje.
- Presentar habilitación medioambiental emitida por las autoridades competentes.
- Aportar el currículum del responsable técnico, acreditando su capacitación en la gestión de biocombustibles.
- Disponer de autorización en el sistema registral de Aduana.
- Incluir una descripción detallada de la operatoria prevista.
Si no se dispone de depósitos propios, se deberá contar con un acuerdo con una empresa habilitada como almacenadora, trasladando parte de estos requisitos sobre la infraestructura subcontratada.
Impacto ambiental y logística: cambios en la planificación energética
Esta medida persigue varios objetivos estratégicos. Por un lado, busca reconocer y regular formalmente una actividad que se vislumbra clave para el futuro energético del país y su rol en el comercio regional y global. También, pretende adelantar y facilitar las transiciones en infraestructura portuaria y de abastecimiento, potenciando una logística que sea al mismo tiempo más eficiente y sostenible.
Se destaca el impacto que esta reglamentación puede tener en el sistema de hidrovías y puertos argentinos, permitiendo una reducción significativa de la huella de carbono de la navegación nacional. Además, la flexibilización para elegir tanto el tipo de biocombustible como el nivel de mezcla con fósiles permitirá una mayor adaptabilidad a las tecnologías de motores disponibles y favorecerá la adopción progresiva según las posibilidades de cada operador.
Desde una perspectiva internacional, el avance argentino está alineado con las tendencias globales en lucha contra el cambio climático. La experiencia de otros países demuestra que la introducción de biocombustibles en el transporte acuático no solo reduce emisiones, sino que también fomenta la innovación tecnológica y promueve la utilización de residuos de otras industrias, favoreciendo la economía circular.
Retos y perspectivas: desafíos hacia una transición real
Aunque la medida representa un avance en términos regulatorios, la descarbonización total del sector naval argentino dependerá de otros factores, como el acceso a biocombustibles avanzados y la solvencia del marco normativo. Expertos del sector han recordado que los estándares internacionales empiezan a exigir productos de segunda generación —aquellos que se fabrican a partir de residuos, como aceites usados—, marcando así el camino de las futuras inversiones y el perfil del sector en los años venideros.
Por otro lado, el precio de los biocombustibles para barcos no estará regulado de forma centralizada, sino que será resultado de acuerdos privados entre los actores del sector, lo que, según las autoridades, aportará flexibilidad y favorecerá la innovación. Esto permitirá a los armadores priorizar, si lo desean, la opción de combustibles más eficientes en términos medioambientales aunque sean algo más costosos.
Finalmente, esta regulación se apoya en la Ley 27.640, que regula la cadena de valor de los biocombustibles en Argentina hasta 2030, y busca sentar las bases para una transición progresiva en el sector de la navegación nacional, adaptándose a las demandas de sostenibilidad que marcan la agenda mundial.
El cambio en la legislación argentina referente al uso de biocombustibles en barcos evidencia la búsqueda de soluciones energéticas que equilibren competitividad, sostenibilidad y autonomía. Argentina se posiciona así como un actor relevante en la transformación del sector marítimo sudamericano, con todas las oportunidades y desafíos que ello conlleva.
