El auge de las plantas de biogás y biometano en Aragón ha encendido todas las alarmas políticas y sociales. Lo que hace unos años parecía una oportunidad para valorizar residuos ganaderos y producir energía renovable, ahora se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchos municipios que ven cómo se multiplican los proyectos sin un marco claro que regule su ubicación y su impacto. La situación ha llegado a tal punto que los principales partidos con representación en las Cortes de Aragón han puesto sobre la mesa sendas iniciativas para frenar esta expansión que consideran, cuanto menos, desordenada.
El debate no es menor. Según los datos que manejan tanto Chunta Aragonesista (CHA) como el Partido Verde, hay alrededor de 75 proyectos de plantas de biogás y biometano en diferentes fases de tramitación en la comunidad. De ellos, 31 se concentran en comarcas del Alto Aragón, 37 en la provincia de Zaragoza y 7 en el sur. Cifras que, como señalan los promotores de la iniciativa, superan con creces las previsiones del propio Plan Energético de Aragón 2024-2030, que contemplaba un desarrollo mucho más tímido de este tipo de instalaciones.
Una moratoria para poner orden
La respuesta política no se ha hecho esperar. CHA y Partido Verde han registrado una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá en las Cortes de Aragón y que incluye, como medida estrella, la suspensión cautelar de nuevas autorizaciones para plantas industriales mientras se elabora un plan de ordenación. La propuesta, presentada en Huesca por la diputada Verónica Villagrasa y el coportavoz del Partido Verde, Jorge Luis Bail, quiere que ese plan vea la luz en un plazo máximo de seis meses y que establezca criterios vinculantes sobre distancias a núcleos habitados, recursos hídricos, impacto paisajístico y otros aspectos clave.
Los impulsores de la iniciativa defienden que el biogás puede ser una herramienta útil para la transición energética y la economía circular, pero solo si se hace con criterios de proximidad y dimensiones adecuadas. En caso contrario, alertan, se generan problemas serios: digestatos mal gestionados, aumento del tráfico pesado, riesgos para la calidad de las aguas, malos olores y un incentivo perverso para la creación de nuevas macrogranjas que alimenten las plantas.
El PSOE, por su parte, también ha registrado su propia PNL en la que pide al Gobierno de Jorge Azcón una regulación “inmediata”. Su portavoz de Medio Ambiente, Carlos Ros, ha sido tajante: “Es el momento de parar el otorgamiento de licencias y crear una normativa autonómica”. Los socialistas ponen el acento en que hoy por hoy no existen limitaciones suficientes para que estas instalaciones se ubiquen lejos de viviendas, y recuerdan que muchas comunidades vecinas ya están tramitando planes que exigen distancias mínimas de dos kilómetros a suelos residenciales.
El detalle de las propuestas
Más allá de la moratoria, la PNL de CHA y Partido Verde incluye una batería de medidas que buscan dejar poco margen a la improvisación. Entre ellas, destaca la creación de un registro público actualizado con todos los proyectos, sus promotores, la procedencia de los residuos y los municipios afectados. También exigen que los estudios de impacto ambiental analicen los efectos acumulativos y sinérgicos de la concentración de plantas en un mismo territorio, algo que hasta ahora brilla por su ausencia.
La gestión de los digestatos, ese subproducto que queda tras la digestión anaeróbica, es otro de los puntos calientes. La iniciativa pide que los proyectos presenten planes claros y realistas para gestionar estos residuos y que se prohíba la entrada de materiales procedentes de mataderos y vertederos, limitando el uso a los generados en explotaciones agropecuarias. Los socialistas, en la misma línea, reclaman un control estricto de los traslados de residuos entre municipios y que se priorice la cercanía de las plantas con la materia prima que las abastece.
También se propone reforzar la participación pública: ampliar los plazos de información, ofrecer documentación comprensible para la ciudadanía y crear mesas de diálogo donde estén representados ayuntamientos, ecologistas, científicos y sector empresarial. Y, cómo no, blindar la información sobre las emisiones y los controles de calidad, con resultados que se publiquen periódicamente y de forma accesible.
La voz de los municipios
Mientras los partidos negocian y presentan sus respectivas propuestas, los ayuntamientos no se quedan de brazos cruzados. El ejemplo más claro es el de Cazalegas, en Toledo, que ha presentado alegaciones al futuro decreto de Castilla-La Mancha sobre gestión de residuos orgánicos y biometano. Este municipio, que ya mostró su oposición a una planta de biometano en Talavera de la Reina, plantea exigencias muy concretas: una distancia mínima de 4 kilómetros a cualquier núcleo de población, que al menos el 80% de los sustratos vengan de un radio de 35 kilómetros y que se prohíba la entrada de residuos de otras comunidades autónomas.
La propuesta de Cazalegas va más allá y reclama que las evaluaciones de impacto no se hagan proyecto a proyecto, sino de forma conjunta cuando haya varias instalaciones en una misma zona. También pide un fondo autonómico para que los pequeños municipios, a menudo sin medios técnicos ni económicos, puedan analizar estos complejos expedientes. Y exigen que los ayuntamientos colindantes, no solo el que acoge la planta, sean consultados y sus informes tenidos en cuenta. Una petición que, vista la fiebre de proyectos en Aragón, podría extenderse a otras regiones en los próximos meses.
El conflicto social sigue creciendo
Mientras tanto, la contestación social no hace que aumente. Las plataformas vecinales han encontrado en esta problemática un motivo de movilización, y no es para menos. La incertidumbre sobre qué se va a tratar en cada planta, los olores, el ruido y el efecto llamada que puede suponer la llegada de residuos de otras zonas alimentan las protestas en comarcas como la Hoya de Huesca o el Arlanza burgalés, donde ya hay varios proyectos en marcha o en tramitación.
Desde CHA insisten en que “la aparición de plataformas ciudadanas pone de manifiesto la necesidad de mejorar la planificación, la transparencia y la participación pública”. Y los socialistas recuerdan que muchos consistorios están haciendo los deberes por su cuenta, aprobando ordenanzas municipales para limitar la ubicación de estas plantas, pero que no tienen recursos suficientes para hacer frente a un problema que, a todas luces, desborda lo local.
Una oportunidad para hacerlo bien
Los expertos consultados coinciden en que el biogás y el biometano son tecnologías necesarias en el mix energético del futuro, sobre todo para aprovechar los residuos orgánicos que hoy van a parar a vertedero. Pero también señalan que su éxito depende de una planificación territorial rigurosa y de un control público efectivo, algo que las actuales iniciativas parlamentarias intentan garantizar.
Por eso, la propuesta de CHA y el Partido Verde incluye también la revisión del Plan Energético de Aragón 2024-2030, que ha quedado obsoleto a la vista del aluvión de proyectos presentados. La idea es adaptarlo a la realidad actual, con instalaciones finalizadas y decenas en el cajón de la tramitación, y asegurar que las plantas respondan a criterios de interés general y equilibrio territorial. La revisión llegaría acompañada de un informe detallado, en un plazo de tres meses, sobre todos los proyectos que están sobre la mesa.
En definitiva, el sector del biogás en Aragón (y por extensión en España) necesita un marco que genere confianza. Nadie discute su potencial, pero la experiencia está demostrando que, sin reglas claras y con una presión social creciente, el riesgo de que se convierta en un problema en lugar de una oportunidad es demasiado alto. La pelota está ahora en el tejado de los legisladores, que tienen la oportunidad de demostrar que saben escuchar a los ciudadanos y poner orden en un sector que promete mucho, pero que necesita urgentemente unos cauces predecibles y transparentes.
Por último, la combinación de la moratoria y las nuevas exigencias técnicas podría marcar un punto de inflexión en la expansión de estas plantas en Europa, donde varios países ya han detectado los mismos problemas y están afinando sus regulaciones. Mientras tanto, los municipios se preparan para un otoño de intensos debates en los plenos y en las calles. La decisión sobre si las plantas de biogás y biometano son la solución o un nuevo foco de conflicto dependerá de cómo se gestione esta etapa clave de su desarrollo, con más supervisión, más participación y una planificación que ponga a las personas en el centro.