El Gobierno dispuso un ajuste del 4% en los biocombustibles que se mezclan de forma obligatoria con la gasolina y el diésel, como ocurre con los biocombustibles de primera generación. La actualización regirá desde septiembre y se trasladará a los surtidores en octubre, de acuerdo con lo comunicado por la Secretaría de Energía.
La medida alcanza por igual al bioetanol (de caña y maíz) y al biodiésel, y fue oficializada mediante normas publicadas en el Boletín Oficial. En un contexto de recomposición de precios regulados, el cambio vuelve a poner el foco en cómo se forman los importes finales que pagan los conductores.
Qué cambia con el alza del 4% en biocombustibles
Con el nuevo cuadro, el litro de bioetanol de caña de azúcar queda en $857,006, mientras que el derivado de maíz se ubica en $785,468. Para el biodiésel, destinado a su mezcla con diésel, el precio mínimo de adquisición pasa a $1.408.687 por tonelada, lo que implica una variación cercana al 3,99% respecto del valor previo.
Las actualizaciones se formalizaron a través de las resoluciones 368 y 369 de la Secretaría de Energía, y reemplazan los importes fijados en agosto. El cambio entra en vigor para las operaciones de septiembre y permanecerá así hasta que se publique un nuevo valor.
Precios oficiales y condiciones de pago
Los importes informados funcionan como precios mínimos de adquisición en el mercado interno, tal y como prevé la Ley 27.640. Las refinerías y mezcladores deberán operar al menos a esos niveles, publicados por la autoridad de aplicación.
Además, se definieron plazos de cobro máximos: hasta 30 días corridos desde la factura para el bioetanol y hasta 7 días en el caso del biodiésel. Estas condiciones buscan dar cierta previsibilidad operativa a las transacciones del mes.
Efecto en surtidores y otros componentes del precio
El transporte utiliza biocombustibles por obligación: la gasolina debe incorporar un 12% de bioetanol —repartido en partes iguales entre caña y maíz— y el diésel se mezcla con un 7,5% de biodiésel. Al subir el costo de esos insumos, aumenta el coste de producción de los combustibles fósiles y, con algo de retraso, se siente en el precio al público.
Ese traspaso coincidirá con otras presiones. A finales de agosto se reactivaron parcialmente los impuestos ICL e IDC, lo que añadió alrededor de $10,52 por litro de gasolina y $8,58 por litro de diésel (subidas del 0,8% y 0,7%, respectivamente). Energía también anticipó que a partir del 1 de octubre aplicará el remanente pendiente de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025.
Reclamos de las cámaras del sector
La actualización no zanjó la disputa con las empresas. Casfer y Capba enviaron una carta documento intimando a publicar de forma inmediata el valor de septiembre conforme a la fórmula técnica vigente y a aplicarla sin excepciones en los meses siguientes.
Según esas entidades, la aplicación parcial de la metodología generó un quebranto operativo de USD 45,5 millones y ingresos no percibidos por más de USD 78,8 millones desde mediados de 2024. También plantean que, al sustituir gasóleo importado, el precio del biodiésel debería expresarse en dólares y no en pesos con un tipo de cambio promedio que —afirman— penaliza la rentabilidad.
El presidente de Casfer, Marcelo Kusznier, atribuyó el cambio de criterio a la salida de Eduardo Chirillo de la Secretaría de Energía y a la llegada de María Tettamanti, junto al secretario de Gabinete Daniel González. Las cámaras dieron un plazo de 48 horas para corregir el cálculo y advirtieron que, de no hacerlo, iniciarán acciones legales.
Marco legal y contexto regulatorio
El esquema se apoya en la Ley 27.640 de Biocombustibles, que regula la producción y la mezcla obligatoria y faculta a Energía a actualizar precios cuando detecta desajustes con los costes reales o riesgos de distorsión en el mercado de combustibles líquidos.
La cartera actuó, además, bajo la cobertura de la emergencia pública definida por el Decreto 70/23 y la Ley 27.742. En este marco, el organismo viene realizando revisiones periódicas, la anterior de ellas a mediados de agosto, y ahora adopta un alza del 4% que se integrará en las operaciones de septiembre.
La combinación de nuevos precios de biocombustibles, cargas impositivas reactivadas y actualizaciones pendientes hace prever un octubre con movimientos en los surtidores; el desenlace dependerá de cómo se traslade el ajuste y de si se ordena la fórmula de actualización que reclama la industria.
