El debate sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz ha entrado en una fase decisiva: el calendario oficial sigue su curso mientras instituciones, empresas y sociedad civil intensifican los contactos para explorar una posible prórroga. En el horizonte, las fechas marcadas para la desconexión de sus dos unidades —noviembre de 2027 y octubre de 2028— condicionan cada paso.
En paralelo, la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, Sí al futuro ha catalizado una “Alianza por Almaraz” que reúne a alcaldes, sindicatos, empresas y colectivos diversos. Su objetivo es claro: sentar a las partes a negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y evitar que el apagado de la planta golpee el empleo y la economía de la comarca.
Cronograma y marco legal
El plan vigente, recogido en la Orden TED/773/2020, contempla el cese definitivo de Almaraz I en 2027 y de Almaraz II en 2028. Antes, la instalación debe elevar al regulador la documentación de cese —declaración ante el CSN— y un plan de desmantelamiento detallado para el Ministerio, con fases, estrategias y gestión de residuos.
Estos pasos administrativos activan los informes preceptivos. El CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) emite dictamen, vinculante si es denegatorio, y Enresa prepara los trabajos para el desmontaje, que no arrancan hasta cumplir plazos y autorizaciones. La propia central recalca su compromiso de operar con seguridad y fiabilidad hasta el último megavatio hora.
Movilización social y política
La presentación de la Alianza por Almaraz en Navalmoral de la Mata reunió a más de ochenta instituciones, con una foto inédita de unidad territorial. Alcaldes de la comarca, organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones culturales y académicas y la Junta de Extremadura convergieron en el mismo mensaje: no precipitar el cierre sin una alternativa real.
Tanto dirigentes del PP como del PSOE extremeño coincidieron en pedir al Gobierno central que abra la puerta a una prórroga negociada. Desde la plataforma se reclama “altura de miras” y diálogo efectivo con las propietarias y las administraciones, evitando líneas rojas que encallen la conversación.
El manifiesto firmado advierte de que un apagado sin acuerdo tendría efectos sobre el empleo y la demografía en el Campo Arañuelo, y subraya que Almaraz sostiene tejido productivo y servicios en el entorno. También alude a la coyuntura internacional —precios del gas y tensiones geopolíticas— como razón para reforzar la autonomía energética.
Empresas, fiscalidad y el pulso regulatorio
Los titulares de la instalación —Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)— han trasladado al Ministerio su disposición a revisar el calendario, encajando los requisitos regulatorios: unanimidad entre partícipes y que una eventual prórroga no repercuta en el coste para los consumidores. En este marco, la Junta ha anunciado ajustes fiscales para facilitar un acuerdo.
Al tiempo, avanza la tramitación técnica: ITC del CSN sobre documentos de explotación, planificación de la transición al cese y contratación por parte de Enresa de ingenierías para preparar el desmantelamiento. La planta mantiene estándares reconocidos por WANO, un elemento que el territorio invoca como aval de excelencia operativa.
Desde el ámbito empresarial, voces como la de la CEOE piden certidumbre: seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y una hoja de ruta clara para el parque nuclear, en un contexto donde la electrificación es estratégica para la industria y la inversión.
Impacto económico, social y ambiental
En la comarca se cuantifica un impacto de cerca de 4.000 empleos entre directos e indirectos, además de actividad auxiliar y servicios. La central representa alrededor del 5% del PIB regional, actúa como ancla para el tejido industrial y frena la despoblación en el Campo Arañuelo.
En el sistema eléctrico, Almaraz cubre aproximadamente el 7% de la demanda anual y abastece a unos cuatro millones de hogares. En términos ambientales, su operación evita la emisión de alrededor de seis millones de toneladas de CO₂ cada año, contribuyendo a los objetivos de descarbonización.
En la esfera social, representantes municipales, trabajadores y jóvenes de la zona han puesto el foco en el futuro profesional y el arraigo. La plataforma reitera que cualquier transición debe ir acompañada de un plan económico y de empleo con certezas, evitando una marcha atrás en cohesión territorial.
Europa, contexto energético y próximos hitos
El giro del debate energético en Europa —con países que revalúan la nuclear— también planea sobre el caso Almaraz. En el Parlamento Europeo se ha impulsado una misión de eurodiputados para visitar la central a comienzos de 2026, mientras la plataforma insiste en el papel de la energía firme para la seguridad de suministro.
En la agenda inmediata figuran el envío de la documentación de cese de la unidad 1 al CSN, la presentación del plan de desmantelamiento al Ministerio y, más adelante, los trámites para la solicitud formal. En paralelo, los actores locales mantienen movilizaciones y piden a las partes un calendario de diálogo efectivo que permita tomar decisiones con tiempo.
Con el reloj en marcha y el calendario oficial intacto, el pulso entre la planificación del cierre y la búsqueda de una prórroga se concentra ahora en la mesa de negociación. Del equilibrio entre seguridad, costes, fiscalidad e impacto territorial dependerá si Almaraz apaga o no sus reactores en las fechas previstas.
