El cierre escalonado de los dos reactores de la central de Almaraz, con fechas fijadas para noviembre de 2027 y octubre de 2028, ha vuelto a situarse en el foco del debate energético nacional. Un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sostiene que la clausura, en las condiciones actuales del sistema, podría traducirse en un encarecimiento de la electricidad y un repunte de las emisiones.
El informe, firmado por Diego Rodríguez (UCM), plantea que cualquier decisión debería atender al interés general y basarse en un diagnóstico realista de cómo estará el sector en 2030, y no únicamente en las metas del PNIEC, con el fin de evitar sorpresas en seguridad de suministro y precios.
Calendario, contexto y seguridad de suministro
La hoja de ruta prevé detener Almaraz I en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028, conforme al acuerdo alcanzado en 2019 entre las empresas propietarias y Enresa, e incorporado a los escenarios de planificación. Ese marco temporal condiciona la cobertura de la demanda y la estabilidad de la red.
Según Fedea, el sistema español llegaría a 2030 con un despliegue inferior al previsto de renovables y almacenamiento: la potencia eólica debería pasar de 32,6 GW (agosto de 2025) a 64 GW en cinco años, y el almacenamiento desde unos 6 GW (bombeo) hasta alrededor de 21 GW —o 18,5 GW si no se incluye termosolar—, objetivos que el estudio considera muy exigentes en plazos y escalas.
En ese contexto, el papel de los generadores síncronos tradicionales vuelve a ser clave para la inercia del sistema y el control de frecuencia, una lección subrayada tras el apagón del 28 de abril, donde se evidenció la necesidad de respaldo firme para preservar la seguridad de suministro.
Con menos aportación nuclear, una parte de la energía tendría que ser cubierta por un funcionamiento más intenso de los ciclos combinados, especialmente cuando no hay excedente fotovoltaico. Eso implicaría mayor dependencia del gas natural en momentos de baja producción renovable.
Además, el creciente peso de los servicios de ajuste —ya al alza en los últimos años— se vería favorecido por la falta de almacenamiento suficiente, lo que también presionaría los costes del sistema y, en última instancia, la factura.
Efecto en precios, emisiones y transición energética
El informe anticipa más generación con gas en horas sin sol y en períodos de viento flojo, por lo que el hueco dejado por Almaraz se cubriría con tecnologías fósiles en mayor proporción de la prevista, elevando las emisiones de CO2 y el precio medio del mercado.
Un alza sostenida de los costes de la luz no ayuda a la electrificación de la economía, que es condición necesaria para avanzar en la descarbonización y el debate sobre beneficios y riesgos. La experiencia de países que han acelerado el cierre nuclear revela impactos en precios que, a corto plazo, complican el despliegue de usos eléctricos.
La llegada de nuevos centros de datos añade presión adicional sobre la demanda y exige potencia gestionable. Reducir la aportación de base sin alternativas maduras de almacenamiento podría complicar su integración en los nudos de demanda habilitados.
También se advierte que recortar generación libre de CO2 en esta década tensaría el cumplimiento de los objetivos climáticos de 2030 para el sistema eléctrico, especialmente si otros sectores, como el transporte, no aceleran su reducción de emisiones al ritmo esperado.
De ahí que el autor insista en que la decisión final debe pivotar sobre el interés general y en un análisis de escenarios realizable, valorando si conviene posponer los hitos o, al menos, acompasarlos a la entrada efectiva de nueva capacidad firme.
Fiscalidad específica y ajustes regulatorios
El estudio propone revisar el impuesto de 2012 sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, creado en un contexto de alto déficit y deuda regulada que ya ha cambiado de signo, con menores necesidades de financiación en los próximos años.
La eliminación de ese tributo tendría un efecto moderado en el recibo: en torno al 1% para hogares y aún menor para la industria, y sería, según Fedea, un impacto muy inferior al encarecimiento de la energía asociado al cierre de los dos grupos.
También se aboga por revisar la tasa autonómica específica si facilita la continuidad de la planta y por replantear el Impuesto Especial sobre la Electricidad, cuyo diseño actual penaliza a una comunidad Extremadura exportadora de energía eléctrica.
Respecto a la tasa de Enresa, se recuerda que una extensión de vida suele reducirla de forma natural, al generarse ingresos adicionales que superan los costes extra de operación y gestión de residuos en el periodo ampliado.
En conjunto, Fedea sugiere actualizar el marco para alinear señales económicas y regulatorias con los objetivos de seguridad de suministro y descarbonización, aportando estabilidad regulatoria y certidumbre a las inversiones.
Impacto territorial y empleo en el Campo Arañuelo
En el plano social, alrededor de 4.000 familias del norte cacereño mantienen vínculos laborales y económicos con la central, por lo que el horizonte de cierre suscita inquietud y ha reactivado plataformas que piden prolongar su operación.
En Casatejada, municipio de poco más de mil habitantes, el pleno aprobó una moción crítica con la posición de varios representantes nacionales sobre Almaraz, lo que refleja la tensión política local que acompaña al debate energético.
La instalación supone transferencias relevantes: en 2025 el consistorio recibió más de 300.000 € en aportaciones ligadas a la actividad y, a escala regional, la recaudación impositiva supera los 80 millones anuales, a lo que se suma empleo directo e indirecto en la comarca.
Este contexto económico explica la movilización de trabajadores y vecinos que abogan por estudiar una vida útil prolongada si se acredita seguridad y viabilidad, y por planificar medidas de transición para amortiguar un eventual cierre.
Autoridades locales, como el alcalde Desiderio Riaño, subrayan que la decisión trasciende la escala municipal y reclaman certidumbre a medio plazo para familias y empresas del entorno de la central.
Con un calendario de parada ya marcado, metas renovables y de almacenamiento muy ambiciosas y un debate abierto sobre impuestos específicos, el futuro de Almaraz se dirime entre la garantía de precios competitivos, el control de emisiones y la seguridad de suministro, además del impacto en el empleo y la economía regional.