El asbesto, pese a leyes y advertencias sanitarias, sigue siendo protagonista de preocupación en varios países de América Latina. Aunque su uso está restringido por los graves peligros que representa para la salud, la realidad muestra que su presencia en escuelas, edificios públicos, sistemas de transporte y redes de agua sigue provocando alarma entre trabajadores, estudiantes y autoridades.
En los últimos meses, diversas noticias han puesto el foco en la persistencia del asbesto en infraestructuras fundamentales y los problemas derivados de su lento reemplazo. Casos de enfermedades, episodios judiciales y nuevas inversiones para su eliminación han copado titulares, evidenciando la urgencia de soluciones más efectivas.
El asbesto en el transporte público: una amenaza vigente
En la Ciudad de Buenos Aires, la red de metro sigue afectada por la presencia de asbesto en sus vagones. La línea D ha sido señalada específicamente por los trabajadores del sector, quienes denuncian que aún no se ha retirado este material en todos los trenes, poniendo en riesgo la salud tanto de empleados como de usuarios. Algunos empleados han sufrido enfermedades graves y crónicas, lo que ha generado una fuerte presión sindical para acelerar la remoción del material y mejorar las condiciones de seguridad.
Los trabajadores han advertido que, mientras no se renueven los trenes afectados, no se podrá garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente este servicio esencial. Este reclamo coincide con una serie de problemas laborales y denuncias sobre la gestión de la reparación y el impacto de la crisis económica en el servicio.
Escuelas y hospitales: el lento avance de la eliminación del asbesto
Los colegios públicos y otras infraestructuras educativas siguen siendo escenarios de exposición involuntaria al asbesto en países como Colombia y Chile. Numerosos establecimientos tienen techumbres y estructuras internas fabricadas con este mineral, obligando a las autoridades a emprender obras de sustitución y reparación.
En el caso de Valparaíso, Chile, proyectos de conservación educativa han incluido la retirada del asbesto en escuelas como la Escuela Diego Portales y la Escuela Árabe Siria, donde decenas de alumnos han debido abandonar temporalmente las aulas mientras se renovan los techos y otros componentes contaminados.
En Colombia, la situación es especialmente grave. A pesar de la existencia de una ley que prohíbe el uso y comercialización del asbesto, se estima que cerca de la mitad de los colegios públicos de Bucaramanga siguen albergando asbesto en sus techos, representando un peligro constante para miles de estudiantes y personal educativo.
Aguas potables y redes urbanas: renovaciones para la salud colectiva
El asbesto no se limita a las estructuras visibles: también se encuentra en tuberías y conducciones de agua que datan de décadas pasadas. En ciudades como Apizaco (México), las autoridades han puesto en marcha planes de sustitución de las redes hidráulicas de asbesto, destinando fondos municipales y federales para reemplazar tubos obsoletos que representan riesgos tanto de contaminación como de fugas frecuentes.
Estas actuaciones permiten optimizar la presión y calidad del agua potable, mejorando de forma notable el acceso al servicio y la salud pública local. Los responsables municipales han reafirmado su compromiso de extender este tipo de obras a más barrios y comunidades en los próximos años.
La asbestosis y las repercusiones legales en los trabajadores
La exposición prolongada al asbesto ha dejado secuelas en trabajadores de distintos sectores, especialmente en la armada y la industria. En la provincia chilena de Marga Marga, por ejemplo, un creciente número de empleados públicos y de la defensa han sido diagnosticados con asbestosis, una enfermedad pulmonar crónica que limita severamente la calidad de vida.
Algunas de estas víctimas han encontrado dificultades para que sus casos sean reconocidos como enfermedades laborales, lo que les priva de beneficios sociales y de salud. Sin embargo, la presión de colectivos y parlamentarios ha impulsado nuevas inspecciones y revisiones por parte de las instituciones de defensa y salud pública.
Además, en Colombia, los tribunales han ordenado a empresas históricas como Eternit indemnizar a los afectados por enfermedades relacionadas con la manipulación y exposición al asbesto, marcando un precedente en la región para el reconocimiento y la compensación a las víctimas.
Pendientes en la política pública y retos de futuro
Instituciones como la Organización Mundial de la Salud advierten que más de 200.000 muertes anuales están relacionadas con la exposición al asbesto en todo el mundo. Aunque legislaciones como la Ley 1968 en Colombia han impulsado la prohibición total, los plazos para la formulación y aplicación de políticas de sustitución se han incumplido, lo que ha generado llamados de atención desde los tribunales y la sociedad civil.
Es fundamental acelerar las inversiones para la eliminación total del asbesto instalado y garantizar la reparación de quienes han sido afectados. La presión sobre gobiernos y empresas responsables aumenta, impulsada por organizaciones sociales, medios y afectados directos.
El avance en la eliminación del asbesto continúa siendo lento debido a la falta de cumplimiento normativo, la insuficiencia de recursos y la persistencia de casos de exposición. Aunque se han logrado avances importantes, aún queda camino por recorrer para erradicar por completo los riesgos que representa este material y proteger la salud de millones de personas en diferentes ámbitos de su vida cotidiana.
