Tras más de un año de controversias técnicas, debates públicos y tiras y aflojas regulatorios, AES Andes ha decidido dejar en pausa definitiva su megaproyecto INNA, diseñado para producir hidrógeno y amoníaco verde a gran escala en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta (Chile). La iniciativa, que apuntaba a situar al norte chileno como polo de combustibles renovables, se retira del tablero inversor de la compañía con una inversión estimada en torno a los US$ 10.000 millones.
La decisión llega en un momento delicado para el desarrollo del hidrógeno renovable en el Cono Sur y se interpreta como un movimiento de mayor prudencia y selectividad en megainversiones complejas. En paralelo, el caso ha reavivado el debate sobre cómo compatibilizar la expansión de las energías limpias con la protección de la astronomía de primer nivel mundial que se desarrolla bajo los cielos del Desierto de Atacama, un asunto seguido con atención también desde Europa, donde operan varios de los consorcios científicos implicados.
Qué era el proyecto INNA y por qué generaba tanta atención
INNA se concibió como una plataforma industrial gigantesca para producir hidrógeno verde y derivados, principalmente amoníaco, utilizando electricidad procedente de fuentes renovables. El complejo se emplazaría en el término municipal de Taltal, en la Región de Antofagasta, una zona ampliamente conocida por su potencial solar y eólico, clave para este tipo de iniciativas.
El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) chileno en diciembre de 2024, a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que marcó el arranque de su tramitación formal. Sobre la mesa se ponía una inversión cercana a los US$ 10.000 millones, cifra que situaba a INNA entre los desarrollos más ambiciosos de hidrógeno verde de América Latina y una referencia relevante también desde la óptica de los socios europeos implicados en la astronomía chilena.
Desde su presentación, la propuesta fue vista como un proyecto emblemático para la hoja de ruta del hidrógeno en Chile, país que aspira a exportar moléculas verdes hacia Europa y otros mercados necesitados de descarbonizar su industria pesada. Sin embargo, esa misma envergadura hizo saltar las alarmas en otros sectores, especialmente en el mundo científico dedicado a la observación del cosmos.
En su diseño original, INNA contemplaba la producción masiva de hidrógeno mediante electrólisis y su posterior transformación en amoníaco verde, con infraestructuras asociadas de gran tamaño, incluyendo instalaciones industriales, redes eléctricas y equipamiento auxiliar que, a juicio de los críticos, podían alterar significativamente el entorno nocturno de la zona.
El choque entre hidrógeno verde y la protección de la astronomía
El punto más sensible del proyecto se localizaba en su cercanía a algunos de los observatorios astronómicos más importantes del planeta, como el Observatorio Paranal y el futuro Extremely Large Telescope (ELT) en Cerro Armazones, ambos operados por el Observatorio Europeo Austral (ESO), entidad con fuerte presencia e inversión desde Europa.
Desde enero de 2025 comenzaron a acumularse pronunciamientos de la comunidad científica alertando de posibles impactos en la calidad de las observaciones astronómicas. La principal preocupación se centraba en la contaminación lumínica y los cambios en las condiciones atmosféricas locales, factores críticos para la precisión de los instrumentos que estudian el universo desde el norte de Chile.
El Observatorio Europeo Austral elevó el tono a lo largo de 2025, presentando análisis y advertencias sobre el potencial efecto del complejo industrial en el rendimiento de sus telescopios. Según sus argumentos, el conjunto de infraestructuras, iluminación asociada y actividad permanente podría degradar significativamente uno de los cielos nocturnos más prístinos del planeta.
A estas advertencias se sumaron preocupaciones diplomáticas y políticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile remitió comunicaciones respaldando las inquietudes de los astrónomos y solicitando una evaluación especialmente estricta de los impactos sobre la astronomía, consciente de que se trata de un ámbito donde convergen importantes intereses científicos y económicos, incluidos socios europeos de largo plazo.
La controversia terminó por trasladarse al Congreso y a la agenda pública, donde la tensión entre el desarrollo del hidrógeno y la protección de los cielos oscuros del norte chileno se convirtió en uno de los debates más visibles sobre ordenación territorial y transición energética en la región.
Escalada política y regulatoria: del SEA al Parlamento
En febrero de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta descartó aplicar el término anticipado de la tramitación del EIA de INNA. En lugar de cerrar el expediente, el organismo señaló que las observaciones técnicas y ciudadanas podían abordarse mediante un Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), lo que obligaba a la empresa a responder con mayor detalle a las críticas recibidas.
Lejos de calmar los ánimos, ese paso alimentó un intenso debate público durante los meses siguientes. En marzo de 2025 se multiplicaron las presiones de académicos, organizaciones científicas y actores locales que reclamaban reubicar el proyecto o incluso descartarlo totalmente, precisamente por el riesgo que representaba para los observatorios situados en el entorno de Paranal y Cerro Armazones.
Con el año avanzado, el tema dio un salto al terreno legislativo. En octubre de 2025, parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de ley para blindar los cielos astronómicos del norte, incluyendo la creación de zonas de exclusión de 70 kilómetros en torno a Paranal y Armazones. Una medida de ese calibre, de materializarse, prácticamente dejaba sin margen al despliegue de INNA en su ubicación original.
La discusión alcanzó incluso el debate presidencial televisado de Anatel, donde el entonces candidato José Antonio Kast manifestó su oposición al megaproyecto, situando el caso en el centro del debate político sobre el modelo de desarrollo para el norte chileno. Pocos días después, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en general una iniciativa orientada a restringir la instalación de proyectos industriales y energéticos en áreas de alto valor para la observación astronómica.
Este clima político y social contribuyó a que el expediente de INNA se convirtiera en un termómetro de los límites que la sociedad chilena está dispuesta a aceptar cuando se trata de compatibilizar grandes inversiones energéticas con la preservación de activos científicos estratégicos, muchos de ellos vinculados a centros de investigación europeos.
La decisión de AES Andes: foco en renovables y almacenamiento
En este contexto, AES Andes comunicó finalmente que desistía de ejecutar el megaproyecto INNA, tras realizar una revisión de su cartera de inversiones y de las prioridades de su matriz en Estados Unidos. La compañía explicó que, de cara a los próximos años, concentraría sus recursos en proyectos de generación renovable y en sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, áreas que percibe como más claras en cuanto a competitividad, valor para el accionista y complejidad operativa.
La empresa insistió en que esta decisión no supone un giro respecto a su visión sobre el hidrógeno verde, al que sigue considerando un vector relevante dentro de la transición energética global. Más bien, la renuncia afecta a este proyecto concreto, que había acumulado un nivel de controversia, riesgo regulatorio y escrutinio público especialmente alto.
Tras el anuncio, el expediente del proyecto en el portal del SEA reflejó el cierre de la Participación Ciudadana Activa y redirigió la atención hacia las siguientes etapas del proceso de evaluación. Aun así, la compañía debe completar los pasos formales para materializar el desistimiento ante la autoridad ambiental.
En términos corporativos, la retirada de INNA se interpreta como una señal de mayor selectividad en megainversiones de alto riesgo. En un entorno en el que los plazos de permisos se alargan y la legitimidad social es clave, reforzar la apuesta por parques eólicos, fotovoltaicos y soluciones de almacenamiento se percibe como una forma de asegurar que la cartera avance con menos sobresaltos.
Desde la óptica de la Unión Europea, este movimiento también se sigue de cerca, ya que Chile figura como uno de los potenciales exportadores de hidrógeno verde hacia el Viejo Continente. La moderación de proyectos de gran escala como INNA invita a pensar en un despliegue más escalonado, combinando iniciativas de menor tamaño y una planificación territorial más fina para evitar conflictos con otros usos estratégicos del suelo.
Aunque el anuncio público de AES Andes ha tenido amplio eco mediático, el desistimiento comunicacional no equivale automáticamente a la cancelación jurídica del proyecto. Para darlo por cerrado de forma definitiva, la empresa debe activar el procedimiento correspondiente ante el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que incluye precisar si se opta por el retiro integral del EIA o por otras fórmulas disponibles en la normativa chilena.
Fuentes del sector apuntan a que la compañía solicitaría una reunión con la autoridad ambiental para acordar los pasos a seguir. Entre las opciones sobre la mesa, figuran el retiro definitivo del expediente o la posibilidad de dejar abierta la evaluación para que, eventualmente, otra empresa pueda retomar la iniciativa en condiciones diferentes, algo que de momento se considera poco probable dadas las restricciones que se están discutiendo a nivel legislativo.
Mientras tanto, el caso de INNA se ha convertido en un ejemplo de manual de los retos que afrontan los grandes proyectos de hidrógeno verde: complejidad técnica, altos montos de inversión, necesidad de infraestructuras asociadas y dificultades para encajar en territorios que ya albergan actividades científicas, turísticas o ambientales de alto valor.
Para los diseñadores de políticas públicas, tanto en Chile como en la Unión Europea, el desenlace de este megaproyecto aporta lecciones sobre planificación espacial, participación temprana de la comunidad científica y la importancia de contar con marcos regulatorios claros que anticipen conflictos de uso antes de que las inversiones alcancen niveles tan elevados.
En el plano empresarial, la retirada también actúa como señal al mercado de que las compañías están dispuestas a recortar proyectos que, pese a su potencial, acumulan demasiada incertidumbre. Este giro hacia carteras más manejables podría marcar el tono de los próximos años en el negocio del hidrógeno verde, tanto en Latinoamérica como en Europa.
Con la renuncia de AES Andes a INNA, el norte de Chile mantiene intacta su condición de enclave privilegiado para la astronomía mundial, mientras que el desarrollo del hidrógeno verde deberá buscar fórmulas más compatibles con ese patrimonio científico. La decisión deja claro que la transición energética y la protección de los cielos oscuros no pueden caminar por separado, y que los futuros megaproyectos deberán diseñarse con un nivel de diálogo, planificación y evaluación mucho más fino si quieren evitar terminar en el mismo punto muerto.
