La Junta de Castilla y León ha adjudicado a Iberdrola el nuevo acuerdo marco para el suministro de electricidad del sector público autonómico y entidades adheridas, un contrato que estará vigente del 1 de marzo de 2026 al 31 de agosto de 2027. La adjudicación fija un importe de 48,28 millones de euros del término de energía, sin IVA ni impuesto eléctrico, para un consumo previsto de 457 GWh repartidos en 2.428 puntos.
La oferta seleccionada implica una rebaja notable del coste de la energía: el precio medio por kWh es un 23,5% inferior al del acuerdo vigente y un 25% por debajo del precio de licitación. Aplicado al consumo estimado, el ahorro global asciende a 18,83 millones de euros durante los 18 meses (en torno a 12,55 millones anuales), lo que supone un recorte cercano a 19 millones en el gasto energético público.
Cifras y alcance del acuerdo
El contrato, de 18 meses de duración, se articula como un acuerdo marco con un único adjudicatario para asegurar condiciones homogéneas y previsibles. La adjudicación cubre exclusivamente el término de energía y fija un precio común por kWh y tipo de tarifa para todos los contratos derivados, con la misma fecha de finalización: 31 de agosto de 2027.
En torno al 70% del consumo corresponde a centros de la Administración autonómica, mientras que el 30% se reparte entre entidades adheridas. Entre estas últimas figuran las universidades públicas de Castilla y León, los Ayuntamientos de León y Zamora y la Diputación de Valladolid, que, al igual que otros acuerdos de suministro renovable, se beneficiarán de las mismas condiciones económicas y de suministro.
Los mayores consumos previstos se concentran en infraestructuras sanitarias y tecnológicas, con varios hospitales y un nuevo centro de supercomputación como principales puntos de demanda. Estas magnitudes permiten dimensionar el impacto del acuerdo en los grandes consumidores de la Comunidad y en la planificación energética del sector público.
- Hospital de Salamanca: 30,4 GWh/año
- Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid): 22,9 GWh/año
- Hospital Clínico Universitario (Valladolid): 20,6 GWh/año
- Hospital de León: 17,8 GWh/año
- Centro de Supercomputación de León: 8,7 GWh/año
Energía renovable y casos singulares
Como novedad, el Centro de Supercomputación de León contará con una tarifa singular que garantiza el uso de energía 100% renovable, reforzando el compromiso institucional con la eficiencia y la sostenibilidad en servicios de alto consumo eléctrico.
Este enfoque encaja en las iniciativas de ahorro y eficiencia impulsadas por la Junta y coordinadas con el Ente Regional de la Energía (EREN), asegurando que los centros de mayor demanda dispongan de un suministro acorde a sus necesidades operativas sin perder de vista la reducción de costes y el objetivo de consumo responsable.
Procedimiento y estabilidad de precios
A la licitación concurrieron cuatro grandes comercializadoras de electricidad y la propuesta de Iberdrola resultó la más ventajosa desde el punto de vista económico, con precios por kWh un 23,5% más bajos que los actuales y un 25% inferiores al precio de licitación.
El formato elegido, un acuerdo marco con único adjudicatario, evita segundas licitaciones y permite cerrar desde el inicio las condiciones esenciales de todos los contratos derivados. Esta fórmula aporta mayor agilidad a los centros de gasto y otorga certidumbre al suministrador y a la Administración, mitigando el impacto de la volatilidad de los mercados energéticos en los precios finales.
Todos los contratos resultantes compartirán el mismo precio por kWh, el mismo tipo de tarifa y una fecha de finalización común (31 de agosto de 2027). Esta homogeneidad facilita la planificación presupuestaria del gasto energético para los próximos ejercicios y mejora la comparabilidad entre distintos centros de consumo.
La actuación ha sido impulsada por el Servicio de Racionalización de la Contratación —dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda— junto con el EREN, y se enmarca en las medidas del Acuerdo 177/2022 sobre ahorro y eficiencia energética en la Administración de la Comunidad.
Con un precio más competitivo, condiciones uniformes y un calendario cerrado, la Administración autonómica y las entidades adheridas ganan estabilidad y ahorro en su suministro eléctrico, a la vez que refuerzan la eficiencia en la gestión de recursos públicos y abren la puerta a un mayor peso de las energías renovables en consumos críticos.