Castilla-La Mancha se ha convertido en uno de los epicentros del biogás en España con la tramitación de un total de 71 macroplantas de biogás y biometano repartidas por sus cinco provincias. El despliegue, ligado al Plan regional de Biometanización y a los fondos europeos, ha encendido el debate sobre cómo gestionar los residuos orgánicos, qué modelo energético se impulsa y quién asume los impactos en el territorio.
Sobre la mesa conviven dos visiones: por un lado, el Gobierno regional defiende que se trata de infraestructuras necesarias para tratar millones de toneladas de purines, estiércoles, lodos y otros residuos; por otro, plataformas vecinales como Stop Ganadería Industrial y distintos colectivos sanitarios y ecologistas alertan de una posible «burbuja» de biogás, de riesgos ambientales y sanitarios, y de una planificación que consideran sobredimensionada y poco participada.
Un mapa de 71 proyectos: dónde se concentran las macroplantas
Según los datos recopilados por Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha a partir de expedientes oficiales, actualmente están en tramitación 71 proyectos de macroplantas de biogás y biometano en distintos grados administrativos. La distribución es claramente desigual: Toledo concentra 34 iniciativas, casi la mitad del total, seguida de Albacete con 15 y Ciudad Real con 13; más atrás quedan Cuenca (5) y Guadalajara (3).
El listado se ha actualizado con la incorporación de nuevos proyectos en Los Yébenes, La Roda y Talavera de la Reina, que han terminado de consolidar la cifra de 71 instalaciones. Para la plataforma vecinal, este crecimiento muestra un ritmo de implantación «muy acelerado» en apenas unos años de vigencia del plan autonómico.
En la provincia de Toledo, la red proyectada abarca municipios como Alameda de La Sagra, Albarreal de Tajo (con planta ya en funcionamiento), Almonacid de Toledo, Carriches, Consuegra, Domingo Pérez, Fuensalida, Gálvez, Gerindote, Los Yébenes, Lucillos, Madridejos, Mascaraque, Mora, Noez (también en marcha), Orgaz, Polán, Quintanar de La Orden, Santa Olalla, Santo Domingo-Caudilla, Talavera de La Reina, Torrijos, Turleque, Villaluenga de La Sagra, Villaminaya y Villaseca de La Sagra.
En Albacete la expansión llega a Balsa de Ves (operativa), Barrax, Caudete, Chinchilla de Monte-Aragón, Hellín, La Roda, Minaya y Villarrobledo. En Ciudad Real, los proyectos se localizan en Argamasilla de Calatrava, Campo de Criptana, Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Malagón, Manzanares, Membrilla, Socuéllamos, Torralba de Calatrava y Valdepeñas.
Las provincias de Cuenca y Guadalajara registran menos iniciativas, pero no quedan al margen del proceso. En Cuenca figuran Belinchón (ya en funcionamiento), Huelves, Iniesta y Tarancón, además de un quinto proyecto citado por la plataforma. En Guadalajara aparecen Brihuega, Fuentenovilla y Marchamalo. Cuenca, en particular, concentra cinco proyectos que, según los colectivos críticos, podrían dejar una fuerte huella en comarcas rurales con menor capacidad para absorber grandes infraestructuras industriales.
Junto a este despliegue, seis proyectos han sido archivados tras una contestación social especialmente intensa: las macroplantas de Albacete capital, dos en Almansa, Corduente, Fuentealbilla y Quintanar de La Orden. Para las plataformas vecinales, estos casos evidencian la capacidad de organización social cuando las comunidades locales se sienten excluidas de las decisiones.
Macroplantas de gran tamaño y enorme volumen de residuos
El debate no se centra solo en cuántos proyectos se tramitan, sino en el tamaño de las instalaciones y el volumen de residuos que manejarán. El análisis de Stop Ganadería Industrial apunta a que, de las 71 plantas proyectadas, 40 superan las 150.000 toneladas anuales de capacidad, 21 rebasan las 200.000 toneladas y 3 exceden las 300.000 toneladas. La capacidad media se sitúa en torno a 159.000 toneladas por instalación. Este tamaño de las instalaciones y el volumen de residuos es precisamente uno de los focos de debate público.
En conjunto, y a falta de contar con los datos completos de ocho proyectos que aún no disponen de información pública, las plantas previstas en Castilla-La Mancha llegarían a tratar más de 10,3 millones de toneladas de residuos orgánicos. Esta cifra representa aproximadamente el 67% de los 15,7 millones de toneladas de residuos que el propio Plan regional de Biometanización 2024-2030 identifica como generados en la comunidad.
Municipios como Talavera de la Reina ilustran el nivel de concentración: allí se prevén cuatro macroplantas con una capacidad total de procesamiento de unas 935.000 toneladas de residuos al año, lo que implicaría gestionar más de 800.000 toneladas de digestato en su entorno agrícola. En La Roda y Consuegra también se contemplan tres proyectos en cada localidad, reforzando la percepción de que ciertas zonas pueden quedar especialmente saturadas.
Este digestato, subproducto de la biometanización, se utiliza como fertilizante en suelos agrícolas. Sin embargo, la plataforma vecinal recuerda que los nitratos presentes en los purines se mantienen tras el proceso, lo que, si no se gestiona adecuadamente, puede suponer una fuente de contaminación de suelos y acuíferos. La preocupación se intensifica en aquellas áreas donde ya existen problemas previos por el uso intensivo de purines.
Además del tamaño de las instalaciones, los colectivos críticos ponen el foco en el tráfico asociado al transporte de millones de toneladas de residuos, en los posibles olores, ruidos y cambios paisajísticos y en el riesgo de que, bajo la etiqueta de «economía circular», se consolide un modelo fuertemente industrializado en zonas rurales que compiten por mantener actividades como la agricultura, la ganadería extensiva o el turismo.
Plan regional de Biometanización: objetivo climático y fuerte contestación
El Plan regional de Biometanización 2024-2030 se presenta por parte de la Junta como una de las herramientas clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (como metano, óxido nitroso o CO2 equivalente) asociadas a la gestión de residuos orgánicos. El diseño del plan pretende canalizar inversiones en biogás y biometano, establecer criterios de ubicación y fijar distancias recomendadas respecto a la población, así como pautas de gestión del digestato.
No obstante, desde el inicio de su tramitación el documento ha acumulado un elevado rechazo social. En el segundo periodo de información pública, que concluyó el pasado mes de diciembre, se presentaron miles de alegaciones. Las plataformas ciudadanas hablan de 15.701 alegaciones registradas, mientras que el Gobierno regional cifra en 65 las presentaciones formales, algunas de ellas respaldadas por hasta 2.400 firmas. En cualquier caso, la participación refleja una creciente preocupación en numerosos municipios.
Entre las críticas más contundentes figura el informe de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, que cuestiona distintos apartados del plan y su evaluación ambiental estratégica. Este departamento afea que el documento no incluya referencias detalladas a los riesgos sanitarios vinculados a la presencia de estas plantas, más allá de la contaminación de acuíferos. El informe menciona la necesidad de evaluar con más precisión el riesgo de escapes de gases capaces de provocar irritaciones respiratorias, problemas pulmonares u otros daños en la población cercana. El impacto sanitario es un aspecto que ya han puesto en duda sanidad y colectivos vecinales.
Las plataformas vecinales también recuerdan que la evaluación ambiental estratégica del plan fue encargada a Biovic Consulting, una empresa especializada en el desarrollo de plantas de biogás. Desde Stop Ganadería Industrial se ha denunciado este hecho como un posible conflicto de intereses, mientras que la Junta aclara que se trató de un contrato menor limitado al análisis de los residuos disponibles en la región, sin participación en el diseño normativo.
Además, el colectivo critica que el Gobierno regional haya dejado buena parte de la regulación en manos del libre mercado, sin fijar de entrada límites claros de tamaño máximo de las instalaciones, distancias de transporte de sustratos, exigencias de retirada de nutrientes o acreditación previa de tierras agrícolas suficientes para valorizar el digestato. Este marco, sostienen, favorecería que se anteponga la rentabilidad privada a la planificación territorial y ambiental.
Qué dicen las plataformas vecinales y ecologistas
La asociación Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, que agrupa a más de 40 colectivos vecinales repartidos por las cinco provincias, se ha consolidado como una de las voces más críticas con el despliegue de macrogranjas y marcoplantas de biogás. Su diagnóstico es claro: consideran que se está generando una «burbuja especulativa del biogás» apoyada en fondos europeos, con numerosos proyectos que, a su juicio, «están condenados al fracaso» por errores de diseño, sobredimensionamiento, ubicación o mala planificación de la red de distribución y de la gestión del digestato.
El coportavoz de la plataforma, Antonio Jorge San Vicente, ha llegado a calificar la situación de «totalmente desordenada, loca y sin previsión», subrayando que ya existen 71 proyectos que consumirían el 67% de los residuos que genera la región y producirían más del doble de la energía que el propio Gobierno había fijado como objetivo para 2030. Para este colectivo, el problema no es la tecnología en sí, sino el modelo de despliegue a gran escala y la escasa participación real de los municipios afectados.
Desde la plataforma remarcan que nadie discute la necesidad de gestionar correctamente los residuos, pero insisten en que «se ha encontrado una rentabilidad privada en los residuos» que puede anteponer los intereses económicos de determinadas empresas a la salud ambiental y al bienestar de los vecinos. Entre sus advertencias, se incluye el temor a que las grandes plantas se abastezcan con residuos procedentes de largas distancias, intensificando el tráfico pesado y el impacto en las infraestructuras viarias rurales.
Otro argumento central es el riesgo de contaminación por nitratos. La organización recuerda que el nitrato contenido en los purines permanece en el digestato tras la biometanización, de modo que si este fertilizante se aplica sin control o en cantidades excesivas puede convertirse «en una bomba ambiental» similar o mayor a la actual problemática de los purines sin tratar.
En el plano político y de gestión, la plataforma reprocha a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, su falta de especialización en biogás y biometano y sostiene que sus advertencias «entraron por un oído y salieron por el otro». También denuncia que la Junta no haya incorporado de forma suficiente criterios sanitarios y de salud pública en el plan, algo que coincide con las observaciones realizadas por la propia Consejería de Sanidad.
La respuesta de la Junta: regular sin «fomentar» nuevas plantas
Frente a las críticas, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido de manera reiterada el planteamiento de su plan. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, sostiene que el Plan regional de Biometanización «no fomenta que se construyan» nuevas plantas, sino que fija un marco para que las empresas que decidan instalarse sepan «de forma transparente» cuáles son las condiciones ambientales, de seguridad y de gestión de residuos que deben cumplir.
Gómez ha insistido en que la región necesita infraestructuras para hacerse cargo de los residuos orgánicos ya existentes, y ha llegado a preguntarse públicamente «dónde irían los residuos» —vinazas, estiércoles, pajas, lodos de depuradora— si no se dispusiera de estas instalaciones. Desde su perspectiva, el plan pretende ser «garantista para proteger a todos los ciudadanos», con mecanismos de vigilancia y la posibilidad de sancionar o incluso cerrar plantas que incumplan las autorizaciones ambientales.
En cuanto a la ubicación, la Junta recalca que las macroplantas se deben situar en zonas donde no generen problemas relevantes y donde los camiones no atraviesen núcleos urbanos. Además, se subraya el papel decisivo de los ayuntamientos, que son finalmente quienes conceden o deniegan las licencias de obra y actividad. La consejera ha recordado en varias ocasiones que «nadie quiere tener cerca una planta», pero defiende que la planificación busca minimizar las molestias y repartir el esfuerzo entre distintos municipios.
En relación con el suministro de materia prima, el plan contempla que la recogida de residuos se realice en un radio máximo de unos 30 kilómetros alrededor de cada planta, lo que, según el Ejecutivo autonómico, evita que se promueva el transporte masivo desde otras regiones y obliga a dimensionar las instalaciones en función de los residuos efectivamente disponibles en el entorno. El mensaje oficial es que se trata de «tratar lo que ya generamos», no de importar residuos para alimentar una industria sobredimensionada.
Respecto a las acusaciones sobre la adjudicación a Biovic Consulting, el Gobierno regional precisa que dicho contrato se limitó a realizar un inventario y análisis de residuos y que la empresa «en ningún momento elaboró el plan ni participó en la redacción de la regulación». No obstante, esta explicación no ha disipado del todo las dudas de las plataformas vecinales, que continúan reclamando más transparencia en todo el proceso.
El escenario que se abre en Castilla-La Mancha con 71 proyectos de macroplantas de biogás y biometano es complejo y aún abierto: mientras la Junta insiste en que el plan busca ordenar y controlar un sector clave para la reducción de emisiones y la gestión de residuos, una parte creciente de la ciudadanía, de las plataformas vecinales y de algunos departamentos técnicos e institucionales alerta sobre el tamaño, la concentración y la forma en que se están desplegando estas instalaciones, reclamando una regulación más estricta, mayor participación local y una evaluación más profunda de los impactos ambientales, sanitarios y sociales antes de seguir ampliando la red de plantas.
