La pobreza energética sigue siendo un problema grave en todo el mundo, afectando principalmente a los países menos desarrollados, aunque lugares como España tampoco son ajenos a esta realidad. Este fenómeno, que impacta más a quienes viven en zonas de climas extremos, obliga a las personas a utilizar energía, ya sea para protegerse del calor o del frío.
En este contexto, la incapacidad de acceder a recursos energéticos vitales puede tener consecuencias letales. Se estima que más de 7.000 personas mueren al año debido a la pobreza energética, en particular, en países donde el 20 % de los hogares no puede encender la calefacción, cocinar o iluminarse adecuadamente.
¿Qué es la pobreza energética?
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) define la pobreza energética como la situación que enfrentan los hogares que no disponen de servicios energéticos en la cantidad mínima necesaria para cubrir sus necesidades básicas, debido a la incapacidad de pagar las facturas. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta que el 11 % de las familias, lo que se traduce en unos cinco millones de personas, no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno, mientras que el 9,4 % se retrasa en el pago de la factura de la luz.
Este fenómeno no solo está vinculado a la falta de acceso a la energía, sino también a las características de las viviendas, muchas de las cuales son ineficientes desde el punto de vista energético. Esto significa que las familias no solo enfrentan dificultades económicas, sino que sus viviendas también demandan una mayor cantidad de energía para mantenerse a temperaturas adecuadas tanto en verano como en invierno.
Los efectos de la pobreza energética en la salud
La pobreza energética no solo afecta la economía de los hogares, sino que también tiene un impacto directo sobre la salud física y mental. Las personas que no pueden calentar adecuadamente sus hogares tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las bajas temperaturas en el hogar pueden provocar vasoconstricción, lo que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, incrementando así las probabilidades de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.
Además, las infecciones respiratorias también son más comunes en hogares fríos, ya que el sistema inmunitario se debilita en estas condiciones. La población más afectada suele ser la de personas mayores y niños, especialmente aquellos con enfermedades preexistentes como asma, fibrosis pulmonar o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). De hecho, se ha reportado que durante los meses de invierno, las enfermedades respiratorias y cardiovasculares aumentan en un 20 %. Por si fuera poco, muchos de estos hogares, debido a su mala aislación, están expuestos a la humedad, lo que provoca moho en las paredes y agrava aún más las patologías respiratorias.
Aspectos psicológicos relacionados con la pobreza energética
La pobreza energética también genera un enorme estrés psicológico. La incertidumbre sobre si se podrá pagar la próxima factura de la luz o si se podrá mantener la casa caliente genera altos niveles de ansiedad y depresión. Un estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona estimó que el 10,7 % de las personas que viven en situaciones de pobreza energética presentan síntomas de depresión, más del doble de la media de la población general con síntomas depresivos en España, que es del 4,7 %.
Esta situación de vulnerabilidad también afecta la vida social de las personas. Muchas de ellas, al no poder disponer de los recursos básicos, prefieren aislarse, lo que agrava aún más su estado de salud mental. Mujeres mayores, familias monoparentales y personas migrantes son los colectivos más vulnerables a la pobreza energética. Además, al verse limitados económicamente, muchos hogares no pueden acceder a otros servicios esenciales como una buena alimentación o el material escolar para los niños, lo que genera un círculo vicioso de pobreza y exclusión social.
Casos extremos y acciones sociales
Un ejemplo cercano a esta situación es la de Rosa, una mujer de 81 años que falleció en un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminarse. Rosa no podía pagar la factura de la luz y dependía de las velas para alumbrar su hogar. Desafortunadamente, este tipo de tragedias seguirán ocurriendo mientras no se tomen medidas efectivas contra la pobreza energética.
Organizaciones como la Cruz Roja y Mensajeros por la Paz han denunciado la situación crítica en la que viven miles de familias. En 2020, Cruz Roja ayudó a pagar más de 30.000 facturas de electricidad, gas y agua, destinando más de 4,3 millones de euros para evitar que hogares se quedasen sin acceso a estos servicios básicos. Sin embargo, la situación sigue siendo alarmante, sobre todo en invierno, cuando las muertes relacionadas con la pobreza energética aumentan de manera significativa.
Medidas y soluciones a la pobreza energética
Para combatir la pobreza energética, se han implementado diversas medidas, como el bono social eléctrico, que se otorga a familias vulnerables o con bajos ingresos. Este ayuda a reducir el costo de las facturas de la luz, aunque muchos expertos coinciden en que estas ayudas son insuficientes. El bono social no llega a todas las familias y muchas personas en situación irregular quedan excluidas de estas ayudas.
Además, las grandes compañías eléctricas como Endesa e Iberdrola han firmado acuerdos con entidades públicas y ONG para evitar que a las personas más vulnerables se les corte el suministro durante los meses de invierno. Sin embargo, la pobreza energética persiste y requiere de más acciones a largo plazo.
La rehabilitación de viviendas es esencial para mejorar la eficiencia energética de los hogares y así reducir el gasto en calefacción y refrigeración. Se estima que en España hay unos dos millones de hogares que no alcanzan los estándares mínimos de eficiencia energética, lo que significa que estos edificios consumen más energía para mantener una temperatura adecuada. En el marco de la Semana Europea contra la Pobreza Energética, se calculó que se necesitarán más de 13.000 millones de euros solo para rehabilitar estos edificios. A largo plazo, esta medida contribuiría no solo a combatir la pobreza energética, sino también a reducir las emisiones de CO2, al disminuir la necesidad de energía.
Es fundamental también acelerar la transición hacia energías renovables. El autoconsumo compartido y la soberanía energética son una alternativa viable, ya que permiten que los hogares generen su propia energía a partir de fuentes renovables, como la solar, lo que reduciría la dependencia de las compañías eléctricas y abarataría las facturas.
La necesidad de un cambio estructural
Organizaciones como la Sociedad Española de Epidemiología han insistido en que los servicios energéticos no deben ser entendidos como una mercancía, sino como un bien básico para la vida, la salud y el bienestar de las personas. La pobreza energética no es solo un problema económico, sino un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por los gobiernos. Tal y como se ha comprobado durante los últimos años, las crisis económicas, sociales y climáticas no han hecho más que agravar esta situación. Por ello, todas las medidas estructurales que se tomen deben estar orientadas a garantizar un acceso universal a la energía de manera sostenible y justa.
Se debe poner en marcha un plan de formación para identificar y abordar los casos de pobreza energética, involucrando a los centros de salud, los servicios sociales y las oficinas de vivienda para que trabajen de manera conjunta. Solo a través de acciones coordinadas entre el sector público, las organizaciones sociales y las compañías energéticas podremos combatir la pobreza energética de manera efectiva y garantizar que todas las personas tengan acceso a un hogar seguro y digno.