En Australia, reducir sus emisiones de CO2 será rentable económicamente

Emisiones CO2

Algunos meses después de haber sido el primer país que revoca el impuesto del carbono, el gobierno conservador de Australia está a punto de recompensar financieramente a las empresas contaminantes que tomen medidas para reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero.

El texto, bautizado “plan de acción directa”, fue validado el pasado 31 de octubre por el Senado y debe ser examinado en noviembre por la cámara de los representantes, donde el gobierno de Tony Abbott, que llegó al poder en septiembre de 2013, tiene la mayoría. Un fondo gubernamental dotado con 2,55 mil millones de dólares australianos (1,4 mil millones de euros) será establecido para alcanzar, en 2020, el objetivo de una reducción del 5 % del volumen de las emisiones de gas de efecto invernadero.

Esta promesa de campaña salta a la luz después de la supresión del impuesto del carbono votada por el anterior gobierno laborista. La medida había entrado en vigor en julio de 2012 a pesar de la oposición del sector minero -motor del crecimiento australiano, pero también un gran contaminador– y de la oposición, entonces de derechas.

Este impuesto obligaba a los mayores contaminantes a pagar con arreglo a las emisiones de carbono que producían, con el fin de incitarlos a su reducción. Unos 350 principales emisores de CO2 debían pagar un impuesto por un importe de 23 dólares australianos (16 euros al tipo de cambio actual) por tonelada de carbono.

China y los Estados Unidos están considerados como los dos países más grandes emisores de gas de efecto invernadero, pero Australia está, según un estudio reciente, a la cabeza de las emisiones por habitante, debido a la importancia de su sector minero y a su dependencia de la electricidad producida gracias al carbón.

Bill Shorten, líder de la oposición laborista, criticó el texto del gobierno, considerando que “pagar los contaminantes para que continúen contaminando era una política espantosa”. Los Verdes declararon que el ejecutivo no tenía “previsiones ni pruebas que atestiguasen que esta medida permitiría reducir la contaminación“.

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