¿El acuerdo obtenido en la COP 21 es jurídicamente vinculante?

Acuerdo cop21

El ministro de Asuntos Extranjeros y presidente de la COP 21, Laurent Fabius, lo anunció el pasado 12 de diciembre en el momento de la adopción del texto del acuerdo por parte de los 195 estados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambios climáticos. Una condición que no había dejado de martillear a lo largo de toda la preparación de esta conferencia de las partes, que marca una etapa histórica en las negociaciones climáticas.

Desde un punto de vista del derecho internacional, el acuerdo no es estrictamente hablando vinculante en la medida en la que no prevé mecanismos coercitivos o de sanciones para los países que no lo respetasen. En este acuerdo, no hay nada vinculante, no existen sanciones, por lo tanto los Estados hacen lo que quieren. Si mañana por la mañana los Estados que van a firmar estos acuerdos hoy quieren marcharse en otra dirección, nadie se lo puede impedir.

De hecho, los 29 artículos del acuerdo no instauran ni comité de control respeto de las disposiciones, ni mecanismos de sanción, tal y como preveía el Protocolo de Kyoto, el anterior acuerdo sobre el clima adoptado en 1997 y que entró en vigor en 2005. En Kyoto, los países desarrollados, los únicos afectados por objetivos cifrados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se comprometieron a recuperar eventuales incumplimientos de sus compromisos asumiendo en forma de multa el 30% de reducción de emisiones suplementario. Pero los Estados Unidos jamás ratificaron el Protocolo, y Canadá, bajo la amenaza de sanciones, simplemente se salió en 2011, así como Rusia, Japón y Australia que lo hicieron después. Esto no tuvo ninguna consecuencia, ni económica, ni jurídica.

El acuerdo de París que debe tomar el relevo a partir de 2020, ha intentado no caer en los escollos del Protocolo de Kyoto y en un mecanismo de sanción ineficaz. Se trata de un texto vinculante en muchos puntos de vista, porque la vinculación no pasa únicamente por el castigo.

Para entrar en vigor, tendrá que ser objeto de una ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a partir del 22 de abril de 2016 por al menos 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones mundiales.

El acuerdo de París comporta de hecho numerosas obligaciones jurídicas de resultados, mencionados en el texto. Su alcance y su fuerza se juega en los matices. Por ejemplo, las contribuciones nacionales ofrecidas por los países es decir sus compromisos precisos de reducción de emisiones, no tienen valor vinculante, siendo voluntarias en su ambición y no formando parte del acuerdo estricto. Sin embargo, cada Estado tiene la obligación de establecer una, ponerla en práctica, y revisarla al alza cada 5 años.

Finalmente, el texto prevé un mecanismo de transparencia que conducir a un comité de expertos internacionales para comprobar públicamente las informaciones proporcionadas por los países en términos de sus emisiones y de los progresos realizados para reducirlas.

Te puede interesar

Escribe un comentario